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Moción de censura de la izquierda

Alquiler o presidencia: la ley que regula los precios pone en jaque al Gobierno sueco

Una propuesta del primer ministro para reformar la ley que regula los alquileres precipita una moción de censura por parte de la izquierda

Foto: Una calle de Estocolmo en verano de 2020. (Reuters)
Una calle de Estocolmo en verano de 2020. (Reuters)

El Parlamento sueco vota este lunes una moción de censura contra el Gobierno dirigido por el socialdemócrata Stefan Löfven, que previsiblemente saldrá adelante. Si no hay sorpresas, una unión de fuerzas insólita —la oposición de derechas y el partido situado más a la izquierda del espectro político— provocará la caída del Ejecutivo de centroizquierda, y todo por un proyecto de ley para suspender en pisos de obra nueva la regulación de los precios del alquiler, vigente en Suecia desde hace décadas.

El desencadenante ha sido el órdago del Partido de la Izquierda, que el jueves anunció que le retiraba el apoyo al Gobierno, dejándolo así en minoría parlamentaria, después de que concluyera un plazo de 48 horas que ofreció al Gobierno para que "reconsiderara" el nuevo proyecto de ley. Esta formación, herencia del partido comunista sueco, no formaba parte de la coalición gubernamental de socialdemócratas y verdes, pero facilitó la investidura de Löfven en 2019 con su abstención y apoyaba al Ejecutivo desde el exterior. "El Partido de la Izquierda ya no tiene confianza en el primer ministro sueco", dijo el jueves su líder, Nooshi Dadgostar.

Foto: Carteles de 'se alquila' en las calles de Ámsterdam. (EFE)

Liberalización del alquiler

El motivo es la propuesta para reformar la ley que regula los precios del alquiler. Con la legislación actual, los propietarios no pueden fijar el precio que les plazca, sino que deben negociarlo con la Asociación Sueca de Inquilinos (Hyresgästföreningen). La reforma propone liberalizar los alquileres, aunque solo en las viviendas de nueva construcción, de manera que los dueños puedan establecer un alquiler acorde con el precio de mercado. Actualmente, el precio depende del denominado 'valor de utilidad', que se calcula en función de las características de la vivienda y su localización.

Con la nueva reforma, además de que el propietario no estaría atado a esa negociación del 'valor de utilidad', la ley le permitiría subir el alquiler anualmente según la inflación y aumentarlo significativamente en caso de que se produzca algún cambio importante, como por ejemplo si el barrio mejora con una nueva estación de transporte público.

placeholder Una calle en Estocolmo. (Reuters)
Una calle en Estocolmo. (Reuters)

El argumento de quienes defienden la desregularización de los alquileres es que el límite en los precios ahuyenta la construcción de nuevas viviendas, especialmente de pisos pequeños porque son menos rentables. Además, el crecimiento de la población, especialmente en las ciudades, ha conducido a una importante escasez de vivienda. Las colas para obtener un contrato de alquiler de primera mano pueden alargarse durante años (en Estocolmo superan los diez años), lo que supone que muchos inquilinos acaban viviendo en pisos con alquileres de segunda mano (subalquilados). Esta práctica es legal y supuestamente también está regulada, pero la alta demanda hace que estas viviendas suelan alquilarse por precios muy superiores, con un beneficio para los primeros inquilinos.

Los partidos de centro y de derecha argumentan que liberalizar el alquiler estimulará la construcción de vivienda y contribuirá a reducir la escasez actual. Pero los críticos, como el Partido de la Izquierda y la Asociación Sueca de Inquilinos, alertan de que dejará a los inquilinos desprotegidos. Aseguran, además, que supone el primer paso para la desregularización del alquiler en general, aunque el Gobierno ha insistido en que la reforma afectará solo a las viviendas de nueva construcción, que suponen el 1% de los nuevos contratos de alquiler firmados cada año en Suecia.

Unión de fuerzas con la derecha

La desregularización del alquiler era una de las líneas rojas para el Partido de la Izquierda, que se había comprometido a hacer caer al Gobierno si la traspasaba. El martes le dio un plazo de 48 horas para retirar la propuesta o acceder a empezar de nuevo las negociaciones incluyendo la Asociación de Inquilinos. Pero el Ejecutivo se mantuvo firme, argumentando que la reforma está incluida en el denominado 'Acuerdo de Enero', firmado en 2019 con el Partido de Centro y los Liberales para hacer posible la investidura de Löfven.

Pasado el plazo del ultimátum, el Partido de Izquierda anunció la retirada de su apoyo y la intención de presentar una moción de censura. Sin embargo, no podía hacerlo en solitario, porque no tiene suficientes diputados. Lo que pasó entonces fue que el partido populista y xenófobo, Demócratas de Suecia, —también contrario a la desregularización de los alquileres— presentó su propia moción, a la que se unieron los otros dos partidos de derechas, Conservadores y Democristianos, a pesar de que ambos son favorables a la reforma.

Foto: Geert Wilders en una conferencia de líderes de extrema derecha. (EFE)
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Si el Partido de la Izquierda se mantiene firme y vota a favor —pese a que esto suponga unir fuerzas a sus archienemigos políticos—, el primer ministro tendrá dos opciones: convocar elecciones anticipadas o renunciar y dar paso al presidente del Parlamento para que abra las negociaciones para formar un gobierno alternativo. Sea cual sea la solución, tendrá una vigencia relativamente corta, ya que las elecciones nacionales están marcadas para septiembre del año que viene y, según la Constitución sueca, unas elecciones anticipadas no eximen de celebrar los comicios ordinarios cada cuatro años.

Paradójicamente, la moción de censura podría derivar en la formación de un gobierno alternativo de derechas, la peor pesadilla para el Partido de la Izquierda. Según algunos analistas suecos, la formación habría preferido dar este paso para dejar claro su mensaje de que no da vía libre a los socialdemócratas para hacer lo que quieran y dirigirse a los votantes más izquierdistas del partido de Löfven.

A partir del momento en que se apruebe la moción de censura, si así ocurre, el primer ministro tiene un plazo de hasta una semana para convocar elecciones o renunciar, algo que aseguró que "reflexionará detenidamente" para tomar la decisión que sea "mejor para Suecia".

El Parlamento sueco vota este lunes una moción de censura contra el Gobierno dirigido por el socialdemócrata Stefan Löfven, que previsiblemente saldrá adelante. Si no hay sorpresas, una unión de fuerzas insólita —la oposición de derechas y el partido situado más a la izquierda del espectro político— provocará la caída del Ejecutivo de centroizquierda, y todo por un proyecto de ley para suspender en pisos de obra nueva la regulación de los precios del alquiler, vigente en Suecia desde hace décadas.

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