El caso McGrail de Gibraltar: cuando una trama policial en el peñón supera a Hollywood

Una jubilación anticipada del comisario de policía. Un presunto "pirateo y sabotaje" del Sistema Centralizado de Inteligencia de Seguridad Nacional. Un homicidio imprudente de dos narcos arrollados por una patrullera. Un Gobierno acusado de corrupción. Abogados con prestigio internacional. Y la aprobación en el último momento de una ley que podría impedir la publicación de algunos datos de la investigación.

Gibraltar tiene una población de alrededor de 33.000 personas y cuenta con una superficie que no llega a los siete kilómetros cuadrados. Pero se ha convertido en el escenario de una trama que, presentada en Hollywood, se habría rechazado muy posiblemente por ser demasiado inverosímil. La investigación independiente del caso McGrail comienza el 8 de abril y no puede haber más expectación.

Uno de los protagonistas es el mismo Fabian Picardo, quien en octubre del año pasado renovó un cuarto mandato como ministro principal del Peñón, y ahora acusa a sus críticos de intentar usurparlo para que los llanitos sean gobernados directamente desde Londres. No se trata de un asunto menor, pero se acusa al Ejecutivo de Reino Unido de estar haciendo la vista gorda a todo lo que está ocurriendo en el territorio de dominio británico situado en suelo español, con gran importancia estratégica para no poner en peligro las actuales negociaciones post-Brexit.

Han pasado ya ocho años del histórico divorcio, pero el estatus en el que queda ahora Gibraltar —cuya frontera es la única terrestre, junto con la irlandesa, que divide ahora al Reino Unido de la UE— sigue sin resolverse. Alrededor de 30.000 personas cruzan a diario la verja. Entre ellos, 15.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles. Ambas partes hablan de la importancia de encontrar una "solución pragmática de convivencia". Pero el tema de la soberanía, siempre está ahí. Una caída del Gobierno de Picardo supondría un auténtico mazazo para la fase crítica de estas negociaciones que, a priori, se quieren concluir antes de las elecciones europeas de junio.

TE PUEDE INTERESAR

Albares y el comisario Sefcovic desautorizan a Schinas: "El acuerdo sobre Gibraltar avanza a buen ritmo"

Europa Press

Fue el 4 de febrero de 2022 cuando el propio Ejecutivo de Picardo convocó una investigación independiente sobre las "razones y circunstancias" que llevaron al comisario de policía Ian McGrail (ahora 57 años) a jubilarse anticipadamente.

La clave está en la llamada Operación Delhi. El comisario estaba al frente de la investigación policial sobre "el presunto pirateo y sabotaje" del Sistema Centralizado de Inteligencia de Seguridad Nacional del Gobierno del Peñón y una supuesta conspiración para defraudar a Bland, la empresa privada que opera el sistema. McGrail alega que el desacuerdo entre el fiscal general y Picardo con sus métodos llevó a que lo "expulsaran".

Pero el Ejecutivo de la Roca lo niega y asegura en el entonces gobernador en funciones, Nick Pyle —quien representa al monarca británico en el Peñón y que es el responsable en de la policía— había perdido la confianza en el comisario por una serie de incidentes de los años anteriores. La confianza acabó perdiéndose ya completamente cuando supuestamente McGrail no informó adecuadamente sobre el grave incidente internacional en el que un jurado forense determinó que dos españoles habían sido víctimas de homicidio imprudente cuando su barco fue embestido por una patrulla del Peñón.

En la madrugada del 8 de marzo de 2020, a 6,36 millas al este de la playa de Santa Bárbara de La Línea de la Concepción —es decir, aguas españolas— una patrullera de la policía gibraltareña golpeó a una lancha de narcotraficantes que en ese momento no llevaban droga. En el suceso perdieron la vida dos ceutíes. Los otros dos supervivientes aseguraron que los agentes no auxiliaron al tripulante más grave.

En mayo de 2020, tres meses después de ese suceso, como parte de la Operación Delhi, se lleva a cabo un registro en Hassans, uno de los principales bufetes de abogados de Gibraltar. También se lleva a cabo registro en la casa del socio principal, James Levy. Esto acapara gran atención mediática, ya que Picardo estuvo trabajando 20 años en el bufete y es aun socio —mientras está de excedencia por cargo político— y amigo de Levy.

TE PUEDE INTERESAR

Albares impulsa un acuerdo sobre Gibraltar y en el Peñón responden: "Es ciencia ficción"

Nacho Alarcón. Bruselas Celia Maza. Londres

Hassans iba a ser el beneficiario potencial de una empresa que prometía grandes contratos de Seguridad. Lo que supuestamente Levy no sabía es que las personas que estaban detrás de la suculenta oferta acabarían siendo acusados de delitos informáticos y conspiración al intentar apropiarse del software perteneciente a Bland —la compañía para la que trabajaban encargada del Sistema Centralizado de Inteligencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Gibraltar—.

Según el equipo legal del ya ex comisario de policía, se le denegó investigar más el caso porque Picardo tenía intereses económicos. Pero, en declaraciones a The Times, Picardo niega cualquier conflicto de intereses, diciendo que él mismo ayudó a instigar la Operación Delhi y dejó claro por escrito que el contrato de seguridad no iría a parar a la empresa vinculada a Hassans. Insiste además en que no tuvo ningún problema con que el comisario de policía investigara a Levy, quien nunca fue acusado, ya no es objeto de investigación policial y ha negado haber actuado mal.

