Bruselas calcula que 'europeizar' la excepción ibérica generaría ahorros de 13.000 millones

La Comisión Europea sigue teniendo sus dudas respecto a los costes de extender el modelo ibérico de un tope al precio del gas para la generación de la electricidad a toda la Unión Europea. Sigue teniendo preguntas. Pero, en un documento de trabajo distribuido a los ministros de Energía reunidos en Luxemburgo, el Ejecutivo comunitario apunta a que los estudios preliminares arrojan un ahorro de unos 13.000 millones de euros. Cada vez más Estados miembros han solicitado que la Comisión estudiara a fondo esta posibilidad, también durante la reunión de líderes europeos de la semana pasada.

Una de las principales preocupaciones de los técnicos comunitarios es el hecho de que abaratar el gas provoque un aumento del consumo, algo que va en contra de otro de los objetivos fundamentales de la Unión en estos momentos, que es el ahorro energético. Por eso, el estudio señala que muchos Estados miembros que están a favor de esta medida apuestan por un límite de precio muy superior al que tienen establecido España y Portugal, para evitar hacerlo demasiado atractivo.

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“Varios Estados miembros han propuesto un nivel de subvención significativamente superior al que se aplica en la Península Ibérica y que limitaría el precio del gas utilizado para la producción de energía al equivalente de un precio de 100-120 euros/MWh. Esta elección del nivel de subsidio busca lograr un equilibrio entre garantizar la efectividad de la medida para reducir los precios de la electricidad y evitar que la energía a gas sea tan atractiva financieramente que aumente su uso y reduzca el uso de tecnologías alternativas de generación. Cabe señalar que al precio actual del gas (unos 60 euros/MWh), esta medida no produciría ningún resultado”, señala uno de los textos clave del documento de trabajo.

El contraste con el modelo ibérico es que el precio límite que establece el Gobierno es, de media, de unos 50 euros/MWh durante todo el tiempo de aplicación. Eso sí, incluso este tope más alto no evitaría que se produzca un aumento en el consumo del gas, que, según los cálculos del Ejecutivo comunitario, sería de entre 5.000 y 9.000 millones de metros cúbicos en toda la Unión. Pero una parte importante de este aumento se produciría por las temidas exportaciones de energía subvencionada a países terceros, por los que el éxito de la medida, admite la Comisión en su documento, “depende en gran medida de que se pueda evitar el aumento de los flujos de electricidad subvencionada a países no pertenecientes a la UE”.

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Francia, la principal beneficiaria

Aunque España no se beneficiará directamente de esta medida, al contar con un mecanismo que establece un precio más bajo, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ha expresado esta mañana su apoyo a la propuesta. “Nosotros consideramos que es nuestra obligación respaldar a esos Estados que en estos momentos están desprotegidos. Hoy por hoy, el mecanismo no es necesario que se aplique porque el precio del gas está por debajo de ese tope que introdujimos en España y Portugal, pero funciona como un reaseguro”, ha explicado en Luxemburgo.

No todos los Estados miembros están igual de interesados en esta medida, porque sus beneficios dependen mucho del peso que tenga el gas en el 'mix' energético. “El coste de la medida para los Estados miembros y/o los consumidores de electricidad depende en gran medida de la cantidad de centrales eléctricas de gas presentes en cada Estado miembro”, señala el documento de la Comisión Europea. “Los Estados miembros que dependen en gran medida de la generación de energía a partir de gas en su sistema eléctrico se enfrentarían a los costes más elevados de las subvenciones necesarias. Este sería el caso, por ejemplo, de Alemania, los Países Bajos e Italia. Se estima que el mayor beneficiario neto será Francia”, subraya el texto.

¿Cómo propone solucionar esas diferencias la Comisión Europea? El documento de trabajo establece la posibilidad de “crear un sistema europeo que redistribuya los costes de la medida entre todos los Estados miembros en consonancia con los beneficios que aporta”. Es decir, que los países que más se benefician ayuden a pagar la compensación necesaria a los Estados miembros que más esfuerzo deben hacer para implementar la medida. Sin embargo, los propios técnicos comunitarios apuntan a que este instrumento sería “difícil de diseñar” por los pocos datos que hay. La Comisión Europea, en la conclusión de su documento, señala que esta medida puede “proponerse e implementarse rápidamente”.