El Gobierno aprueba una exención del 50% para facilitar la venta de viviendas

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la de Enjuiciamiento Civil para, entre otras cosas, facilitar que los propietarios de viviendas en alquiler recuperen sus inmuebles, aunque sus inquilinos estén al corriente de los pagos, y agilizar los procesos de desahucio. Además, el Gobierno ha aprobado una exención del 50% de las rentas derivadas de transmisión de bienes inmuebles urbanos entre el 11 de mayo y el 31 de diciembre de este año, siempre que no exista vinculación entre las partes.

Dicha exención fiscal, que afectará al IVA -que grava la compra de vivienda nueva- y al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) -que grava la de segunda mano-, se reflejará en el IRPF, en el impuesto sobre la renta de no residentes y en el Impuesto de Sociedades correspondientes al ejercicio 2012.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que este anteproyecto de Ley, que incluye además estímulos fiscales para fomentar el alquiler de viviendas en manos de no residentes, persigue dar más seguridad jurídica a los propietarios para que se saquen más viviendas al mercado del alquiler y así facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, colectivos vulnerables y familias con menores rentas.

En primer lugar, la medida "estrella", según Pastor, es la posibilidad de que el propietario pueda recuperar la vivienda con un aviso de un mes de antelación para su uso como residencia habitual, también para familiares de primer grado o cónyuges, sin necesidad de tener que pactarlo, como hasta ahora, con el inquilino.

Además, la nueva norma reduce a la mitad las prórrogas que se establecían por ley en los contratos de arrendamiento. La prórroga forzosa que permitía a los inquilinos habitar una vivienda durante cinco años pasa a tres años, y la prórroga tácita de tres años se reduce a uno. De esta forma, la Ley sólo amparará a los inquilinos para que permanezcan en la vivienda durante cuatro años, en lugar de ocho años.

Asimismo, las partes podrán pactar un incremento de la renta de alquiler al año superior o inferior a al IPC, que establecía hasta ahora la LAU.

Por otro lado, el anteproyecto de Ley incluye una agilización de los procesos de desahucio para aportar más seguridad jurídica a los propietarios e introduce exenciones del 70% en la tributación por IRPF para propietarios no residentes que pongan sus viviendas en alquiler y de hasta el 100% si estos propietarios residen en la UE y no son mayores de 30 años.

Por último, el Gobierno ha introducido cambios en la regulación de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis), dedicadas a la gestión de carteras de viviendas en alquiler, para fomentar su expansión, flexibilizando sus requisitos.