La Justicia europea, a punto de enturbiar la estrategia de reconciliación de Albares con Rabat
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albares lleva meses buscando un encuentro

La Justicia europea, a punto de enturbiar la estrategia de reconciliación de Albares con Rabat

No fue España, sino Marruecos, quien desencadenó la crisis bilateral cancelando, el 10 de diciembre, la cumbre bilateral de los dos gobiernos invocando la pandemia

Foto: José Manuel Albares y Pedro Sánchez. (EFE)
José Manuel Albares y Pedro Sánchez. (EFE)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció en su toma de posesión el pasado mes de julio que uno de sus principales objetivos era reforzar las relaciones con el "amigo Marruecos". Dos meses y medio después, aún no ha conseguido que su colega marroquí, Nasser Bourita, le dé cita. Ahora Albares y Bourita, pero también su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, y la Comisión Europea, están a la espera de que este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) pronuncie dos sentencias que pueden poner en aprietos la relación entre Marruecos y Europa.

Foto: Imagen: EC Diseño.

Convencido, como el propio presidente Pedro Sánchez, de que el discurso conciliador de Mohamed VI del 20 de agosto abría la puerta a una solución rápida a la crisis con Marruecos, Albares se esforzó en verano por organizar un viaje a Rabat. Se tuvo que conformar con anunciar una reunión telemática que, al final, se convirtió en una breve conversación telefónica la semana pasada en la que tampoco logró cerrar una fecha para su buscada visita a la capital marroquí.

No fue España, sino Marruecos, quien desencadenó la crisis bilateral cancelando el pasado 10 de diciembre la cumbre bilateral de los dos gobiernos, invocando la pandemia. La tensión creció después, en abril, con la hospitalización en España de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, y la brutal reacción de Rabat enviando a 10.000 inmigrantes a Ceuta. Pese a no haber sido la causante de la crisis, la diplomacia española muestra ahora mucho más interés que la marroquí en normalizar la relación.

Para lograr esa normalización Pedro Sánchez sacrificó, en julio, a Arancha González Laya, titular de Asuntos Exteriores y bestia negra de las autoridades de Marruecos por defender, por razones humanitarias, acoger a Ghali. Albares, por su parte, retiró el plácet para ser embajador en Moscú solicitado para Camilo Villarino, director de gabinete de la ministra y encargado de organizar la llegada del jefe saharaui a España el 18 de abril pasado.

Foto: Mohamed VI. (Getty)

Tras las elecciones de principios de mes, se está gestando en Marruecos un Gobierno encabezado por el multimillonario Aziz Akchnnouch, y, mientras no esté formado, un ministro en funciones, como Bourita, no puede ponerse a trabajar con su homólogo español, según señalan fuentes del entorno de Albares. Justifican así que Bourita no le haya dado aún cita. La explicación es dudosa, porque el titular de la cartera de Exteriores en Maruecos es designado por el monarca y su continuidad en el cargo no depende de la investidura.

Hay otras dos razones de peso que explican que Bourita demore su reunión con Albares y la posterior cumbre bilateral hispano-marroquí. La primera es achacable a Sánchez, cuyo discurso, la semana pasada, ante la Asamblea General de Naciones Unidas tuvo más eco en la prensa marroquí que en la española. En él defendió la tradicional postura española, desde hace un lustro, sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Abogó por una solución “mutuamente aceptable” por las dos partes y no mencionó el referéndum de autodeterminación. Pero tampoco hizo un guiño, como se deseaba en Rabat, a la propuesta marroquí de conceder una autonomía al territorio disputado en lugar de celebrar un referéndum.

Si Rabat desató la crisis fue, como mínimo, para conseguir que el Ejecutivo español se exprese en términos parecidos a los del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este califica de “ambiciosa y razonable” la oferta marroquí de autonomía para el Sáhara. Lo ideal para la diplomacia marroquí hubiese sido que España, la antigua potencia colonial, fuera más allá y secundase la iniciativa del presidente Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

Foto: Militares esperan la llegada de Joe y Jill Biden en Cornwall. (Reuters)

Antes de volver a estrechar lazos con España, el palacio real de Marruecos quiere además conocer, el miércoles, las dos sentencias del TGUE y observar cómo reaccionan sus principales socios a los pronunciamientos de la Justicia europea que, muy probablemente, no serán favorables a sus intereses. En nombre del Frente Polisario, el bufete Devers de Lyon recurrió los acuerdos de pesca y de asociación (comercial) concluidos en 2019 entre Bruselas y Marruecos.

La Corte de Justicia de la Unión Europea, un tribunal de rango superior al TGUE, ya dictaminó en diciembre de 2016 —y en posteriores sentencias de 2018 y 2019— que el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos no era aplicable al Sáhara Occidental porque esa antigua colonia española tenía un estatus separado y distinto.

