Ira por el caso del atún rojo ilegal: "La UE y España se juegan mucho en este escándalo"

“Las acusaciones de la Guardia Civil son muy serias y están teniendo ya consecuencias políticas. La UE y España se juegan mucho en este escándalo porque nos pone de nuevo en la picota de la pesca ilegal internacional”, argumenta Raúl García, coordinador de Pesca de WWF España.

Las reacciones no se hicieron esperar a la exclusiva publicada el martes por este diario sobre la complicidad de la directora de Pesca y Acuicultura de Malta, Andreina Fenech Farrugia, con una trama de captura y comercialización ilegales de atún rojo en varios países, y cuyos cabecillas están en España. Los ámbitos de la política, el activismo medioambiental y la industria se manifestaron enseguida tras la aparición de la información periodística.

Al ministro de Medio Ambiente maltés, Jose Herrera, no le tembló el pulso para suspender indefinidamente a Fenech Farrugia. Sucedió a las pocas horas de que saltara la noticia. Mediante una nota de prensa, Herrera señalaba que el Gobierno de La Valeta va a colaborar activamente con Europol y las autoridades españolas para dilucidar los supuestos hechos ilícitos investigados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil, que se juzgarán en la Audiencia Nacional en los próximos meses.

En un comunicado emitido el martes, la directora de Pesca maltesa se defendía: "Siempre he actuado con diligencia y profesionalismo en mi trabajo y he tomado las medidas legales pertinentes para luchar contra los operadores cuando se detectaron irregularidades".

El escándalo ha saltado a Bruselas. “Condenamos enérgicamente las infracciones y las malas prácticas informadas por la Guardia Civil en el marco de la operación Tarantelo. Infringen las normas de la UE e internacionales y, como tal, no pueden ser toleradas”, indicó a este diario el maltés Karmenu Vella, comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca. Agregó Vella desde la capital belga que la Comisión Europea ha estado “en contacto con todas las autoridades nacionales implicadas en el caso y con otros actores relevantes de esta operación (por ejemplo, Europol) para dar seguimiento a la investigación en curso en en España”.

La directora de Pesca maltesa usaba un número de teléfono español para las comunicaciones con la trama, cuya factura costeaba el Grupo Fuentes

Al sector pesquero español también le inquieta la mala imagen que el caso está proyectando sobre el conjunto de la industria de nuestro país. “Si los hechos investigados se sustancian en una condena judicial, son realmente graves, por ese motivo creo que la decisión de suspenderla me parece razonable. Además, las asociaciones de atún rojo de Malta también han solicitado su destitución”, explica a El Confidencial Javier Garat, presidente de las patronales Cepesca de España y Europêche de Europa.

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Gracias a la denominada operación Tarantelo, los investigadores del Instituto Armado estiman que anualmente, desde Malta, la red habría importado en avión y por carretera cerca de 1.250 toneladas legales y unas 2.500 en negro. El grupo criminal habría ganado unos 25 millones de euros al año. Entre personas y mercantiles, la Audiencia Nacional mira con lupa las actividades de 67 actores de toda España a los que se les imputan delitos contra la fauna, contra la salud pública, por falsedad documental, blanqueo de capitales y otros delitos cometidos en el seno de un grupo criminal.

La responsable política maltesa recibía sobornos de la red española, especialmente de directivos del Grupo Fuentes e Hijos, la mayor empresa de atún rojo mediterráneo, con el objetivo de favorecer sus intereses en Malta y ante los dirigentes de la Comisión Europea en materia de pesca. Las llamadas telefónicas intervenidas por la Guardia Civil en junio de 2018 así lo revelan. Fenech Farrugia usaba un número de teléfono español para las comunicaciones con la trama, cuya factura costeaba el propio Grupo Fuentes.

Según las diligencias policiales presentadas a la Audiencia Nacional, Fenech Farrugia contaba por teléfono a José Fuentes García el día 20 de junio: “Estoy en Bulgaria solo para ti, me tienes que pagar, porque hay una reunión y estoy con el [director] general de Bruselas”. En esa fecha, estaba representando a su país en las reuniones del sector pesquero que se celebraban en Sofía. Bulgaria ostentaba en el primer semestre de 2018 la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea. Esa era su misión institucional, pero también la habrían llevado a ese país del Este intereses personales ajenos a su cargo.

La sombra de Fenech Farrugia ha sido alargada durante años en las negociaciones europeas e internacionales sobre el atún rojo y otras pesquerías. Su destitución copa las portadas de los principales diarios del archipiélago mediterráneo desde que El Confidencial publicara la exclusiva. Es una personalidad relevante. Comenzó su carrera en el ministerio en 1997 y su influencia en su país, donde la industria del engorde de atún rojo es vital para su economía, y en el ámbito internacional ha ido creciendo.

