Bruselas aumenta la presión sobre Hungría y Polonia con críticas a su estado de derecho

La Comisión Europea acaba de publicar el primer informe sobre el estado de derecho, una herramienta que acaba de estrenar con el objetivo de aumentar la presión sobre aquellos Estados miembros embarcados en una deriva autoritaria. El documento hace un repaso a la situación de todos los países, incluida España, a la que, como ya adelantó este martes por la noche El Confidencial, se le pide que renueve el Poder Judicial.

Pero el objetivo de este primer informe, que además llega después de que la pandemia del covid-19 haya aumentado la preocupación por el uso de medidas de emergencia, está lejos de España: el foco está puesto sobre Polonia y Hungría, dos Estados miembros que tienen activado el artículo 7 de los Tratados, una cláusula sancionadora que permite, en última instancia, suspender el derecho a voto en el Consejo del miembro que está violando los valores fundamentales del proyecto europeo.

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Además, este análisis, en el que se indica la “preocupante” situación de ambos países, llega solo unas horas después de que la presidencia alemana del Consejo haya hecho pública su propuesta para un mecanismo que podría cortar el grifo de los fondos europeos si un país ataca el estado de derecho de forma que pueda poner en riesgo los intereses financieros de la Unión, una herramienta polémica que ya cuenta con la oposición de Hungría y Polonia, pero también la del Parlamento Europeo o los países nórdicos por considerarla demasiado blanda.

También llega en plena escalada del enfrentamiento entre la Comisión Europea y los Gobiernos húngaro y polaco. Este lunes el Ejecutivo magiar envió una misiva a Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidiendo la dimisión de Vera Jourová, vicepresidenta ejecutiva a cargo de Valores y Democracia, por criticar al Gobierno húngaro en una entrevista para Der Spiegel, una petición rechazada por el Ejecutivo comunitario.

El informe

“En algunos Estados miembros, la dirección del cambio ha suscitado una gran preocupación por el impacto de las reformas en la independencia judicial”, señala el texto del análisis publicado por Bruselas. Y se refiere en concreto a Hungría y Polonia, sobre los que explica su “preocupación” en distintos aspectos.

En el caso de Hungría hay múltiples agujeros negros a lo largo de los veinticinco folios de informe. Se critica el cambio de criterio de elegibilidad para elegir a los miembros de la ‘Kúria’, también que el aumento de los salarios a los jueces haya ido acompañada de un criterio nada transparente y muy discrecional para dar bonus a los magistrados. El texto también es crítico en lo que se refiere a la corrupción, especialmente en las altas instancias: “Si bien hay enjuiciamiento por corrupción de alto nivel en algunos casos, sigue siendo muy limitado (...) Si bien la fiscalía ha iniciado un número limitado de investigaciones relacionadas con la corrupción contra miembros del parlamento del partido gobernante, en los últimos años no se ha procesado a funcionarios gubernamentales de alto nivel”, reza el texto.

La Comisión Europea señala también en el caso húngaro que “los jueces y abogados están sujetos a narrativas negativas en los medios. En varios comunicados de prensa realizados desde enero de 2020, el Gobierno y los medios de comunicación progubernamentales han criticado determinadas decisiones judiciales”.

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El caso de Polonia sigue la misma línea. Bruselas mantiene desde hace años un pulso con el Gobierno del ultraconservador Ley y Justicia (PiS) por una reforma judicial que la Comisión Europea considera que pone en riesgo la independencia de los jueces. “Las preocupaciones sobre la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional, planteadas por la Comisión con arreglo al procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE, no se han resuelto por ahora”, señala el documento.

Bruselas también denuncia que los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura son “escogidos políticamente” cuando antes eran elegidos por sus pares. Otro de los asuntos que más preocupa a la Comisión Europea es el régimen disciplinario para los jueces, que “ha suscitado preocupaciones por la falta de las salvaguardas adecuadas para proteger la independencia judicial, debido al riesgo de que los jueces puedan ser sancionados por el contenido de las decisiones judiciales, incluidas las decisiones para solicitar resoluciones preliminares al Tribunal de Justicia” de la Unión Europea.

En cuanto a la situación del pluralismo mediático, la Comisión señala que “las disposiciones del derecho penal pueden afectar a determinados aspectos del marco de protección y actividades de los periodistas. El Código Penal incluye los delitos de insultar a los símbolos del Estado, los altos funcionarios públicos y la religión. El encarcelamiento (de un máximo de 1 año) es una de las posibles sanciones por difamación que se produzca mediante la comunicación masiva”.

Polonia y Hungría han acusado a Bruselas de estar utilizando un “doble rasero” con ambos países, y el ministro de Exteriores húngaro ha anunciado que pondrán en marcha un instituto para analizar la situación del Estado de derecho en los otros veinticinco países de la Unión Europea.