guerra contra el consumo colaborativo

Airbnb, contra la multa de la Generalitat: "Hemos creado 4.000 trabajos en Barcelona"

Es la guerra contra el consumo colaborativo. Después de abrir un expediente a Uber la Generalitat de Catalunya ha multado con 30.000 euros a Airbnb

Foto: Airbnb, contra la multa de la Generalitat: Hemos creado 4.000 trabajos en Barcelona

Después de abrir un expediente a Uber (la aplicación móvil que conecta pasajeros con conductores y que ha puesto patas arriba al sector del taxi), la Generalitat de Cataluña ha multado con 30.000 euros a la plataforma de internet de reserva de alojamientos Airbnb, por comercializar apartamentos turísticos supuestamente ilegales en esta comunidad. Algunos ya vaticinan una batalla legal que promete mantener ocupados a los jueces durante un largo tiempo. Otros una auténtica guerra contra el consumo colaborativo en España.

En este caso la sanción a Airbnb se produjo tras una inspección de oficio realizada por el departamento de Empresa y Empleo. Fue en aquel momento cuando el gobierno catalán interpretó que la empresa estadounidense estaba intermediando entre turistas y propietarios de viviendas que no están inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña. Y procedió a multarla.

Según han explicado a Teknautas desde este departamento el objetivo de esta medida es evitar la competencia desleal en el ámbito de los apartamentos turísticos y la economía sumergida. El propio conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, explicó este lunes mismo que estas empresas no dan "ninguna garantía" de que paguen impuestos como el IVA y la tasa turística y que "las reglas de juego han de ser las mismas para todo el mundo, tanto para los modelos de negocio tradicionales como para los de economía colaborativa".

Si lo piensan, un discurso calcado al de los taxistas que protestan contra Uber.

La contundente respuesta de Airbnb no se ha hecho esperar: "Barcelona debería mantenerse a la vanguardia de la innovación, pero no es así. Nos decepciona ver una resolución que afecta a una serie de compañías y que además frena el avance de esta ciudad".

"Airbnb ya ha impulsado 4.000 nuevos puestos de trabajo y generado 128 millones de euros durante su actividad económica en Barcelona en un solo año. A su vez, promueve el turismo sostenible a lo largo de Cataluña y es un recurso crucial para los residentes de Barcelona que comparten su casa y utilizan el dinero obtenido para pagar las facturas".

No les falta razón. Tal y como explicamos recientemente en Teknautas, alquilar una vivienda por días permite obtener mayores ingresos que hacerlo por meses, lo que ha provocado que sólo en España la oferta hotelera se haya ampliado en unas 26.000 habitaciones gracias a esta web.

La Generalitat se plantea bloquear la IP de Airbnb

El problema es que según la patronal hotelera en España hay cerca de 1,5 millones de viviendas turísticas que actualmente no están sometidas a la regulación que comparten hoteles, apartamentos o casas rurales. Es decir, que se encuentran fuera del control de la Administración sin pagar ningún impuesto. Algo de lo que se quejan también los taxistas frente a Uber.

El Gobierno por su parte ya expresó su preocupación por el aumento de los alquileres temporales en internet. En su Plan Nacional Integral de Turismo calificó a estos servicios online como "intrusismo y competencia desleal" para el turismo tradicional.

Según la patronal hotelera en España hay cerca de 1,5 millones de viviendas turísticas que actualmente no están sometidas a ninguna regulación

Según ha explicado a este periódico el abogado especializado en fiscalidad Pablo Romá, "en este caso, a efectos de IRPF no hay actividad económica por parte de las personas físicas. Para que la haya se necesita que la persona tenga una ordenación de recursos. Es decir, que disponga de un local y además un trabajador que se dedique a jornada completa a la activida del arrendamiento. Si no es así es un rendimiento de capital inmobiliario".

Ante la dificultad de cobrar a Airbnb la multa debido a que la sede social está fuera de Cataluña, la Generalitat se está planteando bloquear su IP. En este sentido el conseller ha asegurado que tiene competencias para poder hacerlo y ha explicado que si la compañía no rectifica se podría poner en contacto con el Ministerio de Industria para el cierre de la web en España.

Algo con lo que no se ha mostrado de acuerdo el abogado Carlos Sánchez Almeida, "una autoridad administrativa no puede bloquear una IP sin infringir el derecho constitucional de la libertad de expresión. Las causas por las que una página puede ser cerrada están tasadas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información". De cualquier forma, toda página web es una publicación y solo el poder judicial puede secuestrarlas".

De momento Airbnb ha anunciado que colaborarán con los legisladores de Cataluña "para crear unas leyes más adecuadas que permitan que las personas compartan la casa en la que viven". Solo falta ver cuál será el siguiente paso de la Administración.

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