Picardo dice, sin embargo, que el comisario lo engañó —éste lo niega— y, sin hacer caso a la Fiscalía, usó una orden de registro en lugar de una orden de presentación —una solicitud legal para pasar documentos y otro material— que no habría sido tan mano dura.

En la Operación Delhi se acusó a otras tres personas, entre ellas un alto funcionario público, de conspiración por fraude. Los tres negaron haber actuado mal y en enero de 2022, un mes antes de una solicitud de despido programada y antes de que el Gobierno cediera a la presión para convocar una investigación pública sobre la abrupta salida de McGrail, se suspendieron los procesamientos.

Picardo dice que el comisario lo engañó y, sin hacer caso a la Fiscalía, usó una orden de registro en lugar de una orden de presentación

El Fiscal General utilizó un mecanismo poco utilizado conocido como nolle prosequi, diciendo que había pruebas suficientes para un juicio, pero puso fin al proceso, citando "asuntos de interés público más amplio".

El 9 de junio de 2020, el comisario de policía acababa anunciando su jubilación anticipada. Sus abogados aseguran que fue "una decisión extremadamente difícil sucumbir a las presiones que estaba recibiendo". Pero sus críticos consideran que, viendo que iba a salir a la luz las razones por las que había perdido la confianza de las autoridades, decidió jubilarse antes de ser expulsado, lo que le habría dejado sin pensión.

Siempre hay dos caras de la moneda. Pero todo apunta a que el equipo legal del excomisario está llevando a cabo una efectiva campaña mediática, ya que, rotativos británicos tan reputados como The Times están describiendo a Gibraltar como una "república bananera".

TE PUEDE INTERESAR

El aeropuerto de Gibraltar como escollo para la negociación de un acuerdo que se alarga

Celia Maza. Londres

El despacho de abogados que representa al excomisario es Doughty Chambers de Londres. Sus pesos pesados para este caso son Caoilfhionn Gallagher, abogada de derechos humanos de renombre internacional que representó al activista por la democracia de Hong Kong Jimmy Lai, y Patrick Gibbs, que consiguió la absolución del actor Kevin Spacey en el juicio por agresión sexual el verano pasado. Hasta la fecha —cuando la investigación propiamente dicha aún no ha comenzado— han cobrado más de 750.000 libras, una factura que, al tratarse de investigación pública, paga el erario público, es decir, los gibraltareños.

Por su parte, Picardo está representado por Peter Caruana —su antecesor como ministro principal de Gibraltar, con el partido socialdemócrata que ahora ocupa la oposición—. Caruana también representa a Michael Llamas (Fiscal General) y Nick Pyle (exgobernador de Gibraltar).

Desde que anunció su jubilación anticipada, McGrail se ha enfrentado a una serie de acusaciones de irregularidades por parte de colegas policiales a quienes el Gobierno les dio cartas de garantía de que si hablaban y sus posiciones se volvían insostenibles, podrían ser transferidos con el mismo salario y condiciones a otros departamentos gubernamentales. Entre las acusaciones, se encontraba un caso de supuesta agresión sexual del que finalmente fue declarado inocente.

TE PUEDE INTERESAR

Exteriores protesta ante Gibraltar por provocar incidentes marítimos, pero Interior aligera los controles de acceso

Ignacio Cembrero

Algunos policías que se presentaron han sido arrestados y acusados de dar declaraciones falsas después de recibir las cartas, que no parecen tener ningún fundamento en la legislación sobre denuncia de irregularidades.

Aunque Picardo insiste en que las cartas son un proceso de "excelente Gobierno" que ofrece la protección adecuada, que debe estar en ellas su firma como jefe de una administración pequeña y que desconoce los detalles de cada caso.

El pasado 1 de marzo, Peter Openshaw, juez retirado del Tribunal Superior de Reino Unido y presidente ahora de la investigación independiente, anunció que investigaría las acusaciones que se ofrecieron incentivos a cambio de aportar pruebas para la pesquisa.

McGrail ha enfrentado acusaciones por parte de policías a quienes el Gobierno les dio cartas de garantía de ser transferidos con el mismo salario

Si ya de por sí la trama no fuera lo suficientemente compleja hay un elemento más que añadir. El Gobierno de la Roca ha sido criticado por aprobar tan sólo días antes de que comience la investigación una nueva ley que puede detener, modificar o afectar el proceso de la pesquisa.

La nueva normativa actualiza la legislación de 1888 relativa a la Comisión de Investigación para igualarla a los estándares actuales de Reino Unido. Incluye la posibilidad de restringir cierta información únicamente a los participantes en la investigación. Desde el Ejecutivo defienden que se trata de una medida normal para cubrir cuestiones que afectan a la seguridad nacional, pero que en ningún caso obstaculiza la actividad de la Investigación. El Gobierno se ha comprometido a no clausurar la investigación. Pero el líder de la oposición, Keith Azopardi, responsable de los socialdemócratas, —cuyos diputados votaron en contra de la ley— asegura que "Picardo busca secuestrar el proceso".

Por su parte, Picardo afirma que tanto la oposición como el equipo legal del excomisario lo han sometido a un "juicio mediático" y a una difamación. En declaraciones a The Times, matizó que el público solo podría creer que se ha cometido un delito si "cayera en la trampa de creer genuinamente que el político nunca es capaz de actuar honestamente".