Llega a la Audiencia Nacional el mayor escándalo mundial por atún rojo ilegal

Una investigación de la Guardia Civil desbarató en junio pasado las actividades ilegales de una organización criminal que se dedicaba a introducir atún rojo en el mercado de procedencia ilícita. El volumen de negocio en negro fue valorado en unos 25 millones de euros anuales, según una cifra conservadora aportada por los oficiales la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) del Instituto Armado.

Las diligencias judiciales se iniciaron en la localidad valenciana de Picassent, pero desde este viernes el caso lo investigará el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuya titular es la magistrada María Tardón. El hecho de que la causa afecte a empresas de distribución de pescado de 12 provincias y a personas y sociedades de varios países -Malta, Portugal, Francia, Turquía, Túnez y Marruecos- ha provocado que el juzgado de Picassent se haya inhibido en favor de una instancia superior. No en vano, se trata de la mayor operación mundial de todos los tiempos contra el mercado negro del atún rojo del Atlántico norte, una especie protegida por haber estado hace unos años en peligro de extinción por sobrepesca.

La Ucoma puso al descubierto en la operación Tarantelo cómo un entramado de sociedades pesqueras y distribuidoras se habría dedicado en los últimos años a importar atún rojo no declarado desde Malta y a comercializarlo a través de España a los mercados nacional e internacional. Los oficiales del Ucoma estiman que la red habría importado, en avión y camiones, unas 1.250 toneladas legales y unas 2.500 en 'B' al año.

En junio fueron detenidas 79 personas en seis comunidades autónomas -Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha- y se rastrean las ramificaciones de la trama en otros países, principalmente en Malta, archipiélago desde donde procedía la mayor parte del atún blanqueado. Entre personas y mercantiles, las diligencias admitidas por la Audiencia Nacional (AN) investigan a 67 actores de esa red que los documentos judiciales califican como “organización criminal”. Se les imputan delitos contra la fauna, contra la salud pública, por falsedad documental, blanqueo de capitales, y otros delitos cometidos en el seno de una organización criminal.

Fuente policiales informan a El Confidencial de que el número de partes investigadas puede ampliarse porque hay fundadas sospechas sobre las actuaciones de otros operadores comerciales y altos funcionarios de países como Malta, Portugal o Marruecos.

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Las partes querellantes en la causa trasladada a la AN son básicamente tres: la Guardia Civil, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapama) y el Grup Balfegó, segundo operador más importante de atún rojo en España, domiciliada en L’Ametlla de Mar (Tarragona) y competidor de algunas de las empresas investigadas.

Multitud de tentáculos

La compañía más grande del mundo en la pesca, engorde y distribución de atún rojo atlántico es el Grupo Ricardo Fuentes e Hijos. Con sede en Cartagena, fue fundada en 1984 por Francisco Fuentes, 'Paco-san' para sus clientes y socios de Japón, creó en 1996 su primera granja de engorde de atún en las aguas de la Bahía de Portmán (Murcia). Según relató uno de sus exdirectivos a este diario, Fuentes se jactaba en 2003 de haber capturado en ese año hasta 16.000 toneladas de atún rojo, la mitad de todo lo pescado en el Mediterráneo.

Investigadores de la Guardia Civil acreditaron el pago de transacciones de atún mediante grandes cantidades de dinero metido en sobres

Era un época dorada para el mercado poco regulado del atún rojo. Tan delicioso es este pez que el auge de la gastronomía japonesa en todo el mundo propició que ávidos pescadores se lanzaran a capturarlo en el Mediterráneo de forma masiva y sin control entre mediados de la década de los noventa y 2010 aproximadamente. Hasta el punto de que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés) tuvo que adoptar medidas drásticas de vigilancia para evitar un mercado negro que en 2010 se estimó en más de 400 millones de euros anuales, según un cálculo conservador de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Los oficiales de la Guardia Civil que coordinaron la investigación de distribución y venta ilegal de atún rojo indican a este diario que a la cabeza de esa red ilegal estaría el Grupo Fuentes. Varias firmas del ‘holding’ y dos de los hijos de su fundador, ya fallecido, están nombrados entre las partes querelladas en la causa judicial.

La mercancía de origen ilícito llegaba desde Malta en camión por la frontera con Francia y por avión al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Acababa mayoritariamente en Mercasevilla, Mercabarna y Mercamadrid portando documentación falsificada. Antes y ya en territorio español, las sociedades valencianas Pescnort Mar SL y Mafishval SL habrían actuado como receptoras de gran parte del atún en naves del polígono industrial de la localidad de Albal. Posteriormente, esas mismas mercantiles, el Grupo Fuentes y otras pequeñas distribuidoras hacían llegar a los mercados mayoristas los ‘botijos’, término en clave con el que se referían los miembros de la organización a los ejemplares de atún, según las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil.

