El PP presenta una batería descafeinada de medidas para reactivar el ladrillo

El Partido Popular es consciente de que si gana las elecciones tendrá que meter mano al maltrecho mercado inmobiliario español. Mariano Rajoy ha dado a conocer su decálogo en esta materia en el que se abordan, uno por uno, algunos de los principales problemas del sector tales que el imparable aumento de las ejecuciones hipotecarias, el parón de las ventas de pisos, el ingente stock de pisos sin vender o la necesidad de una política de alquiler e incentivos fiscales que permita salir del túnel a un sector en crisis más de cuatro años. La batería de medidas propuestas por el líder del PP, Mariano Rajoy, son, sin embargo, bastante descafeinadas al despertar más interrogantes que respuestas. 

Incentivos fiscales

1.- Mariano Rajoy prentende aplicar a la compraventa de viviendas habituales, de forma transitoria, el IVA superreducido. Pero, ¿hasta cuándo? A finales de agosto, el Gobierno socialista llegó al Congreso con la medida estrella de la rebaja del IVA del 8% al 4% para la compra de vivienda nueva. Una medida temporal que solo se aplicará hasta final de año. El líder del PP, Mariano Rajoy, tras criticar duramente la iniciativa aseguró que si llega al poder extenderá esa rebaja del IVA doce meses más, es decir, que estará en vigor durante todo el año 2012. Sin embargo, en su programa electoral no lo concreta.

2.- Rajoy también pretende actualizar la deducción por la adquisición de vivienda en el IRPF. Desde enero de 2011, la inversión en vivienda habitual está sujeta una deducción del 15% por las cantidades aportadas hasta un máximo de 9.040 euros, aunque sólo para quienes compraron antes de 2011. A efectos reales, esto sitúa la deducción máxima en torno a los 1.356 euros. Desde enero de 2011, sólo puede beneficiarse de esta deducción las rentas inferiores a 24.107 euros. El PSOE, en su programa electoral pretende elevar la deducción hasta rentas de 30.000 euros. El PP no especifica nada al respecto. Tampoco si aumentarán ese 15% o los 9.040 euros.

3.- El PP quiere modificar el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para eliminar el efecto de tributación múltiple en cascada de las compraventas sucesivas que actualmente limita la movilidad laboral en España. Actualmente, este tributo lo recaudan las Comunidades Autónomas, ya que tienen transferidas las competencias de este tipo de impuestos. Se aplica sobre la compraventa de viviendas de segunda mano y el porcentaje se sitúa entre el 6% o el 7% en función de la comunidad. El PSOE, en este apartado, previo acuerdo con las CCAA, pretende eximir del ITP a las entidades financieras cuando ésta acepte la vivienda para saldar la deuda. El PP no indica nada al respecto.

Ejecuciones hipotecarias

4.- Conscientes de una realidad que cada vez afecta a un mayor número de ciudadanos, las ejecuciones hipotecarias, el PP quiere acelerar la introducción de subastas judiciales electrónicas que permitan ampliar el número potencial de licitadores y, en ausencia de estos, quieren elevar el porcentaje del valor de tasación por el cual la entidad financiera pueda adjudicarse el inmueble y que en la actualidad es el 60% para la vivienda habitual y el 50% para el resto de inmuebles. Rajoy tampoco especifica si ampliará dichos porcentajes. Hoy en día existen varios factores que provocan que más del 90% de las subastas queden desiertas. Uno de ellos, el hecho de que la fianza que debe depositar el interesado en pujar por el inmuebles y que en la actualidad asciende al 20% sobre el tipo de subasta o valor de tasación. El PP no señala si lo modificará.

5.- En relación con las ejecuciones hipotecarias, el PP sí habla de una reforma de la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable. No se trata de la dación en pago propuesta por los socialistas sino que está en línea con la propuesta de otros partidos, como CiU, de la ejecución en pago. 

6.- El PP quiere proteger a los clientes y mejorar la información que le suministran las entidades a la hora de contratar un producto hipotecario, estableciendo, por ejemplo, la obligación de la entidad financiera de informar sobre el importe de la cuota del préstamo hipotecario a tipo variable en escenarios de alza de los tipos de interés y sobre el coste y condiciones de aquellas hipotecas que limiten sus garantías al bien hipotecado. Asimismo, reforzará la protección del consumidor para garantizar el equilibrio entre las partes para evitar cláusulas abusivas. En la actualidad existen varios procesos judiciales abiertos por la aplicación de las cláusulas de suelo y techo de las hipotecas y que han impedido a numerosos ciudadanos beneficiarse de las fuertes bajas de los tipos de interés de los últimos años. Las sentencias, hasta la fecha, se inclinan mayoritariamente a favor de la banca.

7.-Las tasadoras y su papel en el proceso de compra venta inmobiliaria también estarán bajo la lupa de los populares que pretenden promover una mayor independencia en las valoraciones de las tasaciones inmobiliarias, limitando la participación accionarial o el control de las entidades de crédito en las sociedades de tasación. La transparencia, independencia y buena praxis de parte de lastasadoras inmobiliarias está en duda después que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abriera en septiembre un expediente sancionador a la patronal del sector ante el posible pacto de precios. Su actividad ha sido criticada y puesta en duda en ocasiones anteriores por parte de diferentes organizaciones de consumidores y usuarios que las acusan de haber inflado las tasaciones en pleno 'boom' y de continuar haciéndolo en pleno pinchazo de la burbuja.

Suelo y 'stock' de viviendas sin vender

8.- Dos puntos claves también para que el mercado inmobiliario consiga ver la luz al final del túnel también carecen de medidas concretas. Respecto al ingente 'stock' de viviendas sin vender -entre 750.000 y 1,5 millones de unidades según las fuentes- el PP pretende impulsar acuerdos de colaboración público-privada para la movilización del stock de viviendas vacías a precios asequibles, que den respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda. 

9.- Por otro lado, los populares aseguran que establecerán protocolos en  los procesos de transformación del suelo mediante procedimientos públicos, transparentes y disponibles en internet, que respondan a criterios reglados y conforme a un planeamiento urbanístico abierto, flexible y ágil. En este sentido, Rajoy pretende delimitar las competencias del Estado en materia de urbanismo que exijan un tratamiento común en el conjunto del territorio.

Apuesta por el alquiler y la rehabilitación

10.- El alquiler es una de las apuestas de los populares. Para fomentar este mercado, el PP pretende permitir la compensación tributaria entre alquileres pagados y percibidos cuando se ponga en arrendamiento la vivienda habitual y se alquile otra en el nuevo lugar de residencia. Tampoco se especifica a cuánto puede ascender dicha compensación o cómo se articulará: estatalmente, vía las sociedades públicas municipales… Asimismo, en este apartado pretenden que los contratos de arrendamiento sean más flexibles, al tiempo que pretenden incrementar la seguridad jurídica de las partes agilizando los mecanismos de resolución de conflictos. Una vez más, queda en el aire cómo.

11.- En relación con lo anterior, el PP promoverá que los planes de vivienda en alquiler se concentren en aquellos que tienen mayores dificultades para el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta criterios objetivos como la renta per cápita del hogar. Impulsarán los programas de arrendamiento bonificado con una opción de compra una vez que se dejen de cumplir los criterios de acceso al alquiler subvencionado.

12.- Asimismo, impulsará los programas de rehabilitación de edificios y viviendas. Promoverá el fraccionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos consecuencia de las obras de rehabilitación aislada de viviendas y locales. Impulsaremos de manera coordinada con todas las administraciones la rehabilitación de edificios situados en las zonas de mayor riesgo sísmico que hayan sido construidos hace más de 40 años.