El Gobierno recula ante los inversores en la ley de 'crowdfunding'

Tras la tormenta, al final ha reinado la calma. Tras la polémica inicial que provocó el Gobierno al proponer una ley que limitaba enormemente la actividad de la financiación colectiva en los ámbitos empresariales (equity crowdfunding) en nuestro país, al final el Ejecutivo ha optado por hacer caso a inversores y plataformas para ampliar esos límites.

Lo va a hacer a través del Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, aprobado por el Consejo de Ministros, que regulará la financiación masiva a través de internet y ampliará los límites de inversión que el Gobierno había previsto inicialmente.

Distingue entre inversores acreditados y no acreditados

La principal novedad, reclamada por todos los agentes sociales involucrados en este sector, acepta establecer una diferenciación de concepto y límites entre los inversores acreditados y no acreditados. El grupo de acreditados estará formado por las instituciones oficiales, por las empresas con activos de un millón de euros, negocio de dos millones y recursos propios de 300.000 euros, y por los inversores particulares que puedan demostrar un nivel de renta superior a los 50.000 euros anuales y un patrimonio de 100.000 euros.

En estos tres casos, el inversor en cuestión no tendrá ningún tipo de límite a la hora de inyectar financiación a una empresa mediante crowdfunding. Esta medida representa una visible novedad frente a los planes iniciales del Gobierno, que pretendía limitar la inversión a 3.000 euros por proyecto y a 6.000 euros anuales.

El grupo de inversores no acreditados, por su parte, estará formado por cualquier particular aislado que decida invertir parte de su dinero en una empresa mediante equity crowdfunding. En este caso, el límite será de 3.000 euros por proyecto (igual que en los planes iniciales del Gobierno) y 10.000 euros anuales (4.000 euros por encima del límite inicial).

Las webs de crowdfunding, bajo el control de la CNMV

Por otro lado, y con la intención de evitar posibles riesgos para los inversores, las plataformas web de equity crowdfunding estarán obligadas a actuar bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que les establecerá unas normas de actuación. Además, en el caso de las webs de préstamos entre particulares (crowdlending), las operaciones también serán vigiladas por el propio Banco de España.

Con la aprobación de estas medidas, el Gobierno contenta a la mayoría de inversores y plataformas de equity crowdfunding. Y es que estas últimas no solo reclamaban que desapareciesen los límites para inversores profesionales, sino que además se mostraban de acuerdo con el hecho de ser controladas por la CNMV para salir de la alegalidad y para que los pequeños inversores particulares tuviesen toda la información disponible antes de inyectar financiación en cualquier tipo de empresa a través de internet.

Lo que el Gobierno no ha modificado es el límite de financiación que una empresa puede recaudar a través de internet. El límite seguirá siendo de un millón de euros, una cantidad que hasta ahora ninguna startup española ha alcanzado, pero que, viendo la evolución del equity crowdfunding en nuestro país, no parece inalcanzable a corto plazo.