Un juez pone a prueba la buena voluntad de la banca y pide a BBVA que suspenda un desahucio

El Juzgado de Primera Instancia 4 de Cornellá de Llobregat (Barcelona) ha lanzado un órdago al sector financiero y ha puesto a prueba su recientemente anunciada sensibilidad respecto a los desahucios.

Después de que el pasado lunes la patronal de la banca –AEB- y de las cajas de ahorro –CECA- anunciasen que sus miembros paralizarían durante los próximos dos años las ejecuciones hipotecarias “en aquellos casos en los que concurran circunstancias de extrema necesidad”, un juez de Barcelona ha sugerido al BBVA la posibilidad de suspender por un plazo de seis meses un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que la subasta está prevista para el 11 de diciembre de 2012.

En el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez fundamenta su decisión basándose, no en argumentos legales, sino en acontecimientos muy recientes relacionados con los desahucios.

Así por ejemplo, se refiere al impacto y repercusión que esta situación está teniendo sobre la sociedad y a la “orientación que determinadas entidades bancarias han optado respecto a sus procedimientos hipotecarios a la vista de tal situación mostrando, con tales decisiones, un mayor nivel de responsabilidad social".

Asimismo, el juez ha valorado “el inminente cambio en la normativa aplicable que pretende el poder legislativo estatal”, lo que no deja de sorprender a incluso a la defensa. Así como “los informes del órgano de la Unión Europea que sostiene la más que previsible contradicción entre la norma estatal y las directivas emanadas de la Unión Europea”, en referencia al reciente dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, en el que se sostenía que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

“Es muy loable la decisión de este juez y demuestra mucha sensibilidad respecto a la situación que estamos viviendo respecto a los desahucios. Sin embargo, ha actuado de oficio y sobre argumentos sin base legal”, explica Miguel Javaloyes, abogado y socio director de Javaloyes Legal, despacho encargado de la defensa.

“El juez ha querido poner a prueba al banco para ver si está dispuesto a actuar como anunció la AEB a principios de semana”, añade Carmen Moreno, abogada del mismo despacho. “Resulta insólito que el juez haya actuado, motu proprio, de oficio, sin haber sido requerido por ninguna de las partes”, concluye.

El juez ha concedido diez días a la entidad para que se pronuncie –la diligencia data del 13 de noviembre de 2012-. Y aclara que la suspensión en la tramitación de este procedimiento no va en detrimento, por parte de la entidad, “del derecho a percibir las cuotas y los intereses pactados “.