La batalla política del terremoto: Erdogan promete 500€ a cada familia afectada

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado que cada familia damnificada por los terremotos registrados el lunes en el sur del país recibirá 10.000 liras turcas (cerca de 500 euros), al tiempo que ha afirmado que Ankara lanzará "operaciones masivas de vivienda" en las diez provincias afectadas.

Erdogan, que se ha desplazado durante la jornada a la provincia de Kahramanmaras, epicentro de los terremotos, para inspeccionar los trabajos de búsqueda y rescate y reunirse con algunos de los damnificados, ha recalcado que las actividades para construir vivienda tendrán lugar "igual que ocurrió en otras provincias en las que hubo desastres", ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

La historia demuestra que el electorado turco tiene poca tolerancia con la incompetencia en la gestión de desastres naturales. La inadecuada respuesta del Gobierno a los terremotos que en 1999 arrasaron el noroeste de Turquía y provocaron la muerte de más de 17.000 personas es el ejemplo más relevante. El entonces primer ministro, Bülent Ecevit, tardó tres días en visitar las ciudades destruidas por el seísmo y la distribución de ayuda humanitaria fue lenta y desorganizada. Además, el desastre natural puso de relieve las consecuencias de una corrupción gubernamental desenfrenada, con constantes violaciones de los códigos de construcción y la negativa del Ejecutivo de enjuiciar a los funcionarios y empresarios responsables.

El desastre de 1999 es considerado uno de los factores más determinantes, sumado a una crisis económica entre los años 2000 y 2001, del hartazgo de la población con las élites seculares y el ascenso del islamista Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), fundado por Erdogan. La formación se impuso en las elecciones en 2002 y ha gobernado el país desde entonces. Pero ahora, justo en la antesala de unas elecciones que ya se anticipaban como enormemente reñidas, el terremoto más fuerte de los últimos 80 años ha sacudido el país. Y esta vez, a diferencia de la anterior, Erdogan tiene mucho que perder.

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Aunque hoy en día Turquía está mucho mejor preparada que hace 24 años para responder a un seísmo como el del pasado lunes, esta realidad que resulta evidente en grandes ciudades como Estambul o Ankara no es necesariamente aplicable a la periferia sur del país, donde tuvo lugar el epicentro del terremoto. Las autoridades turcas aseguran que más de 12.000 miembros del personal de búsqueda y rescate están trabajando en las áreas afectadas, junto con 9.000 soldados. Sin embargo, múltiples reportes apuntan a que la ayuda a gran escala podría estar tardando considerablemente en llegar a ciudades como Hatay, Diyarbakir o Kahramanmaras, algunas de las más afectadas por la devastación.

La batalla por el relato

Ugur Poyraz, secretario general del partido nacionalista IYI, afirmó en entrevista con Reuters que, hasta el martes por la mañana, no había visto señales de rescatistas de emergencia en las zonas más gravemente afectadas. "Definitivamente, no hay coordinación de ayuda profesional (...) Los ciudadanos y equipos locales se están uniendo a las operaciones de rescate por sí mismos para salvar a las personas entre los escombros", dijo a la agencia de noticias. Su crítica fue una más en medio de un mar de recriminaciones contra el Gobierno turco que está tomando cada vez más fuerza, mientras el número de muertos asciende, superando ya los 11.200 entre Turquía y Siria.

“Las imágenes de ciudadanos turcos quejándose de la poca o nula ayuda se están viralizando y es un momento con una carga emocional altísima”, indica Eduard Soler, investigador del Cidob y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, en conversación con El Confidencial. Muchos usuarios de redes sociales también denunciaron la falta de artículos de primera necesidad, como agua, suministros médicos, mantas y tiendas de campaña.

La batalla por el relato está servida. A primera hora del martes, el director de comunicaciones presidenciales de Turquía, Fahrettin Altun, anunció el lanzamiento de una app oficial del Gobierno llamada Servicio de Informes de Desinformación, la cual permite a los usuarios denunciar a las personas que hayan “producido o difundido noticias falsas o desinformación” respecto al terremoto. El propio Erdogan, en un discurso en el que anunció un estado de emergencia de tres meses en las 10 provincias afectadas por el terremoto, aseveró, visiblemente enojado, que estaba “tomando nota de todas las mentiras y distorsiones” y que abrirá su cuaderno “cuando llegue el momento”.

