Cuando muere un Estado: tras años al borde del abismo, Haití ha caído

Prisiones asaltadas y con las puertas abiertas. Un aeropuerto sitiado en el que ningún avión puede despegar o aterrizar. Puertos completamente bloqueados. Más de 360.000 desplazados internos y un 45% de la población sufriendo inseguridad alimentaria aguda. Una tasa de asesinatos ocho veces superior a la de hace una década. Secuestros, torturas y violaciones sistemáticas contra civiles. Una capital en la que el 80% del territorio está bajo el control de más de 200 bandas criminales armadas. Tras años de repetir una y otra vez que Haití se encuentra al borde del colapso, la frase ha dejado de tener sentido. El colapso es esto.

Incluso para los estándares de una nación con un historial tan trágico, lleno de golpes de Estado, hambrunas y el terremoto más letal de los últimos siglos, Haití afronta una situación devastadora. Pandillas armadas hasta los dientes campan a sus anchas por un territorio en el que cualquier semblante de Gobierno ha desaparecido por completo. El primer ministro, Ariel Henry, se encuentra fuera del país y no puede regresar por el bloqueo de los puntos de acceso; la silla presidencial continúa vacía desde el asesinato de su antiguo ocupante, Jovenel Moïse, en 2021, y no existe un solo Parlamentario nacional al no haberse celebrado elecciones desde 2016. El Estado ha muerto y la única ley que impera es la del más fuerte.

“Estamos ante un punto de quiebre”, declara a El Confidencial Nathalye Cotrino, investigadora de crisis y conflictos para Human Rights Watch con años de experiencia en Haití. La experta asegura que, aunque la crisis de inseguridad llevaba años degradándose, el país se ha visto sumido en una anarquía casi total desde hace dos semanas, cuando el primer ministro partió rumbo a Kenia para un viaje oficial.

Aprovechando su ausencia, las dos principales coaliciones de bandas criminales haitianas, el G9 y el G-Pep, se unieron con el objetivo de expulsarlo del poder. Los pandilleros empezaron sitiando el aeropuerto y los puertos para impedir el retorno de Henry y después asaltaron varias prisiones para liberar a miles de presos. A continuación, protagonizaron tiroteos frente al Palacio Nacional, incendiaron parte del Ministerio del Interior con cócteles molotov y atacaron más de 10 estaciones policiales y la Escuela Nacional de Policía, dejándola inoperativa. “Nuestras fuentes locales nos indican que la policía no está saliendo a combatir a los grupos criminales. Están en estado de alerta, es decir, armados dentro de las estaciones de policía y listos para repeler cualquier ataque. Pero no están ejecutando ninguna operación contra estos grupos”, indica Cotrino.

TE PUEDE INTERESAR

El país del que te has olvidado está peor de lo que crees y al borde de la intervención militar

Lucas Proto Infografía: Emma Esser

El caos ha llevado a Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea a evacuar a su personal diplomático en el país caribeño y trasladarlo a la vecina República Dominicana, que comparte con Haití la isla de La Española. Una opción no disponible para la población local que intenta huir desesperadamente, pero que se encuentra con una frontera militarizada y cerrada a cal y canto. Sin permiso de cruce, sin acceso a los puertos y, en la aplastante mayoría de los casos, sin recursos, los ciudadanos haitianos están atrapados.

Dimisión forzada

Confrontado con una situación insostenible, sin capacidad siquiera de regresar a su país y presionado por la comunidad internacional al completo, Henry anunció este lunes que dimitirá tan pronto como sea creado un consejo de transición para reemplazarlo. El político, neurocirujano de profesión, fue nombrado primer ministro por Moïse tan solo dos días antes del 7 de julio de 2021, el día en el que el presidente fue asesinado por sicarios colombianos en el Palacio Nacional. Desde entonces, se ha convertido en el líder de facto de Haití pese a nunca haber sido elegido en las urnas y a ser una figura profundamente impopular.

Henry había postergado en múltiples ocasiones la convocatoria de elecciones en el país, argumentando que la crisis de inseguridad impedía llevarlas a cabo. Según un acuerdo sellado en diciembre de 2022, el primer ministro debería haber celebrado comicios y abandonado su cargo el 7 de febrero de este año, pero acabó anunciando que volvía a retrasarlos hasta noviembre de 2025.

“El Gobierno que dirijo dimitirá inmediatamente después de la instalación de un consejo [de transición]”, dijo Henry en una grabación compartida en las redes de la oficina del primer ministro de Haití. "Pido a todos los haitianos que mantengan la calma y hagan todo lo posible para que la paz y la estabilidad regresen lo más rápido posible", agregó el líder caído en desgracia, considerado como corrupto por la mayoría de la población de su país.

En una muestra de hasta qué punto Henry ha perdido el control, el primer anuncio sobre su dimisión ya había sido adelantado por Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana y también presidente de turno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), una organización internacional que agrupa a los países de la región caribeña. Los líderes de los Estados miembro se reunieron de emergencia este lunes en Jamaica para discutir, a puerta cerrada, la transición política en Haití. También participaron en el encuentro enviados de Estados Unidos, Francia, Canadá y las Naciones Unidas.

Según lo revelado hasta este lunes, la propuesta de la organización caribeña incluye la formación de un consejo presidencial de transición compuesto por nueve miembros —dos observadores y siete con derecho a voto— que representarán diversos sectores de la sociedad haitiana. Este consejo debería ejercer ciertos poderes presidenciales mediante votación mayoritaria, nombrar un primer ministro interino y un gabinete, y establecer un consejo electoral provisional encargado de allanar el camino hacia las primeras elecciones de Haití desde 2016.

