El Gobierno se replantea ahora hacer pasar por caja a Google

Tras la aprobación de la nueva regulación del uso de los drones y la llamada "ley mordaza", el Gobierno pretende acelerar ahora la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual. El órgano encargado en esta ocasión será la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, que debatirá y enviará directamente al Senado para zanjar después del periodo estival puntos tan polémicos como la tasa Google. Sin embargo, algunos grupos políticos no tienen tan claro hacer pasar por caja al gigante tecnológico.

El pasado junio el Gobierno solicitó al Congreso de los Diputados que se habilitase el mes de julio, periodo no hábil parlamentariamente, para que pudiera aprobarse esta normativa mediante la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996.

La "urgencia" que defendía el Ejecutivo por aquel entonces se fundamentaba en la supuesta necesidad de adaptar a la legislación española dos directivas comunitarias pendientes, algo que muchos no se han creído y que ha propiciado que les acusen de "aprobar una ley a puerta cerrada" o de no contar con la opinión de expertos y usuarios.

Como apuntamos, en juego hay aspectos clave como la llamada tasa Google (una compensación a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias y de la que no se sabe ni quién va a cobrarla), pero también las elevadas cuantías de las multas o las competencias atribuidas a la tan criticada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual prevé el derecho de los editores de prensa a percibir una compensación irrenunciable por poner "fragmentos no significativos" de sus contenidos a disposición de los agregadores.

Mientas la Asociación Española de Editores de Diarios (AEDE) defiende la existencia de esta compensación, otros organismos como la Coalición por Internet o la CEOE consideran que su imposición generará pérdidas millonarias a los internautas españoles.

A partir de esta normativa el editor tendrá derecho a percibir una compensación a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Esto se traduce en que sitios web agregadores de noticias como, por ejemplo, Google News o Menéame tendrán que pagar a los autores, algo a lo que Google se ha opuesto y que además ha levantado ampollas en internet.

Y es que la presión en la red no ha dejado indiferente a ningún partido. UPyD e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) piden directamente la supresión de la tasa Google, según se desprende de sus 162 enmiendas parciales. Este mismo lunes sin ir más lejos, sólo un día antes del debate en el Congreso, el grupo de Izquierda Plural reculaba al anunciar que retiraba la enmienda 47, que hacía alusión contra quienes se dirigirá la ley.

Semejante pago podría terminar repercutiendo en plataformas de participación comunitaria en internet como Twitter o Facebook

Fuentes cercanas han informado a este periódico de la opinión de varios miembros de otros partidos de sacar al menos a Google del canon AEDE, postura que podría estar haciendo que el Ejecutivo se lo replanteara. La cuestión es si serán suficientes para convencerlo.

"No son conscientes de que semejante pago podría terminar repercutiendo en plataformas de participación comunitaria en internet como Twitter o Facebook, donde se difunden y comparten titulares de prensa con el enlace correspondiente, y supondría una alteración de la cultura P2P", han comentado al respecto desde Izquierda Plural.

"Van a cobrar por poner a disposición del público fragmentos que no son significativos pero que ya están publicados por distintos medios de comunicación u otras páginas con finalidad informativa, como por ejemplo un blog", ha explicado a Teknautas el abogado del despacho Abanlex especializado en internet Pablo Fernández Burgueño. "Pero lo peor de todo es que obliga a cobrarlo incluso a los que no quieran".

En este sentido la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) también mostró su disconformidad al recomendar al menos limitar esta tasa para que no fuera irrenunciable, por lo que habrá que ver si al final la presión de las redes, partidos y distintos organismos tiene algún efecto.

En febrero de 2011, el Gobierno de Zapatero aprobó la Ley de Economía Sostenible que contenía un apéndice normativo que pretendía acabar con las descargas en internet y, más concretamente, con las webs de enlaces. Este apéndice se conoció popularmente como ley Sinde en referencia a la por entonces ministra de Cultura, y amplió su nombre a ley Sinde-Wert tras su entrada en vigor con Wert como ministro.

Desde su aprobación el Gobierno ha dado rienda suelta a un sinfín de movimientos para intentar acabar con las descargas en internet. Pero no lo ha conseguido. Ahora, con la nueva reforma introduce nuevas sanciones y actores en su particular guerra.

La norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos, sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos no autorizados para su utilización por terceros. Por si esto fuera poco, las sanciones por incumplirla irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.

Para el abogado Javier de la Cueva, "a partir de ahora no sólo se podrá ir contra una página en concreto, sino también contra los posibles intermediarios. Es decir, que si de alguna forma estás permitiendo el acceso a esa web a ti también te podrán multar".

La Exposición de Motivos del borrador de la Ley de Propiedad Intelectual argumenta que: "Se dotará a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de reacción frente a las vulneraciones cometidas por prestadores de servicios de la sociedad de la información que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada que le sean dirigidos por aquélla, incluyendo la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad y previendo que el bloqueo técnico se aplicará cuando resulte proporcionado y necesario para alcanzar el fin de restablecimiento de la legalidad perseguido".

Asimismo, se prevé que: "En caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada, los prestadores que vulneren derechos de propiedad intelectual sean sancionados administrativamente".

Según Pablo Fernández Burgueño, "si la Comisión considera que mi web vulnera la ley, podrá forzar el bloque técnico de la página. Y si aun así sigo sin hacer caso me podrá sancionar con cuantiosas multas". De esta forma y con la ley en la mano se pueden dar supuestos como que:

1. Un usuario suba a, pongamos por caso, Web_de_pelis.ES un enlace a una película en streaming, que cree que es legal.

2. La Sección Segunda se comunique con la web (por correo electrónico y si no lo lee se le da por notificado) y solicite su retirada. En este caso se cuenta con tres días para que se retire el enlace.

3. La web retire el enlace.

4. Otro usuario vuelva a subirlo.

5. La Sección Segunda vuelva a dirigirse al usuario. La web lo retire y otro usuario vuelva a subirlo.

Las consecuencias de esto, según Burgueño, son bastante claras al respecto: multa a la web de hasta 300.000 euros (sanción por la Ley de Propiedad Intelectual), con posibilidad de quitarle el dominio (.es). Además, es posible ir contra el hosting y el gestor de pagos. Y si estos no cumplen con el cierre de la web o el bloqueo de cobros/pagos se les sanciona con multa administrativa de entre 150.000 y 600.000 euros por aplicación de la ley 34/2002.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual también incluye el cobro del canon bajo los Presupuestos Generales del Estado (lo que va en contra de lo dictado por la UE), o un canon a los campos virtuales de las universidades que se llevará Cedro. De cualquier forma, no hay que olvidar que esta ley que se pretende aprobar tendrá que sufrir otra reforma de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre la materia.