Los promotores temen un ‘choque’ entre la Ley de Suelo Estatal y las autonómicas retrase su aplicación

La futura Ley del Suelo Estatal está provocando más de un quebradero de cabeza. En especial entre los promotores inmobiliarios nacionales y, en concreto, entre los madrileños, quienes temen retrasos en la aplicación de la futura Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid -cuya aprobación definitiva se espera para principios de 2006- si tiene que adaptarse a la legislación estatal, una vez que ésta sea aprobada, también el próximo año.

“2006 será un año legislativo complicado para el suelo”, aseguraba Javier Guridi García, director general de Boj Inmobiliaria, en su intervención en las jornadas celebradas por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Madrid) sobre el Anteproyecto de la Ley de Suelo de la CAM. En su opinión, existen incongruencias entre la ley estatal y la autonómica que podrían plantear la necesidad de adaptar la segunda a la primera, lo que ocasionaría serios retrasos.

Menos preocupa a los promotores que la futura normativa estatal choque en materia urbanística con la legislación autonómica, dado que las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. “Si la futura ley del suelo estatal se mete en temas urbanísticos probablemente se lleve al Tribunal Constitucional”, apuntó Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid.

De ser así, sucedería lo mismo que con la Ley del Suelo de 1998, durante la legislatura socialista. Entonces, el TC declaró la inconstitucionalidad de dos artículos al considerar que invadían competencias autonómicas. De hecho, hay tres o cuatro aspectos que podrían ser objeto de inconstitucionalidad, según Porto Rey.

Madrid obliga a reservar el 50% del suelo a VPO

Los promotores tampoco se sienten plenamente satisfechos con el Anteproyecto de la futura ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, ya que finalmente incluye la obligación de todos los municipios de más de 15.000 habitantes de reservar como mínimo el 50% de cada desarrollo urbanístico a la construcción de viviendas protegidas.

“Se trata de un porcentaje rígido, excesivo, que no está justificado y sobre el que no se ha reflexionado”, dijo el secretario general de los promotores madrileños, José Manuel Galindo, quien también destacó la falta de coherencia entre administraciones del mismo color político, al señalar que ni la Comunidad Valenciana ni Murcia contemplan en sus leyes autonómicas la obligación de reservar un porcentaje del suelo para la construcción de VPO.

De esta manera, el Gobierno autonómico ha hecho finalmente caso omiso a una de las principales recomendaciones de los promotores madrileños, quienes abogaban porque fueran los ayuntamientos quienes establecieran libremente este porcentaje en función de las necesidad de vivienda protegidas de cada municipio. De hecho, de fijarse un porcentaje por razones de tipo social, éste debería situarse entre un 20 y 25%, añadió Galindo.

Por su parte, Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, cree que las críticas son injustificadas, ya que esta obligación afectará a todos los municipios de la Comunidad de Madrid con más de 15.000 habitantes, “que son los núcleos urbanos de población donde mayor demanda de pisos públicos existe, y donde se construyen el 97% de estas viviendas sociales de la región”. La obligatoriedad no afectará a los municipios con menos de 15.000 habitantes, ya que “su aportación al mercado de VPO madrileño no llega al 3%, lo mismo que su demanda”, concluyó Zabía.