El 17,63% de las hipotecas que se firmaron entre 2004 y 2008 son de alto riesgo. Muchas han entrado ya en ejecución hipotecaria o lo harán en los próximos años, con graves consecuencias sobre el mercado inmobiliario y las entidades financieras. Esto es, una de cada cinco familias que compró una vvienda durante la burbuja inmobiliaria no podrá pagarla.
Son las previsiones pesimistas del estudio realizado por la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, (AFES) que cifra en 700.000 el número de familias que se verá afectada por una ejecución hipotecaria y quienes además de perder su vivienda, "se quedarán con una deuda que les impedirá cualquier tipo de recuperación económica y social".
AFES explica que, en su mayoría, se trata de personas que compraron una vivienda en un periodo de excesos. "Se endeudaron por encima de sus posibilidades inducidos por una falsa expectativa de revalorización de la vivienda y la creencia de una estabilidad laboral indefinida. Nunca pensaron que perderían el empleo y que el precio de su vivienda caería en picado", aseguran desde la asociación.
Entre 2004 y 2008, periodo de mayor auge de la burbuja inmobiliaria, se produjeron 4.106.485 transacciones inmobiliarias, de las cuales 170.627 ya han pasado por el desahucio. Un total de 168.603 se encuentran actualmente en ejecución hipotecaria y se estima que para 2015 el número de ejecuciones hipotecarias habrá afectado ya otras 373.912 viviendas más cuya compraventa se realizó en dicho periodo, lo que da un total de más de 700.000 viviendas ejecutadas. "Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras, podemos compararla con el total de transacciones inmobiliarias del año 2004, que alcanzó las 848.390, o las de 2008 que fue de 564.464, según datos del Ministerio de Fomento".
El 17,63% de las hipotecas que se firmaron entre 2004 y 2008 son de alto riesgo. Muchas han entrado ya en ejecución hipotecaria o lo harán en los próximos años, con graves consecuencias sobre el mercado inmobiliario y las entidades financieras. Esto es, una de cada cinco familias que compró una vvienda durante la burbuja inmobiliaria no podrá pagarla.