En 2015 fue nombrada vicepresidenta de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), con sede en Vigo, y hoy es miembro de su consejo de administración. En su declaración de conflictos de interés ante esa institución dependiente de la Comisión Europea firmó que ninguna circunstancia afectaba a su independencia como alta funcionaria pública. Se postuló en 2017 para presidir la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), un organismo intergubernamental que vela por la buena salud de las poblaciones de túnidos en ese océano y aguas adyacentes y que regula sus pesquerías. Fracasó, pero eso no fue óbice para que recibiera la medalla de la Orden del Mérito Marítimo de Francia, un prestigioso reconocimiento que tenía, entre otros científicos y profesionales del mar, el gran oceanógrafo galo Jacques-Yves Cousteau.

"Se puede observar en las conversaciones mantenidas entre ambas personas [José Fuentes y Andreina] la existencia de un vínculo de absoluta confianza entre ellas, haciendo mención a entrevistas con altos cargos del Gobierno maltés, así como la búsqueda de solución a distintas cuestiones relacionadas con la pesca y captura del atún rojo en territorio maltés o en el Mediterráneo, así como alusión a la concesión de cuotas de pesca", se lee en las diligencias de la Guardia Civil que investigan el entramado criminal y a las que ha tenido acceso este diario.

El clamor de las oenegés

Los escándalos y rumores de la existencia de un mercado negro se han cernido desde la mitad de la década de los noventa sobre el Grupo Fuentes y otros operadores de la pesca y engorde de atún rojo en países como Malta, Croacia, Turquía, Túnez, Libia o Marruecos. Pero las acciones y sanciones contra ese comercio ilegal siempre fueron administrativas o de pura confiscación de la mercancía en aduana.

La UE y España se juegan mucho en este escándalo, nos pone de nuevo en la picota de la pesca ilegal internacional

A modo de ejemplo, en 2007 las autoridades aduaneras japonesas decomisaron 3,5 millones de kilos de atún ilegal originario de las granjas de engorde de Malta.

Pero ahora la Ucoma ha plasmado esas murmuraciones en la mayor operación policial del mundo, un hecho que está teniendo un impacto enorme en la industria y las instituciones políticas pesqueras europeas. Y más allá. También en el activismo medioambiental.

"Es imprescindible que ICCAT se tome en serio la lucha contra la pesca ilegal de atún rojo, de la que ha hecho bandera, ya que el año pasado fue incapaz de reforzar el sistema de control de la pesquería pese a que la operación Tarantelo ha contribuido a identificar los agujeros utilizados", sostiene Raúl García de WWF España.

Fenech Ferrugia ha sido la primera víctima política de este terremoto en el sector. Sin embargo, María José Cornax apunta que espera "que sea la primera caída de otras muchas por venir", porque se “trata de una vergüenza internacional”. Ella es directora de Estrategia Política de la ONG Oceana en Europa. “Hace más de una década que esperamos una depuración de responsabilidades porque los mismos nombres se repiten, la misma praxis, pero hasta Tarantelo los nombres no se habían expuesto públicamente porque los gobiernos echaban tierra sobre las denuncias repetidas, año tras año, de las oenegés”, concluye con vehemencia Cornax.

El sentimiento de indignación es común a todas las organizaciones activistas familiarizadas con el saqueo del atún rojo, en años de descontrol de una pesquería que ofrece pingües beneficios. “Esta investigación debe tener consecuencias. Los países implicados y la Comisión Europea deben identificar los buques y granjas que hayan cometido ilegalidades, y las capturas ilegales y no reportadas deben ser descontadas de las cuotas en años venideros”, afirma Sebastián Losada, asesor para asuntos de pesca de Greenpeace. Enfatiza este experto: “No puede ser que esta gente se enriquezca a costa de un recurso tan valioso y además salga gratis”.

En España, la pelota está en el tejado del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para poner en orden todo este escándalo que afecta de forma indirecta a todo el sector pesquero. Ningún responsable del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se puso al teléfono este martes pasado para responder a las preguntas de este diario. Tampoco tuvimos éxito con el ministro maltés del ramo, Jose Herrera.

Todo lo narrado más arriba sucede mientras las cuotas de captura del atún rojo atlántico siguen subiendo año tras año por la supuesta recuperación de su población y por la presunta mayor vigilancia de la pesquería y su comercialización. En 2018 fueron 28.200 toneladas las permitidas; en 2020 serán 36.000. Hacia 2007, se temió incluso por su extinción del planeta.