Orbán usa el coronavirus para intentar reforzar su poder bajo la mirada de Bruselas

El coronavirus es una situación excepcional en el que, en pos de proteger la salud y las vidas de los ciudadanos, se recortan durante un periodo de tiempo las libertades. Está pasando en muchos países y, aunque la situación es excepcional, no son pocos los que alertan de aquellos gobernantes con tendencias autoritarias que puedan ver en el Covid-19 un atajo para aumentar su poder. La salvaguarda es la temporalidad de las medidas y los equilibrios y contrapoderes.

El modelo europeo de ese posible gobernante que aprovecha la situación de excepcionalidad para reafirmar su poder es Viktor Orbán, primer ministro húngaro. El parlamento de Hungría tiene previsto votar esta semana una normativa que extenderá el periodo de alarma, permitiendo al líder magiar seguir gobernando a golpe de decreto. La norma no se queda ahí: prevé condenas de hasta cinco años de prisión para aquellos que extiendan “noticias falsas” sobre el coronavirus, y debilita el rol del Parlamento ante la posibilidad de que su trabajo se vea entorpecido en caso de que los diputados se contagien.

Bruselas ha preferido no criticar directamente el decreto, pero sí ha avisado de que las normas que se introduzcan para hacer frente a la pandemia deben ser limitadas en el tiempo, así como cumplir con las obligaciones europeas e internacionales respecto a los derechos humanos. Sin embargo, la Comisión Europea mira con preocupación las medidas, sabiendo que pueden abrir un nuevo frente con Budapest, con quien el Ejecutivo comunitario tiene recurrentes choques a raíz de los ataques de Orbán a los líderes europeos y la puesta en marcha de alguna de sus reformas.

Uno de los principales puntos de conflicto entre la Comisión y Orbán es la inmigración. El Gobierno húngaro ha asegurado en las últimas semanas que cancelaba el acceso a las zonas fronterizas para los solicitantes de asilo, y justificaba la medida de una manera que ha sido muy criticada por ONGs. “Observamos determinados vínculos entre el coronavirus y los inmigrantes ilegales”, aseguró Gyorgy Bakondi, asesor de seguridad nacional del primer ministro húngaro. Las organizaciones humanitarias critican que Budapest esté usando la crisis para reforzar su mensaje antiinmigración.

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Hungría tiene activado el artículo 7 de los Tratados, que en última instancia permite sancionar a aquellos países que dañan el Estado de derecho, y el partido gobernante, Fidesz, camina en la cuerda floja dentro de la familia popular europea (PPE), que sopesa de manera periódica la posible expulsión de la formación de Orbán por su deriva autoritaria.

Fidesz controla la mayoría del Parlamento, aunque para esta votación requerirá de cuatro quintas partes, en un país en el que la oposición está prácticamente desaparecida del mapa electoral, con una economía clientelar controlada desde Budapest y prensa cada vez más castigada y con menos independencia.

“A Orbán no se le debe dar carta blanca para empoderarse más y despojar a los ciudadanos de sus derechos”, ha asegurado por su parte de Gwendoline Delbos-Corfield, eurodiputada francesa de Los Verdes que representa a la Eurocámara en el procedimiento del artículo 7. "Los acontecimientos recientes en Hungría son un alejamiento peligroso de los estándares democráticos. Esta crisis no debe usarse como una excusa para destruir los controles y equilibrios democráticos”, ha señalado la eurodiputada en un comunicado.