El Gobierno maltés destituye a su jefa de Pesca por cobrar de la red española de atún

El Gobierno de Malta destituyó este martes a su directora de Pesca y Acuicultura, Andreina Fenech Farrugia, pocas horas después de que se publicara la exclusiva de El Confidencial sobre su implicación en una trama de mercado negro de captura y comercialización de atún rojo entre Malta, Italia, Francia y España. La responsable política maltesa recibía sobornos de la red española, especialmente de directivos del Grupo Fuentes e Hijos para favorecer sus intereses en Malta y ante los dirigentes del ramo en la Comisión Europea.

"Se puede observar en las conversaciones mantenidas entre ambas personas (José Fuentes y Andreina) la existencia de un vínculo de absoluta confianza entre ellas, haciendo mención a entrevistas con altos cargos del Gobierno maltés, así como la búsqueda de solución a distintas cuestiones relacionadas con la pesca y captura del atún rojo en territorio maltés o en el Mediterráneo, así como alusión a la concesión de cuotas de pesca", se lee en las diligencias de la Guardia Civil que investigaron el entramado criminal y a las que ha tenido acceso este diario.

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Horas después de que este medio publicara la información, el Ministerio de Medioambiente maltés comunicaba "la suspensión indefinida" de Fenech Farrugia. En nota de prensa, el citado ministerio señalaba que el Gobierno de La Valeta va a colaborar activamente con Europol y las autoridades españolas para dilucidar los supuestos hechos ilícitos. También lo anunciaba en su cuenta de Twitter.

Un poco antes, los principales diarios del archipiélago mediterráneo, 'Times of Malta' y 'Malta Today', habían informado de que el ministro de Medioambiente, Jose Herrera, había consumado la defenestración de Fenech Farrugia. "Designaré a un director interino en breve", le dijo el ministro a los reporteros de 'Malta Today'. El Confidencial llamó al Departamento de Pesca y Acuicultura maltés para confirmar la destitución durante la mañana del martes, pero en repetidas veces los interlocutores cortaron la comunicación.

La Benemérita estima que anualmente la red habría importado en avión y por carretera cerca de 1.250 toneladas legales y unas 2.500 en B

En junio pasado, durante la operación Tarantelo llevada cabo por la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil y Europol fueron detenidas 79 personas en seis comunidades autónomas —Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha— y se rastrean las ramificaciones de la trama en otros países, principalmente en Malta, archipiélago desde donde procedía la mayor parte del atún blanqueado.

La Benemérita desveló cómo una red de sociedades pesqueras y distribuidoras se habría dedicado en los últimos años a importar desde Malta atún rojo no declarado y a comercializarlo a través de España a los mercados nacional e internacional. Los investigadores del Instituto Armado estiman que anualmente la red habría importado en avión y por carretera cerca de 1.250 toneladas legales y unas 2.500 en B.

Las diligencias judiciales de la operación Tarantelo se iniciaron en la localidad valenciana de Picassent, pero desde enero el caso lo investiga el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. El hecho de que la causa afecte a empresas de distribución de pescado de 12 provincias y a personas y sociedades de varios países —Malta, Portugal, Francia, Turquía, Túnez y Marruecos— originó que el juzgado de Picassent se inhibiera en favor de una instancia judicial superior. No en vano, se trata de la mayor operación mundial de todos los tiempos contra el mercado negro del atún rojo del Atlántico Norte, una especie internacionalmente protegida por haber estado hace unos años en peligro de extinción por sobrepesca.

Entre personas y mercantiles, la Audiencia Nacional investiga ahora a 67 actores de ese entramado a los que se les imputan delitos contra la fauna, contra la salud pública, por falsedad documental, blanqueo de capitales y otros delitos cometidos en el seno de un grupo criminal.

Por qué la caída de Fenech Farrugia

Andreina Fenech Farrugia le cuenta por teléfono a José Fuentes García el día 20 de junio pasado: “Estoy en Bulgaria solo para ti, me tienes que pagar, porque hay una reunión y estoy con el [director] general de Bruselas”.

¿Quiénes son esas dos personas y qué hace ella en Bulgaria? Fenech Farrugia es la directora general de Pesca y Acuicultura de Malta. En esa fecha, estaba representando a su país en las reuniones del sector pesquero que estaban teniendo lugar en Sofía. Bulgaria ostentaba en el primer semestre de 2018 la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea. Esa era su misión institucional, pero también la habrían llevado a ese país del Este intereses personales ajenos a su cargo. Se da la coincidencia de que el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca es su compatriota Karmenu Vella. Además, Fenech Farrugia se había postulado en 2017 a presidir la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, un organismo intergubernamental que vela por la buena salud de las poblaciones de túnidos en ese océano y aguas adyacentes y que regula sus pesquerías. No lo logró.

José Fuentes García es el vicepresidente del Grupo Ricardo Fuentes e Hijos, cuya sede está en Cartagena. Fue fundado en 1984 por su padre, Francisco Fuentes. El Grupo Fuentes lo conforman hoy más de 40 sociedades en España, Portugal, Francia, Italia, Croacia, Malta, Marruecos y Túnez. El 'holding' se dedica a inversiones inmobiliarias, pero su actividad principal es la pesca del atún en alta mar con barcos cerqueros, su traslado a granjas de engorde y la posterior comercialización nacional e internacional. También captura con la técnica de la almadraba en Barbate (Cádiz), Portugal, Italia y Marruecos. Se trata del mayor operador mundial del atún rojo atlántico.

En otras conversaciones intervenidas por oficiales de la Ucoma se constata que la alta funcionaria maltesa habría colaborado durante años para que el Grupo Fuentes haya introducido más ejemplares de atún rojo de los declarados y autorizados en las granjas de ese archipiélago mediterráneo. Luego, una vez blanqueados documentalmente, eran exportados para su consumo en países como Japón, Estados Unidos o España. Gracias a su capacidad de influencia en el Ministerio de Medioambiente del archipiélago mediterráneo, Fenech Farrugia habría cobrado sobornos de la trama criminal.