Los insultos en Menéame llegan al Supremo: "Esto puede afectar a medio internet"

El asunto de los insultos en internet ha llegado a lo más alto de la justicia española. Un “hijo de puta” o un “ladrón” en los comentarios de una entrada de Menéame, uno de los mayores agregadores de noticias en castellano, ha derivado en un contencioso legal que llegará en los próximos días al Supremo.

Y es que la empresa ultima un recurso, como ha podido saber Teknautas, ante el Alto Tribunal tras ser condenada a indemnizar con 1.200 euros al concejal de Marbella protagonista de la noticia, que tomó la decisión de demandar a los responsables de la plataforma por no eliminar dichos comentarios.

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"Contra una forma de hacer política"

La entrada en la que aparecieron los comentarios se publicó en noviembre de 2015. En ella se enlazaba a una noticia de El Confidencial en la que se informaba que D.L., exconcejal de fiestas del PP en el Ayuntamiento de dicha localidad, había gastado un total de 14.600 euros en teléfono. Un consumo que se produjo supuestamente en su primer mes en el puesto y cuya factura, con fecha 1 de abril de 2013, se cargó a las cuentas municipales.

El primer capítulo de este 'culebrón' se vivió en un juzgado marbellí el pasado año. En el envite inicial, el juez consideró que “hijo de puta” o “ladrón” no estaban realizadas contra el afectado sino frente a una determinada “manera de hacer política” en un contexto genérico. Por tanto, el magistrado resolvió desatender las peticiones del demandante, que no conforme con aquel resultado decidió acudir a la Audiencia Provincial.

En primera instancia, el juez dió la razón a la web, cuyos argumentos fueron compartidos por el fiscal

En este punto el caso dio un giro de ciento ochenta grados. En este segundo escalón jurídico, los magistrados andaluces sostienen que las expresiones alojadas en dicha web “atentan contra el derecho al honor o la intimidad” del demandante. La sentencia entendía también que Menéame era “un prestador de servicio” y no un mero agregador de noticias, por tanto tendría obligación de retirar esos insultos cuando conociese de su existencia.

Además de dar por “acreditado” que el recurrente pidió “en dos ocasiones” retirar los insultos. Primero remitiendo un correo electrónico y posteriormente un burofax.

La respuesta de Menéame

En el recurso que presentará ante el Alto Tribunal, Menéame expone, en primer lugar, que en dicho correo electrónico no se presentaban las credenciales identificativas suficientes - “se mandó desde una dirección de Gmail genérica”, sostienen- y que el burofax fue remitido sin dirección de respuesta.

“Esto puede afectar, como quien dice, a medio internet. Se crearía una jurisprudencia muy peligrosa para foros, agregadores, medios de comunicación...”, aclara Daniel Seijo, máximo responsable de la compañía. “Cualquier persona podría enviar un mail diciendo, por ejemplo, que es Mariano Rajoy y sin ofrecer mayor identificación pedir que eliminen esos comentarios. Si no lo hacen, estarían en una situación de inseguridad jurídica”.

Capacidad para conocer los comentarios

“Nos sorprende que estando el fiscal de acuerdo con nuestros argumentos en la primera sentencia haya salido adelante el recurso”, afirman desde el bufete Almeida, donde llevan la defensa de Menéame.

“Lo que se está dilucidando es la responsabilidad de un agregador de noticias y su capacidad para conocer los comentarios ofensivos. Sobre eso va a pivotar la discusión legal”, añaden. Los abogados encargados de este asunto aclaran que el demandante en el mail, y en el burofax que le siguió, no indicaba la URL en cuestión. “Es imposible controlar todo eso. Y menos si no incluye toda la información necesaria. De esta manera, el conocimiento de la existencia de esos comentarios no es efectiva”, defienden, a la vez que recuerdan que estamos ante “plataforma dinámica” con cientos de miles de páginas.

La última sentencia resolvía que Menéame debe pagar 1.200 euros al afectado y además publicar durante 15 días en su web el texto. “Si lo piensas el recurso nos sale más caro. Podíamos pagar y listo, pero es cuestión de principios, de que no se establezca un precedente que puede ser peligroso”, explica.

No es una cuestión de dinero. Pagar 1.200 euros de multa es más barato que recurrir

“La demanda no iba contra el insulto sea el hijo de puta o ladrón, iba contra una situación en la que se conocía la existencia de esos comentarios y no se eliminaron”, explica Ramón Herrera, fundador del despacho de abogados Universitas Legis contratado por el entonces concejal marbellí. “Es imposible que una web que recibe miles de comentarios diarios pueda controlar esto. Eso sería censura previa y eso es impensable. Pero una vez tiene conocimiento, debe proceder a borrarlos como dice la ley”.

Sobre el debate acerca de dónde se coloca los límites de expresión y cuando algo deja de ser una expresión de mal gusto para convertirse en algo punible contesta que “no puede valer todo. No estamos en la selva y parece que en las redes sociales esto se diluye”. “Creo que en la primera sentencia se confunde libertad de expresión, un valor fundamental en democracia, con libertad de información y por eso recurrimos. Insisto en que esto no va contra la noticia, ni contra la plataforma”, añade Herrera. En un post publicado con motivo de la última sentencia, este despacho argumenta que “en nuestro ordenamiento jurídico no existe el pretendido derecho al insulto político”.

El debate de la libertad de expresión

“El tema de la libertad de expresión es muy complicado. Obviamente, todo tiene que tener unos límites, como en todo. Pero hay que imponerlos con suma precaución porque es un derecho esencial e importantísimo como lo son otros. Por ejemplo, hay que tomar algún tipo de medida en esa especie de 'lapidaciones digitales' que suceden en algunas ocasiones”.

Velar por la libertad de expresión es complicado cuando no estás de acuerdo. Pero hay que hacerlo

“Lo difícil de velar por este derecho es hacerlo cuando no estás de acuerdo. Pero hay que hacerlo. Nosotros nos encontramos en varias ocasiones con comentarios de corte machista que nos parecen lo peor y ahí nos los tenemos que tragar”, sostiene Daniel Seijo. “Por supuesto, tenemos varios sistemas para controlar esto”.

Explica que la plataforma tiene un sistema de valoración en el que unos usuarios pueden valorar negativamente a otros en base a estas actitudes y esto influye en su reputación así como un equipo de moderadores que se encargan de comprobar cuando reciben una de estas peticiones. “Nosotros no tenemos el deber de educar a los usuarios. Tenemos que garantizar el clima de convivencia y hacerlo lo mejor posible. Y eso incluye lo que nos gusta y lo que no”.