La Comisión Europea trató de sortear el obstáculo negociando en 2019 nuevos acuerdos con Rabat en los que ya no se consideraba el Sáhara como parte de Marruecos. Los nuevos tratados preveían una extensión para ese territorio y estipulaban también que para aplicarlos era necesario obtener el consentimiento de la población saharaui. Al firmarlos, Rabat reconocía así que su soberanía no abarcaba a ese territorio, del que se adueñó en 1975 gracias a la Marcha Verde.

Foto: Efectivos de la Policía Nacional vigilan la verja que separa Ceuta de la localidad de Fnideq (Castillejos), el 18 de mayo. (EFE)

Varios indicios apuntan a que esa maniobra de la Comisión va a ser ahora invalidada por el tribunal. "Los dirigentes europeos trataron de sortear esa sentencia [de 2016] para complacer a Marruecos", señalaba el letrado Gilles Devers, en una reciente entrevista con el diario digital argelino 'TSA'. "Pero tenemos de verdad motivos para estar esperanzados", proseguía el abogado.

Su pronóstico se fundamenta primero en que el TGUE no puede poner en tela de juicio una sentencia de un órgano jerárquicamente superior, como la CJUE. El segundo es que el magistrado ponente, Dimitrios Gratsias, ya desempeñó el mismo papel en la redacción de anteriores veredictos, pronunciados en primera instancia, sobre Marruecos y el Sáhara. De las preguntas que formuló a las partes durante el juicio, el 3 y 4 de marzo en Luxemburgo, se deduce que sigue en la misma línea.

Entre las partes que defienden esos acuerdos está la diplomacia española, aunque esta siempre ha actuado con discreción. Sus juristas llevan años, con gobiernos del PSOE y del PP, asesorando a las asociaciones designadas por Marruecos —el Estado marroquí no se personó como tal en el juicio— sobre cómo defender mejor sus intereses ante los jueces europeos. Susana Centeno Huerta fue la abogada del Estado designada este año por Exteriores para librar la batalla en Luxemburgo contra el Polisario.

"Los dirigentes europeos trataron de sortear esa sentencia [de 2016] para complacer a Marruecos"

Por eso el letrado Devers insistía en su entrevista en 'TSA': "Hemos redactado la demanda para que [las sentencias] supongan también una gran derrota para Francia y para España a causa del daño que causan esos dos países" a la causa saharaui.

Lo más probable es que el TGUE invalide las extensiones de ambos acuerdos para el Sáhara Occidental. Reiteraría que no forma parte de Marruecos y que no se ha solicitado el consentimiento de su población autóctona. Eso significará, por ejemplo, que los productos exportados desde el Sáhara a la UE, por valor de unos 500 millones de euros anuales, deberán ser etiquetados como no marroquíes y pagarán un 20% de aranceles.

A medio plazo, la flota de pesca europea, en su gran mayoría andaluza, gallega y canaria, deberá también retirarse de las aguas del Sáhara Occidental, donde consigue el 92% de sus capturas. En la hipótesis más perjudicial para Marruecos y la UE —que no parece la más probable—, el tribunal podría ordenar la inmediata salida de esas aguas de los pesqueros y anular todo el acuerdo y no solo la extensión del Sáhara. Actuaría así ante la falta de transparencia sobre el reparto por Rabat de los 209 millones de euros que le abonará Bruselas en cuatro años a cambio de pescar en esas aguas.

Foto: El presidente de Marruecos y líder del partido islamista, Saadedín el Otmani. (EFE)

Si los veredictos le son favorables, Gilles Devers anuncia que el Polisario presentará a continuación un “recurso judicial de responsabilidad” contra la UE solicitando que se abone a los representantes de los saharauis unos 1.000 millones de euros por los aranceles y los derechos de pesca que cobró Marruecos en su lugar. También están estudiando en el bufete Devers mediante qué mecanismos jurídicos podrán intentar que Rabat devuelva a las arcas europeas los dineros indebidamente cobrados todos estos años.

¿Cómo reaccionará Marruecos a unas sentencias perjudiciales para sus intereses? ¿Aplazará la reconciliación con España o tratará de acelerarla para trabajar codo con codo con ella en el recurso de apelación que será formulado ante la Corte de Justicia? Esas son las preguntas que se hace la diplomacia española, aunque sus juristas saben que, muy probablemente, ese recurso solo servirá para ganar tiempo. Al cabo de un año, el órgano judicial superior emitirá un fallo que avalará el del TGUE.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció en su toma de posesión el pasado mes de julio que uno de sus principales objetivos era reforzar las relaciones con el "amigo Marruecos". Dos meses y medio después, aún no ha conseguido que su colega marroquí, Nasser Bourita, le dé cita. Ahora Albares y Bourita, pero también su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, y la Comisión Europea, están a la espera de que este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) pronuncie dos sentencias que pueden poner en aprietos la relación entre Marruecos y Europa.

Pedro Sánchez Comisión Europea
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