Aunque el grueso del mercadeo ilícito procedía de Malta, la red también contaba con pescadores que capturaban atún no declarado en alta mar y que arribaba a puertos de Tarragona y Barcelona.

Inyectaban remolacha líquida en el atún para darle un color rojo brillante y que fuera más apetecible para el cliente

El auto llegado a la Audiencia Nacional describe cómo investigadores de la Benemérita verificaron las entregas de atún no autorizado y el pago de esas transacciones mediante grandes cantidades de dinero metido en sobres.

La documentación judicial señala que el trabajo de la Ucoma acredita “la puesta en el mercado de consumo humano de ejemplares de atún rojo y partes de los mismos en mal estado, así como el procesado de estos atunes con inyectado de aditivos para que tuvieran apariencia de frescura y realizar no solo un fraude al consumidor, sino [también] poner en riesgo la salud pública”. Les inyectaban remolacha líquida para dar un color rojo brillante al pescado y que fuera más apetecible para el cliente.

Fuentes, un clásico en la AN

El Grupo Fuentes lo configuran más de 40 sociedades en España, Portugal, Francia, Italia, Croacia, Malta, Marruecos y Túnez. El 'holding' se dedica principalmente a la captura del atún en alta mar con barcos cerqueros, su traslado a granjas de engorde, su posterior sacrificio y comercialización nacional e internacional. También pesca con la técnica de la almadraba en Barbate (Cádiz), Portugal, Marruecos e Italia.

En lo que va de siglo XXI, esa compañía originaria de Cartagena ha sufrido varios incidentes por comercio de atún ilegal. En 2009, funcionarios japoneses de aduanas negaron la entrada en Japón de más de medio millón de kilos de atún engordado por el Grupo Fuentes en Túnez. Había sido pescado por barcos de pabellón argelino. Ninguno de los ejemplares que querían vender tenía el certificado oficial de captura.

También en los últimos años sus abogados han tenido que lidiar en tribunales locales y en la Audiencia Nacional para defender a su cliente. Este medio ha hallado hasta tres sentencias dictadas por la AN que condenan al Grupo Fuentes por actividades ilegales relacionadas con el negocio del atún rojo.

Una demanda de 2015 del Mapama contra Tuna Graso, SAU, sociedad del Grupo Fuentes, motivó una sanción administrativa de 60.000 euros. Esa multa fue ratificada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en octubre de 2017 tras un recurso de la compañía.

¿Qué había sucedido para que se dictaminara ese fallo? Con fecha del 15 de octubre de 2014, los buzos del Grupo Fuentes habían sacrificado 125 ejemplares ante inspectores acreditados en su granja de Portmán. En ese tipo de matanza, los buzos se suelen sumergir con un fusil subacuático en las jaulas y disparan a la cabeza de los atunes para que no sufran, de modo que su carne no pierde calidad. Pero la Guardia Civil sospechaba e hizo labores de control. Como resultado de esa vigilancia, pudieron demostrar que realmente habían sacrificado 29 atunes de más, ocultados a los ojos de los inspectores, y los habían atado a la parte baja de la jaula para sacarlos más tarde en “B”. Se lee lo siguiente en el informe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Benemérita: “Se observa un descosido en las costuras de la red de 90 cm de diámetro (suficiente para sacar un atún muerto pero insuficiente para que los atunes vivos salgan por él)”. Esos 29 ejemplares pueden colocarse por encima del medio millón de euros en un mercado mayorista. Por mucho más en Japón.

En una segundo fallo de la AN de enero de 2013, su Sala de lo Contencioso admitió parcialmente un recurso de Tuna Graso contra otra multa del Ministerio equivalente a 60.000 euros por otra infracción grave. La sala dejó la sanción en 40.001 euros. En un acta de marzo de 2009, la inspección oficial halló la presencia de atunes en las jaulas de engorde de Fuentes que no habían sido declarados a las autoridades.

Por esos mismos hechos, en marzo de 2009 el Ministerio sancionó con 60.000 euros a Doramenor Acuicultura SL, empresa del Grupo Fuentes, que es arrendataria de las jaulas de engorde propiedad de Tuna Graso. Tras recurrir a la AN, este tribunal también estimó parcialmente la reclamación y redujo la sanción a 40.001 euros.

Los noventa y hasta alrededor de 2010 fueron años de sobrespesca del atún rojo en el Mediterráneo, situación que llegó a menguar la población de esa especie hasta el punto de amenazar su propia existencia. Las autoridades internacionales y nacionales han puesto coto a esos abusos. Sin embargo, los hechos y los datos nos cuentan que el mercado negro aún no se ha extinguido del todo. En España, la Guardia Civil, el Mapama y los fiscales y magistrados de la Audiencia Nacional son sabedores de que ese problema sigue vigente.