Agujeros negros en el Estado de derecho de algunos países de la UE

El shock tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia fue total en Bruselas. La periodista de investigación llevaba años persiguiendo los casos de corrupción del gobierno maltés y acababa de ser asesinada con un coche bomba. Poco después Ján Kuciak era asesinado a tiros junto a su pareja en su domicilio de Bratislava.

En la Unión Europea se estaba asesinado a periodistas que investigaban los casos de corrupción de los gobiernos de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Ya no era una teoría conspiranoica, era una realidad, estaba pasando. Y eso en Bruselas fue difícil de digerir.

Sus investigaciones se habían llevado a la tumba a dos periodistas. Casos distintos pero con vínculos parecidos: la política con lazos directos con la corrupción y crimen organizado. Caruana investigaba casos relacionados con la venta de pasaportes mientras Kuciak se centraba en el fraude de fondos europeos.

El Parlamento Europeo puso entonces en marcha un equipo de eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles y Justicia para que visitaran Malta y Eslovaquia. Este jueves el Pleno de Estrasburgo ha aprobado un informe elaborado por esos miembros del Parlamento en el que se critica duramente a Bratislava y La Valeta.

El trabajo ha sido fatigoso, porque el grupo de eurodiputados no lo han tenido fácil. Durante sus visitas a ambos países la policía no les facilitó datos ni les permitió hacer un análisis real de lo que estaba ocurriendo. Sophie in ‘t Veld, eurodiputada holandesa que dirige el trabajo del grupo, señaló que era muy difícil saber si las inverstigaciones en Malta o en Eslovaquia estaban avanzando. Especialmente preocupante era la situación la isla mediterránea. Había sospechosos públicos, gente que se sabía que debían ser preguntados y que estaban en el seno del gobierno, que no estaban siendo investigados.

La presidenta del grupo llegó a pedir que la UE tuviera capacidad para supervisar procesos policiales internos de un Estado miembro, para evitar que Gobiernos pudieran salir impunes de casos en los que se veían implicados. Por eso In ‘t Veld pidió ampliar el rol de Europol para que tenga más poderes, ya que hoy por hoy solo puede actuar cuando un Ejecutivo lo solicita, y es a veces al gobierno al que no le interesa que se llegue al fondo del asunto.

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Sin embargo la UE sí que puede hacer cosas con los instrumentos que tiene hoy por hoy. “La presión y cooperación europea puede llevar a resultados. Hay evidencia de esto: gracias a la cooperación con Europol, los eslovacos pudieron arrestar a los sospechosos del asesinato de Ján Kuciak y Matina Kusnírová y por la presión de la UE, el Gobierno maltés está poco a poco poniéndose en acción para modernizar leyes problemáticas”, ha asegurado In ‘t Veld tras lograr aprobar su informe.

La resolución condena “los continuos esfuerzos de un número creciente de gobiernos de Estados miembros de la UE para debilitar el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia”. Se pide a la Comisión Europea que mantenga un diálogo con Malta, que para el grupo de eurodiputados que investigaron es el peor de los dos casos que trataron.

Pero el asunto no se limita a Malta y Eslovaquia. En Europa cada vez son más los Estados miembros que se alejan de los valores europeos en lo que el respeto al Estado de derecho se refiere. El Parlamento Europeo fue de hecho quien pidió la activación del artículo 7 de los Tratados contra Hungría en septiembre de 2018. Ese artículo es un mecanismo que permite, en última instancia, dejar sin derecho a voto en el Consejo a un país que viole el Estado de derecho.

El artículo 7 también está activado contra Polonia, cuyo gobierno ataca de forma sistemática la independencia judicial. Otros países son seguidos de cerca por la Comisión Europea, como son Rumanía, que actualmente tiene la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

La situación es grave: la Unión tiene problemas internos y ningún mecanismo eficaz para resolverlo. El artículo 7 solo es útil cuando es un caso aislado, ya que requiere de la unanimidad dentro del Consejo para que se puedan aplicar sanciones. Hay muchos países díscolos, y eso hace que entre ellos bloqueen cualquier posibilidad de llegar hasta el fondo de la cuestión.

Alemania está impulsando propuestas para resolver este problema. Una de ellas es vincular el acceso a fondos europeos al cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con los valores europeos. Bélgica se ha unido a esos esfuerzos y junto con Berlín han presentado una propuesta que busca establecer un mecanismo para devolver a los díscolos al sendero del respeto del Estado de derecho.