Barreda se va y deja Castilla-La Mancha en manos de la banca acreedora

Los problemas de solvencia de Castilla-La Mancha no preocupan sólo a los 2,1 millones de castellano-manchegos que deben hacer frente a un endeudamiento equivalente al 16,5% del PIB regional (seis puntos más que la media nacional). O lo que es lo mismo, 5.844 millones de euros. También a la banca, que prácticamente de la noche a la mañana se ha convertido en su principal acreedor. En concreto,  y según revela la Cuenta General de la región publicada por la Intervención General, el año pasado se cerró con unas deudas contraídas con las entidades de crédito que ascendían a 3.360 millones de euros.

Esto significa que el 57,6% de lo que adeuda la región lo han prestado los bancos, lo que refleja la alta vulnerabilidad de Castilla-La Mancha respecto del sistema financiero. Aunque también a la inversa. La banca está seriamente afectada por un endeudamiento comercial que no ha dejado de crecer.

Para hacerse una idea la evolución de esta variable, hay que tener en cuenta que las deudas a largo plazo contraídas con la banca aumentaron el año pasado (en plena crisis económica) nada menos que un 26%, hasta los 1.671 millones de euros; mientras que en el caso de las deudas a corto, el volumen de endeudamiento alcanza ya los 1.698 millones, lo que representa un aumento del 27,4%.

La causa de este fuerte aumento del crédito bancario en sólo un año tiene que ver con el cierre de los mercados financieros para los entes territoriales con mayores problemas de solvencia. Algunos gobiernos autonómicos han tenido que acudir a los llamados bonos patrióticos y otros se han visto obligados a pasarse por las oficinas de los bancos y cajas de ahorros en busca de dinero, en particular las entidades  de la propia región. Y en este sentido, el caso de Castilla-La Mancha es paradigmático debido al frenazo en la actividad económica, lo que ha provocado un desplome de sus ingresos. Sus gastos financieros, de hecho, han crecido hasta los 140 millones de euros el año pasado, lo que supone un aumento del 49%.

Este fuerte aumento del endeudamiento, sin embargo, no ha sido suficiente para detener la hemorragia. Las cifras de la Cuenta General de la región -el mejor documento para conocer su situación económica-financiera- indican que el ‘agujero’ con los acreedores prácticamente se ha duplicado en sólo un año. Al acabar 2010, las deudas con acreedores ascendían a 580,67 millones de euros, muy por encima de los 243,98 millones con los que se cerró el año anterior. Esto significa que la junta de comunidades tiene sin pagar facturas que suman una cifra equivalente a algo más de dos mensualidades de todos sus empleados públicos.

Poco más de 82 millones en caja

Los datos de la Cuenta General de Castilla-La Mancha, que hoy ha hecho públicos la consejera de Economía, María Luis Araújo, indican que la tesorería del Gobierno regional se limitaba el pasado 31 de diciembre a 82,9 millones de euros. Una cantidad muy inferior  al gasto mensual en la nómina de los empleados públicos. Este hecho ha podido influir en que el Partido Popular haya puesto en duda que haya fondos suficientes para pagar las nóminas. La realidad, sin embargo, es muy distinta.

Como puso ayer de relieve el consejero de Presidencia, Santiago Moreno, el gasto en nóminas asciende a 275 millones de euros mensuales, pero cada mes la región recibe 375 millones de euros sólo en transferencias del Estado. Una cantidad que en principio es suficiente para pagar los sueldos, pero hay que tener en cuenta que el Gobierno autonómico también tiene que hacer frente a otros pagos. Y al no contar con recursos suficientes, lo que ha hecho en los últimos años en engordar la morosidad.

Lo peor, con todo, es que no se adivina la salida del túnel. Los datos más recientes del Ministerio de Economía reflejan que en el primer trimestre de este año el déficit presupuestario de la región se situó en el 0,97% del PIB. Cerca ya del 1,3% previsto para todo el año. Esto quiere decir que, si se proyecta el desequilibrio alcanzado en los tres primeros meses de 2010 al conjunto del ejercicio, se estaría hablando de un desequilibrio cercano al 4%, casi tres veces más que el pactado en su día con el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presupuesto de gastos previsto para este año asciende a 8.616 millones de euros.