El Gobierno se pliega a las eléctricas al dejar sin primas a las nuevas renovables

Por si había alguna duda, el Gobierno ha enseñado sus cartas. Y estaban marcadas por las compañías eléctricas. El Consejo de Ministros acordó ayer una moratoria de facto de las energías limpias, al suspender temporalmente las primas a las nuevas instalaciones renovables. Una medida largamente demandada por las grandes empresas del sector, que culpan a esos incentivos del llamado déficit de tarifa (la diferencia entre lo que paga el consumidor en su factura y el coste real de la electricidad) y de las tensiones en el recibo de la luz. Según Industria, las ayudas a las renovables alcanzarán los 7.220 millones en 2012.

Sin embargo, el premio gordo para las eléctricas no fue la moratoria. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que el Ejecutivo no contempla una quita del déficit ya existente, que se sitúa en torno a 24.000 millones de euros y las empresas recogen como un ingreso pendiente en sus balances. Las Endesa o Iberdrola, en pleno proceso de rebaja de sus ratings, temblaban ante esta posibilidad, sugerida en los últimos meses por alguno de los principales dirigentes populares. El propio Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de Moncloa y principal interlocutor de las compañías durante los años de oposición del PP, les había planteado esa posibilidad.

La disposición aprobada ayer no soluciona el problema del déficit ya acumulado, pero según argumenta Soria alivia la presión a futuro sobre el agujero. De hecho, dijo que la medida trata de evitar que éste siga creciendo a ritmo de entre 3.000 y 4.000 millones al año. El 50% de la tarifa refleja el precio de la energía, que se fija en las subastas de las comercializadoras. El otro 50% está formado por los denominados peajes, que controla el Ministerio de Industria. Es en ese cajón de sastre donde se incluyen las primas a las energías renovables, entre otros muchos conceptos, como los costes extrapeninsulares, el transporte o la distribución. Es la vía que utiliza el Ejecutivo a voluntad para evitar subidas de la luz cuando lo dicta el propio mercado.

La tesis de las compañías eléctricas es que el exponencial incremento de las ayudas a las energías limpias en los últimos años obliga a subir la luz en consonancia para no generar más déficit, cosa que los gobiernos no hacen por cuestiones políticas. “Si se quieren subvencionar las renovables, está bien, pero que se sea coherente. Que se pague y se suba el recibo o se haga a costa de los Presupuestos Generales del Estado”, argumentan un día sí y otro también los ejecutivos de las compañías. En efecto, la primera decisión del gabinete de Rajoy en relación con el sector fue no tocar el recibo de la luz en enero. Por su parte, las renovables piden que se revisen otros costes incluidos en la tarifa, como los denominadas windfall profits, beneficios que las eléctricas logran llovidos del cielo de centrales presuntamente ya amortizadas.

La fotovoltaica, la más perjudicada

La medida adoptada ayer supone un parón efectivo a las principales tecnologías renovables. Aunque el Gobierno garantizó que no negará los permisos a quien quiera poner en marcha una instalación, es obvio que nadie acometerá el esfuerzo si no es rentable. Y, de momento, en la mayoría de las instalaciones no lo es sin prima. La energía eólica tiene cubiertos los registros de preasignación para el año 2012, con 1.700 megavatios garantizados. La termosolar podrá seguir trabajando durante este año y 2013, ejercicios para los que tiene garantizados 500 y 540 megavatios en virtud del Real Decreto 6/2009. La fotovoltaica, cuyos registros de preasignación son trimestrales, encalla ya. Las cuentas no salen y ni siquiera tiene aprobada la regulación para el autoconsumo, que podría darle esperanza de rentabilidad.

La inquietud ayer en el sector era que el Gobierno no había fijado el plazo de la moratoria, lo que abría la puerta a una larga travesía por el desierto. “No está predefinida en el tiempo”, dijo Soria sobre la iniciativa. Sin embargo, el Ejecutivo sí ha tenido buen cuidado de respetar la seguridad jurídica y no incurrir en ningún tipo de retroactividad en su moratoria, un principio que la normativa socialista había puesto más que en cuestión. En el comunicado hecho público tras la decisión, Industria deja claro que la medida sólo afecta a las instalaciones que todavía no están inscritas e insiste en que “no afectará a las instalaciones ya en marcha” ni “a las primas ya autorizadas”. Es más, se devolverán los avales a quienes opten por no seguir adelante aunque estén registrados.

Soria aseguró que la suspensión evitará la instalación con primas de 500 megavatios renovables que se encontraban a la espera de entrar en el registro, lo que evitar un pago de incentivos de 160 millones al año. La Unión Española Fotovoltaica (Unef) manifestaba su sorpresa por la medida y aseguraba que “agravará la situación del sector (…), seriamente afectado, sin que se hayan resuelto los graves problemas de retroactividad e inseguridad jurídica que afectan al mismo”. En esta línea, recordaba que la industria ya ha sufrido recientemente severos recortes de la retribución, de la capacidad productividad y, en suma, de la rentabilidad de los parques.

Como publicó El Confidencial, la medida estaba sobre la mesa desde hacía semanas. El temor estaba sobre todo concentrado en los productores de energía termosolar, tecnología sobre la que las grandes eléctricas convencionales habían puesto la lupa, ya que cargará al sistema en los dos próximos años con otros 2.000 millones en primas. La pugna entre eléctricas y termosolares alcanzó su punto cumbre el pasado mes de octubre. Los socios de la patronal Protermosolar acordaron expulsar a Iberdrola a raíz de las reiteradas intervenciones públicas de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, reclamando al Gobierno una moratoria.