La directora de Pesca de Malta, al jefe de la red española del atún: "Me tienes que pagar"

Andreina Fenech Farrugia le cuenta por teléfono a José Fuentes García el 20 de junio pasado: “Estoy en Bulgaria solo para ti, me tienes que pagar, porque hay una reunión y estoy con el [director] general de Bruselas”.

[ACTUALIZACIÓN: Malta destituye a su jefa de Pesca por cobrar de la red española del atún]

¿Quiénes son esas dos personas y qué hace ella en Bulgaria? Fenech Farrrugia es la directora general de Pesca y Acuicultura de Malta. En esa fecha, estaba representando a su país en las reuniones del sector pesquero que estaban teniendo lugar en Sofía. Bulgaria ostentaba en el primer semestre de 2018 la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea. Esa era su misión institucional, pero también la habrían llevado a ese país del Este intereses personales ajenos a su cargo. Se da la coincidencia de que el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca es su compatriota Karmenu Vella. Además, Fenech Farrugia se había postulado en 2017 a presidir la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, un organismo intergubernamental que vela por la buena salud de las poblaciones de túnidos en ese océano y aguas adyacentes y que regula sus pesquerías. No lo logró.

Andreina Fenech usaba un teléfono móvil registrado en España en sus conversaciones con José Fuentes cuya factura costeaba el Grupo Fuentes

José Fuentes García es el vicepresidente del Grupo Ricardo Fuentes e Hijos, cuya sede está en Cartagena. La empresa fue fundada en 1984 por su padre, Ricardo Fuentes. El Grupo Fuentes lo conforman hoy más de 40 sociedades en España, Portugal, Francia, Italia, Croacia, Malta, Marruecos y Túnez. El 'holding' se dedica a inversiones inmobiliarias, pero su actividad principal es la pesca del atún en alta mar con barcos cerqueros, su traslado a granjas de engorde y la posterior comercialización nacional e internacional. También captura con la técnica de la almadraba en Barbate (Cádiz), Portugal, Italia y Marruecos. Se trata del mayor operador mundial del atún rojo atlántico. Según fuentes de la investigación policial, esa compañía estaría a la cabeza de una trama criminal para comerciar esta especie de forma ilícita.

En otros diálogos entre ellos se evidencia que la alta funcionaria maltesa habría colaborado durante años para que el Grupo Fuentes haya introducido más ejemplares de atún rojo de los declarados y autorizados en las granjas de ese archipiélago mediterráneo. Luego, una vez blanqueados documentalmente, eran exportados para su consumo en países como Japón, Estados Unidos o España. Gracias a su capacidad de influencia en el ministerio, Fenech Farrugia habría cobrado sobornos.

Sobre esa cuestión, una charla intervenida por la Guardia Civil entre un empleado del ‘holding’ en Malta y Fuentes García revela que la capacidad autorizada para los tres operadores del Grupo Fuentes en ese país mediterráneo era de 3.000 toneladas de atún, sin embargo, poseían enjauladas hasta 9.000. Para poner en contexto esa cifra, resulta pedagógico apuntar que en 2018 el total de capturas permitidas de atún rojo del Atlántico Este y Mediterráneo para el conjunto de los barcos con pabellón de países de la Unión Europea fue de 15.850 toneladas.

Fenech Farrugia, en sus conversaciones con Fuentes García, siempre usaba un teléfono seguro con número español cuyo titular era la empresa cartagenera, según determinan las investigaciones policiales. 'La jefa', según se refieren a ella los directivos del Grupo Fuentes, le dice al empresario que intentaría ir a verlo al hotel Hilton de La Valeta, donde se alojaba. Hacia las 23:00 del 25 de junio era buena hora para la cita, lo que demuestra la complicidad entre ambas partes.

Las conversaciones interceptadas a los miembros de la trama corrieron a cargo de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Benemérita, que truncó en junio pasado las actividades ilegales de un grupo criminal que se dedicaba a introducir en el mercado atún rojo de origen ilícito. El volumen de negocio en negro descubierto en la operación Tarantelo está tasado en unos 25 millones de euros anuales, según un cálculo conservador realizado por los oficiales de la Guardia Civil.

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El Confidencial habló por teléfono con Fenech Farrugia, quien mostró su preferencia por contestar a las preguntas vía correo electrónico. Sin embargo, la directora general de Pesca no respondió. Tampoco accedió a dar su versión José Fuentes.

Operación Tarantelo

Las diligencias judiciales de la operación Tarantelo se iniciaron en la localidad valenciana de Picassent, pero desde enero el caso lo investiga el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. El hecho de que la causa afecte a empresas de distribución de pescado de 12 provincias y a personas y sociedades de varios países —Malta, Portugal, Francia, Turquía, Túnez y Marruecos— originó que el juzgado de Picassent se inhibiera en favor de una instancia judicial superior. No en vano, se trata de la mayor operación mundial de todos los tiempos contra el mercado negro del atún rojo del Atlántico Norte, una especie internacionalmente protegida por haber estado hace unos años en peligro de extinción por sobrepesca.

