Zapatero negocia contrarreloj para evitar una oleada de huelgas tras el verano

El tiempo se le echa encima a Zapatero. El pacto social entre sindicatos, patronal y Gobierno está más lejos que nunca, y nada indica que esté listo antes de que acabe este mes, como pretendía inicialmente el presidente del Gobierno. Tampoco llegará, por supuesto, antes del 20 de julio, que es en cuando comparecerá en el parlamento el jefe del Ejecutivo para un debate monográfico sobre la situación económica.

Según fuentes de la negociación de toda solvencia, las prisas de Zapatero tienen que ver con el convencimiento de que si no hay acuerdo antes de septiembre, el diálogo social se le puede ir de las manos. Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque a la vuelta del verano el ‘espejismo’ de la recuperación  -al menos en cuanto a reducción del desempleo- se va a desvanecer. Por entonces, se habrá acabado el efecto positivo que tiene la alta estacionalidad de la economía española durante los meses centrales del año.  Y en un contexto de destrucción de empleo va ser más difícil un acuerdo, al menos para los sindicatos.

En segundo lugar, y según las fuentes consultadas, todo indica que en el horizonte se vislumbra una conflictividad laboral sin precedentes en los últimos años. Fundamentalmente debido a que miles de convenios están hoy sin firmar por la no aplicación por parte de los empresarios de las cláusulas de revisión salarial que suscribieron en su día, algo que está tensando de forma notable la vida en las empresas.

Estos dos escenarios se han convertido, por lo tanto, en una bomba de relojería contra el diálogo social, y de ahí que Zapatero haya puesto manos sobre la obra.

Tras el fiasco del pasado jueves –cuando sindicatos y empresarios acabaron a la greña-, el presidente del Gobierno se reunió el viernes pasado con dirigentes de la patronal, y aunque no ha transcendido el contenido concreto del encuentro, las fuentes consultadas insisten en que no hay avance alguno. La turbulenta reunión del jueves estuvo precedida de un encuentro entre la dirección de CEOE y Mariano Rajoy, y eso ha dado pie a los sindicatos a pensar que tras el movimiento de los empresarios de endurecer sus propuestas se encuentra un componente político.

 Reunión suspendida

Las cosas están tan mal que la reunión de diálogo social prevista para ayer se suspendió. En principio se mantiene la del próximo jueves, pero sólo en principio, ya que es probable que ni siquiera se celebre. Y eso que el presidente ha tomado personalmente las riendas de la negociación, lo que incluye contactos al más alto nivel, con los secretarios generales de CCOO  y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, que ayer reiteraron que las demandas de la patronal hacen inviable cualquier acuerdo.

En esas reuniones privadas, el presidente del Gobierno ha podido ser más generoso en la propuesta inicial que hizo Moncloa para extender el desempleo a los parados que hayan agotado sus prestaciones. Y que inicialmente se limitaba a 420 euros durante seis meses vinculados a realizar cursillos de formación (lo que les permitiría salir de las listas de desempleo).

El principal escollo no es desde luego el llamado contrato ´único’, ya que los empresarios de CEOE son conscientes de que los sindicatos nunca aceptarán una rebaja del despido, aunque afecte sólo a las nuevas contrataciones, sino la reducción de las cuotas a la Seguridad Social. CEOE ha puestos sobre la mesa una rebaja  de cinco puntos, pero aceptaría de buen grado tres puntos. Teniendo en cuenta que cada punto de cotizaciones sociales supone una merma en la recaudación de unos 3.500 millones de euros, lo que están en juego son más de 10.000 millones. Una cantidad que los sindicatos consideran inasumible sin poner en peligro el futuro del sistema público de pensiones.

Frente a este argumento, los empresarios esgrimen que lo que pone de verdad en peligro la Seguridad Social es la pérdida de empleo, y de ahí que haya que aligerar la carga de las empresas.

La posibilidad de ampliar la presencia de las ETTs (Empresas de Trabajo Temporal)   en nuevas actividades que hoy tienen vetadas (construcción, trabajos peligrosos o la Administración) es otro de los frentes de batalla, junto a la reforma de las mutuas de trabajo o la financiación de las bajas por contingencias comunes.