Von der Leyen y Johnson deciden elevar la negociación pos-Brexit al nivel político

Un domingo intenso de negociaciones entre Michel Barnier, negociador jefe europeo, y David Frost, su homólogo británico, no ha sido suficiente para desatascar las negociaciones sobre la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea. Se han hecho progresos, pero sigue sin romperse el bloqueo en los tres asuntos fundamentales: pesca, gobernanza e igualdad de condiciones.

Eso es lo que Barnier ha comunicado este lunes por la mañana a los embajadores de los Veintisiete y que han certificado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Boris Johnson, primer ministro británico durante una llamada telefónica el mismo lunes por la tarde. “Estamos de acuerdo en que no existen las condiciones para finalizar un acuerdo debido a las diferencias significativas que quedan en tres cuestiones fundamentales”, han asegurado ambos líderes en un comunicado conjunto.

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Von der Leyen y Johnson han pedido también a sus jefes de negociación que preparen “una descripción general de las diferencias restantes” con el objetivo de “debatirlas en una reunión presencial en Bruselas en los próximos días”. Este jueves y viernes se celebra en la capital comunitaria el último Consejo Europeo del año, por lo que se especuló con la posibilidad de que los líderes europeos invitaran al primer ministro británico a discutir el asunto con ellos en la mesa que el Reino Unido ocupó, y en la que en muchas ocasiones lideró, durante las últimas cuatro décadas.

La llamada telefónica comenzó a las 17:00, minutos después de que el Gobierno británico se comprometiera en un comunicado a eliminar las cláusulas del proyecto de Ley de Mercado Interior que viola el Protocolo de Irlanda del Norte del Acuerdo de Retirada si se realizan los progresos necesarios en el comité que supervisa la implementación de dicho Protocolo.

Los asuntos que separan a ambos equipos negociadores siguen siendo los mismos. Por un lado la pesca, un asunto con un impacto mínimo en el PIB británico, aunque con mucho impacto político: son muchas las circunscripciones pesqueras que apostaron en 2016 por el Brexit y son una de las bases electorales del primer ministro Johnson. La UE busca un acuerdo estable tanto en cuotas como en el acceso a aguas británicas, mientras Londres ha apostado por llegar a acuerdos anuales.

Además, la UE apuesta por vincular la pesca con el resto del acuerdo. Este es un punto complejo, ya que Bruselas en el apartado de gobernanza, otro de los asuntos pendientes, apuesta por un sistema de “represalias cruzadas”. Eso significa que si el Reino Unido incumple sus compromisos por ejemplo en lo que se refiere a ayudas de estado, la UE puede tomar represalias en otro campo completamente distinto, como por ejemplo es la pesca. Esa es la razón por la que Londres quiere arrancar el asunto pesquero y separarlo del resto del pacto.

La igualdad de condiciones es seguramente el principal asunto que preocupa en las capitales comunitarias. Esta igualdad de condiciones se separa en dos campos: las ayudas de estado por un lado, y estándares medioambientales y laborales por el otro. El primero de los asuntos busca asegurar que ninguna de las partes da ayudas injustas a sus empresas a través de subsidios.

La UE ya tiene un marco para evitarlo, que es el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), con la Comisión Europea haciendo de “regulador”. Barnier ha exigido al lado británico el establecimiento de una autoridad independiente en el Reino Unido que cumpla con esa función, pero Londres se ha negado y apuesta por su parte por un arbitraje típico de los acuerdos internacionales.

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El otro asunto son los estándares medioambientales y laborales, que son cruciales también para evitar una competencia desleal por parte del Reino Unido. Bruselas quiere una “cláusula de no regresión” en estándares medioambientales y laborales. ¿Qué significa eso? Una garantía de que el Reino Unido o la UE no rebajarán sus estándares respecto a los existentes al finalizar el periodo transitorio. Barnier también ha cabreado al lado británico al solicitar una cláusula que establecería algo así como un suelo dinámico a esos estándares, de forma que cada vez que se eleven en un lado (por ejemplo, en el Reino Unido) se establezca en ese nuevo nivel un “suelo” del que ese lado no podrá bajar.

La ya mencionada gobernanza del pacto es otro de los asuntos pendientes: cómo se estructura todo el sistema de resolución de controversias. Londres apuesta por un mecanismo únicamente para el apartado comercial, creando mecanismos individuales para el resto de campos, mientras que Bruselas persigue que haya un único mecanismo de resolución de controversias para todo el acuerdo, lo que, de nuevo, facilitaría esas “represalias cruzadas”.

En este campo la UE también quiere que se apueste por las medidas unilaterales en caso de que una de las partes considere que la otra está incumpliendo sus compromisos por ejemplo en materia de ayuda de estado. Esto permitiría a la parte afectada proteger su mercado, pero la idea también ha sido rechazada por el equipo británico.

El lado británico ha buscado una relación muy asimétrica: querían contar con unos derechos muy similares pero con pocas obligaciones

Como toda relación, el acuerdo que la Unión Europea y el Reino Unido negocian en este momento en el que se atraviesan las horas clave es un equilibrio entre derechos y obligaciones. Las conversaciones han sido muy difíciles porque desde que comenzaron las negociaciones a mediados de 2017 el lado británico ha buscado una relación muy asimétrica: querían contar con unos derechos muy similares pero con pocas obligaciones.

El reequilibrio de esa balanza está resultando tremendamente complicado, y de hecho Johnson tiene que tomar una decisión muy complicada. La Unión también ha buscado un acuerdo con obligaciones más exigentes que con el resto de sus socios comerciales porque el Reino Unido está geográficamente muy cerca y le ha ofrecido un acuerdo sin cuotas, lo que requiere de muchas garantías. Londres, sin embargo, ha apostado por una negociación exprés, en solo unos pocos meses (a pesar de que pudo pedir una prórroga), que ha generado a la vez un acuerdo algo asimétrico por el otro lado: unos derechos muy limitados, pero unas obligaciones que a ojos de Downing Street, al menos por ahora, van demasiado lejos.