TE PUEDE INTERESAR

Coordenadas | ¿Por qué la ONU acaba de aprobar una intervención militar en Haití?

L. Proto

Sin embargo, en la sala de la reunión del CARICOM había el mismo elefante de siempre a la hora de hablar de una transición política en Haití. ¿Quién se encargará de restablecer la seguridad necesaria para celebrar elecciones en un país engullido por la violencia?

Una misión que no arranca

En octubre de 2023 y tras cerca de un año de súplicas por parte del Gobierno de Henry, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, una intervención policial multinacional dirigida por Kenia con el fin de restablecer el orden en el país.

Sin embargo, esta intervención lleva tiempo en punto muerto debido a una serie de complejidades legales, diplomáticas y financieras. El pasado 26 de enero, un fallo del Tribunal Superior de Kenia declaró inconstitucional el envío de fuerzas del orden a Haití, dado que la constitución del país no permite el despliegue de oficiales de policía en el extranjero. Además, la corte señaló la ausencia de un acuerdo bilateral formal solicitado por el Gobierno haitiano, que es un requisito para tales operaciones.

*Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí

El viaje de Henry a Kenia buscaba, precisamente, eliminar este último obstáculo constitucional al firmar un acuerdo de seguridad con el Gobierno del país africano para el envío de 1.000 agentes a Haití. La decisión sobre la inconstitucionalidad del despliegue de policías, mientras tanto, ha sido apelada por el Ejecutivo, sin que se haya resuelto hasta la fecha. Otros países, como Benín, Chad y Bahamas también han ofrecido apoyo policial, pero aún no han concretado ningún plan concreto al respecto. Múltiples expertos en seguridad han puesto en duda que este pequeño contingente de fuerzas del orden sea suficiente para pacificar un país de 11,5 millones de habitantes.

Otro de los desafíos significativos de la operación es el de la financiación. “Este es un tipo de operación que no va a contar con el presupuesto de una misión de los cascos azules. Son los gobiernos los que unilateralmente deben donar el presupuesto para la misión. Estados Unidos se ha comprometido a aportar 330 millones de dólares, Canadá 123 millones de dólares y Francia 3 millones euros. Pero hasta el momento lo único que hay son promesas”, explica Cotrino.

Debido a estos limitantes, nadie sabe a ciencia cierta cuándo esta misión autorizada por la ONU estará lista para comenzar. Podrían ser semanas, meses o incluso más de un año, un horizonte demasiado largo para unos haitianos en situación desesperada. Otra alternativa más rápida sería una intervención unilateral de Estados Unidos en el país, quizá con el apoyo de Canadá, pero es poco probable que la Administración de Joe Biden, en pleno año electoral, se embarque en una operación que apenas cuenta con respaldo popular entre los estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué mataron al presidente? "Crimen, política y economía se han fusionado en Haití"

Lucas Proto

Sin solución a la vista

Mientras estos debates transcurren lejos de las fronteras de Haití, dentro del país las pandillas avanzan hacia el control total. La cabeza más visible de las organizaciones criminales es Jimmy Cherizier, alias Barbecue, arquitecto y líder del G9, una confederación nacida en 2020 de la unión de nueve de las bandas más poderosas de Puerto Príncipe.

Sancionado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la ONU por cometer múltiples violaciones de los derechos humanos, este expolicía ha firmado ahora un pacto todavía mayor entre el G9 y otra coalición rival de pandillas, el G-Pep. La iniciativa, llamada Viv Ansanm ('vivir juntos', en criollo haitiano) no solo ha prometido unir fuerzas para echar a Henry del poder, sino también para enfrentarse a cualquier misión internacional en el país. Este lunes, Barbecue ya advertía que su organización no reconocería ningún tipo de Gobierno surgido de un acuerdo de la CARICOM. “Cherizier y compañía están adoptando una posición de fuerza para obligar a quien asuma el nuevo liderazgo de Haití a sentarse a dialogar con ellos”, asevera Cotrino.

El problema va más allá de cómo vencer por la fuerza a estas organizaciones criminales, dado que estas pandillas cuentan con profundos vínculos con el poder económico y político de Haití. En el pasado, estas relaciones se intensificaban sobre todo en periodo electoral, cuando eran empleadas para intimidar a opositores políticos, movilizar o reprimir el voto en ciertas áreas, y mantener un grado de control social que beneficiara a sus patrocinadores. A cambio, las bandas recibían protección, recursos e incluso acceso a espacios de poder.

Es tentador leer la historia actual de Haití como la de unos políticos y empresarios devorados por el monstruo que alimentaron previamente. Pero pese a que las pandillas han logrado cierta autonomía gracias a los ingresos generados por los secuestros, extorsiones y el tráfico de drogas, la fusión entre crimen organizado, el poder económico y la política sigue tan viva como siempre en el país. De hecho, los siete sectores haitianos que van a nombrar representantes para el consejo presidencial propuesto por la CARICOM incluyen a partidos políticos con un largo historial de vínculos con las pandillas.

Aunque se han nombrado criterios para evitar que personas que hayan sido condenadas o acusadas de corrupción o colaboración con las pandillas participen en el proceso de transición, existen pocas garantías de que se cumplan. “La Justicia lleva años siendo disfuncional en Haití. Muchas de las personas que pueden tener vínculos creíbles con estos grupos criminales hoy ni siquiera están siendo investigados, mucho menos condenados por ello”, lamenta la investigadora de HRW. A diferencia del Estado, nada indica que los grupos criminales vayan a desaparecer de Haití.