El grupo criminal hacía facturas dobles para blanquear los atunes de origen ilegal

En la operación Tarantelo, la Ucoma, con ayuda de Europol, desveló cómo una red de sociedades pesqueras y distribuidoras se habría dedicado en los últimos años a importar desde Malta atún rojo no declarado y a comercializarlo a través de España a los mercados nacional e internacional. Los investigadores del Instituto Armado estiman que anualmente la red habría importado en avión y por carretera cerca de 1.250 toneladas legales y unas 2.500 en B.

En junio, fueron detenidas 79 personas en seis comunidades autónomas —Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha— y se rastrean las ramificaciones de la trama en otros países, principalmente en Malta, archipiélago desde donde procedía la mayor parte del atún blanqueado. Los hermanos José y Juan Pedro Fuentes García, ambos accionistas del ‘holding’ de empresas del Grupo Fuentes, y dos de sus directivos fueron detenidos durante la operación de la Ucoma. Todos ellos están en libertad provisional.

Entre personas y mercantiles, la Audiencia Nacional investiga ahora a 67 actores de ese entramado a los que se les imputan delitos contra la fauna, contra la salud pública, por falsedad documental, blanqueo de capitales y otros delitos cometidos en el seno de un grupo criminal.

Oficiales al mando de la investigación policial explican a este diario que los presuntos delincuentes recurrían a facturas dobles para blanquear los atunes de origen ilegal. Los ejemplares en A que se importaban desde granjas de engorde en Malta tenían un código de trazabilidad desde su pesca, llamado eBCD ('electronic bluefin tuna catch documentatione), pero ese mismo número se estampaba en otras facturas en otras comunidades autónomas para blanquear los capturados furtivamente. No existe una comunicación fluida entre los inspectores de las diferentes regiones. Las competencias de control están transferidas a las CCAA.

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Entre las partes demandantes de las diligencias que fueron trasladadas a la Audiencia Nacional están la Ucoma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Grupo Balfegó (competencia del Grupo Fuentes) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca). El secretario general de esta última, Javier Garat, señaló al presentarse como parte en la causa: “Al personarnos, queremos salvaguardar los intereses del sector pesquero español, mostramos nuestro enérgico rechazo a las conductas irregulares y fraudulentas y defendemos la honradez y legitimidad de los operadores de este sector”.

Malta es un agujero

El Registro Mercantil de España muestra que el Grupo Fuentes posee las empresas maltesas RF Malta Holding y Mare Blu Tuna Farm Ltd. Esta última se dedica al engorde de atún rojo al sur del pequeño archipiélago. La compañía de Cartagena usa pesqueros con bandera francesa, libia, tunecina y argelina para llenar sus jaulas de Malta. Lo llevan haciendo desde hace más de un decenio.

Los rumores entre activistas, altos funcionarios europeos y empresarios del sector siempre habían apuntado al archipiélago como un lugar de blanqueo de atún pescado de forma fraudulenta. Las investigaciones policiales y judiciales van poniendo negro sobre blanco esas murmuraciones.

Ya en 2009, inspectores japoneses bloquearon la importación de 3.500 toneladas de atún procedente de granjas maltesas. La incautación de esa mercancía supuso 40 millones de pérdidas para la industria de Malta, según aseguró Andreina Fenech a este reportero en 2010. Para un reportaje publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Fenech, entonces directora de Control de Pesca, apuntaba: “Los últimos meses han sido muy duros para los granjeros malteses”.

En 2017, los ingresos de la empresa maltesa de Fuentes fueron de 56,6 millones, y, sin embargo, notificó unas pérdidas de 7,5 millones

El Confidencial consultó las cuentas depositadas ante las autoridades del archipiélago mediterráneo por Mare Blu Tuna Farm en el ejercicio 2017. Los administradores de la sociedad son los hermanos Francisco y José Fuentes García y sus socios locales John Sebastian y Massimo Cappitta. En esos registros contables se leen varios datos y afirmaciones que llaman mucho la atención.

Los auditores de las cuentas recalcan que hay cosas inexplicables en los datos aportados por Mare Blu Tuna Farm. “No hemos recibido toda la información y las explicaciones que solicitamos para realizar la auditoría”. Concluyen los profesionales de la empresa auditora, Reanda Malta Ltd, que “las declaraciones financieras no se adecuan a los registros contables y las ganancias”.

La extrañeza expuesta por los auditores viene dada por datos como los siguientes: en 2016, el volumen de negocio de Mare Blu Tuna Farm fue de 54 millones de euros y obtuvo unas ganancias de 4,7 millones; mientras que en 2017 sus ingresos fueron de 56,6 millones, y, sin embargo, notificó unas pérdidas de 7,5 millones de euros. La situación del mercado había sido favorable para el incremento de las ventas.

Esa situación financiera es incomprensible para los auditores y añaden: “La viabilidad de la compañía depende de su habilidad para generar un equilibrio entre la facturación y los beneficios y en el compromiso de los accionistas por suministrar un apoyo financiero a la empresa cuando las necesidades surjan”.

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