La 'consejera escrache' de la Junta anuncia expropiaciones temporales de vivienda

El Gobierno andaluz ha vuelto a la senda de las expropiaciones sociales. Después de la fallida Ley de Reforma Agraria de los primeros años de la Transición, la coalición gobernante de PSOE e Izquierda Unida ha vuelto a incluir la palabra expropiación en un decreto, que se tramitará con ley en el Parlamento andaluz con carácter de urgencia, esta vez asociado al uso social de las viviendas. En un doble plano, que será igualmente polémico, el Gobierno andaluz anuncia la "expropiación temporal" de aquellas viviendas que vayan a ser objeto de desahucio y, por otro lado, impone un duro régimen sancionador para los bancos y agencias inmobiliarias que tengan en su poder viviendas vacías.

Las medidas las ha anunciado este martes la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, no sin reconocer antes que, para su aprobación, ha tenido que superar un intenso debate interno por las dudas que se plantean. Esta consejera, que hace unos días ya fue noticia cuando se declaró firme partidaria de los escraches ("si yo no fuera consejera, participaría en los escraches. Lo sustancial es que ha habido una violación sistemática de los derechos humanos y se ha desahuciado ilegalmente a 440.000 personas en España") ha encontrado finalmente una vía de Gobierno para participar en la protesta contra los desahucios. Según lo detallado, lo que el Gobierno andaluz regulará a partir de la aprobación de la nueva Ley es la expropiación durante tres años de viviendas que vayan a ser embargadas si se ocasiona un problema para las familias que la habitan.

En concreto, entre los requisitos que se exigirán para aplicar esta medida figura que el afectado, obviamente, esté en curso de un procedimiento judicial de embargo en la vivienda que sea su residencia habitual y permanente, que el préstamo impagado sea para el pago de la casa y que el desalojo que dicten los tribunales pueda generar situación de exclusión social. Para esto último, además, se requiere que la exclusión esté acreditada por los servicios sociales municipales, en el sentido de que las condiciones económicas de las personas afectadas hayan sufrido un importante menoscabo de su situación económica por la crisis y que, por tanto, el pago de la deuda se tenga que afrontar en circunstancias distintas a las existentes cuando se concedió el préstamo. De forma general, el deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).

La consejera de Fomento y Vivienda andaluza, que está segura de la legalidad de la nueva norma, a lo único que no ha podido responder es a qué ocurrirá si, transcurridos los tres años de la 'expropiación temporal', todo sigue igual. ¿Qué pasa entonces? ¿Se queda la Junta de Andalucía con la vivienda? ¿Se la entrega gratis a los inquilinos y le paga el importe al propietario? Lo único que ha dicho al respecto la consejera andaluza es que cuando pasen esos tres años ella espera que haya otro Gobierno distinto en España, un gobierno "capaz de paralizar los desahucios y que permita el derecho humano a la vivienda". Y si no es así, la consejera considera que lo normal será que el plazo de expropiación temporal se amplíe. No se sabe hasta cuándo.

Sanciones a bancos e inmobiliarias por los pisos vacíos

De todas formas, aunque la expropiación temporal sea, quizá, la parte más llamativa del decreto aprobado este martes, la más polémica puede ser la que tiene que ver con las sanciones a bancos e inmobiliarias por los pisos vacíos. Sanciones, que afectarán a personas jurídicas, no a las físicas, que pueden llegar hasta los 9.000 euros por el solo hecho de que un banco o una agencia inmobiliaria tenga viviendas que no consigue vender o alquilar. En concreto, el régimen disciplinario considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Sostiene la Junta de Andalucía que el dinero de esas sanciones se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda.

La norma regula la vivienda vacía como aquella que, reuniendo los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico así reguladas. De acuerdo con el Decreto-Ley, una vivienda no está habitada cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, se tienen en cuenta otros aspectos como los datos del padrón de habitantes; la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.

Pese a las lagunas legales y prácticas existentes, la consejera se mostró el lunes plenamente satisfecha de lo acordado ya que, según afirmó, le da cumplimiento a las promesas electorales de Izquierda Unida antes de entrar en el Gobierno andaluz. En su visión de la crisis, la consejera de Vivienda, Elena Cortes, ya ha manifestado en otras ocasiones su aversión a los bancos. Como en el verano pasado, cuando respaldó las acciones de su compañero de partido, Juan Manuel Sánchez Gordillo, en su polémica ofensiva contra los supermercados.  "Llevarse un carro de comida por valor de 200 euros no se le puede llamar robar cuando se va a dar a los bancos miles de millones de euros. No se puede situar a los débiles al mismo nivel que a los poderosos, que tienen estatus y poder para robar a manos llenas, no hay una absoluta correspondencia", dijo entonces Elena Cortés.