El discurso supone “un indicador de que, a pesar de las voces que pedían que debían primar la solidaridad y el duelo, ya ha empezado la batalla política”, considera Soler. Para el Ejecutivo del AKP, rara vez existe diferencia entre desinformación y críticas hacia el Gobierno. Las amenazas de Erdogan traen consigo un considerable peso debido a la aprobación, hace tan solo unos meses, de una ley que castiga con entre uno y tres años de cárcel a quienes difundan información considerada falsa por las autoridades turcas.

Mientras tanto, con unos medios de comunicación controlados casi por completo por aliados del AKP, la cobertura de la respuesta del Gobierno está siendo muy favorable en los canales de televisión y periódicos turcos. El Ejecutivo está presumiendo, ante todo, del gran respaldo internacional a Turquía, con más de 70 países comprometiéndose a enviar personal, material de rescate o ayudas de cualquier tipo. La política exterior y la influencia internacional de Ankara han sido uno de los temas destacados por Erdogan a la hora de defender su gestión.

Llueve sobre mojado

Los paralelismos con las crisis que precedieron al ascenso de Erdogan al poder no se limitan a la respuesta al terremoto. El derrumbe de miles de edificios, incluido un hospital estatal, apunta a que gran parte de las normas y estándares antisísmicos, establecidos a raíz del desastre de 1999 y reforzados tras otro seísmo en 2011, han vuelto a ser ignorados.

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Las razones de este abandono de los protocolos de construcción serán examinadas con lupa durante los próximos meses. Desde la falta de atención del Gobierno central a una zona alejada de los nexos de producción industrial y de turismo hasta la corrupción ligada al boom inmobiliario turco. La fiebre del ladrillo ha sido uno de los sellos distintivos de las administraciones de Erdogan durante las últimas dos décadas, en las que complejos de edificios residenciales han crecido como setas a lo largo y ancho del país. La oposición lleva años criticando la adjudicación de contratos públicos a empresas aliadas del AKP, que habrían edificado viviendas, según sus acusaciones, que no cumplen con los estándares necesarios.

Por otra parte, Turquía atraviesa desde hace años la peor crisis económica a la que ha tenido que enfrentarse Erdogan. El valor de la lira, la divisa nacional, se ha desplomado y la inflación anual supera el 64%, dos factores que, en conjunto, han provocado que los costos de producción se disparen y que el poder adquisitivo de los ciudadanos se desmorone. Como consecuencia, la popularidad del presidente turco se ha visto erosionada, hasta alcanzar uno de los niveles más bajos de su historia como político. Los costos de reconstrucción del terremoto, que probablemente tengan que medirse en miles de millones de euros, están destinados a dar un nuevo golpe mayúsculo a la frágil economía turca.

Pese a todo, la principal esperanza de Erdogan sigue siendo un factor en que tiene poco que ver: la fragmentación de sus rivales. La principal oposición al AKP consiste en una alianza difusa de partidos de centro izquierda y derecha, conocida como la Mesa de los Seis. A escasos meses de las elecciones, estas formaciones continúan sin elegir a un candidato de consenso, muestra clara de las divisiones dentro de un grupo cuyo principal nexo de unión es el rechazo al actual Gobierno, no una visión política común.

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Por otra parte, el estado de emergencia declarado por el presidente turco, que permitirá al Gobierno limitar o suspender derechos y libertades en estas regiones afectadas, concluirá justo una semana antes del 14 de mayo, la fecha que el presidente había propuesto para la celebración de elecciones generales. Esto podría impedir a los partidos de la oposición hacer campaña en una de las zonas más importantes para recabar votos contra el mandatario.

Con cientos o incluso miles de personas todavía atrapadas bajo los escombros, aún es pronto para determinar el impacto final del terremoto, tanto a nivel humano como político. Lo que está claro es que Gobierno y oposición intentarán sacar rédito de la desgracia. El primero, presumiendo de gestión; la segunda, intentando demostrar su fracaso. “El terremoto no ha cambiado el juego, necesariamente, pero sí supone un catalizador para intensificar el debate en torno a temas que ya estaban sobre la mesa, como la corrupción, la falta de libertades, los refugiados sirios o el patriotismo”, considera Soler. El juego político será el de siempre, pero el coste de fallar, de ahora en adelante, es la presidencia.