El coronavirus pone a prueba el sistema de salud más inaccesible y caro del mundo

La alerta por el coronavirus en Estados Unidos, que cuenta ya con al menos 400 personas infectadas, ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema sanitario más caro e inaccesible del mundo industrializado. La administración Trump está siendo presionada para que costee tanto las pruebas del virus como su tratamiento. Una manera, aseguran los expertos, de que los posibles afectados vayan al médico sin miedo a salir después con una factura de miles de dólares. Como le ocurrió a Osmel Martinez.

Martinez viajó a China por negocios. Cuando volvió a Miami, se encontraba mal y decidió, pese a tener un seguro de salud mediocre, ir a hacerse la prueba al hospital Jackson Memorial. Por suerte, solo se trataba de una gripe común. Dos semanas después, sin embargo, Martinez recibió la factura médica: 3.270 dólares. "¿Cómo pueden esperar que los ciudadanos normales contribuyan a eliminar el potencial riesgo de contagio si los hospitales esperan cobrarte 3.270 dólares por un simple análisis de sangre y una prueba nasal?", declaró Martinez al 'Miami Herald'.

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El afectado alega que, de no haber sido por la alerta sanitaria del virus, habría ido a una farmacia a comprar una medicina y luchar contra la gripe en solitario. La preocupación por su salud y por la de sus conciudadanos le acabó costando más de un mes de salario. La factura total, según fuentes del Jackson Memorial, incluyó una visita a urgencias y el análisis de 22 patógenos respiratorios.

Casi 30 millones sin seguro

El caso de Martinez no es excepcional. Según las últimas cifras disponibles, de 2018, en EEUU hay unos 28 millones de personas sin ningún tipo de seguro médico. Curiosamente, Osmel Martinez no pertenece a este grupo, sino al de quienes "no están suficientemente asegurados": casi la mitad de los adultos del país. Cifras que pueden poner serios baches al manejo de la crisis del Covid-19.

"Vamos a mirar a los no asegurados, porque tienen un gran problema", reconoció esta semana el presidente de EEUU, Donald Trump. Su gobierno lleva días debatiendo sobre cómo proceder. Por ahora ha anunciado que los programas públicos para las personas mayores y de bajo poder adquisitivo, el Medicaid y el Medicare, respectivamente, costearán la prueba del virus. También lo harán los seguros privados, ya que el test ha sido declarado un "beneficio esencial de salud".

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La oposición ha considerado esta medida insuficiente, ya que no aborda los tratamientos. "Los costes de miles de dólares de los análisis y los tratamientos harán que mucha gente sin seguro o no lo suficientemente asegurada evite el cuidado por los síntomas de coronavirus", declaró el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidido por demócratas. "Esto no solamente hará daño a aquellos que no se traten; también potenciará la diseminación del Covid-19".

Efecto dominó

El problema tiene muchas ramificaciones. Los pacientes ponen su salud en riesgo (y la de todos, en este caso) por motivos económicos, y también lo pagan los hospitales, que suelen correr con los costes de los pacientes que no pueden pagar. En 2017, los hospitales de EEUU se quedaron sin cobrar 38.000 millones de dólares. Son datos de la 'American Hospital Association', cuyo vicepresidente, Tom Nickel, urgió al Gobierno a cubrir a los pacientes del coronavirus. "Nadie debería tener que pensárselo dos veces para pedir una revisión o un tratamiento debido a los costes", declaró.

Otra dimensión del problema es la desprotección laboral. Estados Unidos es el único país de la OCDE cuyas leyes no garantizan la baja por enfermedad. Por tanto, según el centro de análisis WORLD, uno de cada cuatro empleados enfermos sigue yendo al trabajo para evitar quedarse sin paga. Si a esto añadimos el hecho de que el 59% de los trabajadores estadounidenses viven nómina a nómina, los incentivos se acumulan para que las personas infectadas continúen yendo a la oficina.

Entre las medidas que baraja la Casa Blanca se encuentra pagar a los médicos y hospitales a través de fondos dedicados normalmente a desastres climatológicos. Cuando el Huracán Irma causó estragos en 2017, el Sistema Médico Nacional de Desastres cubrió los costes de 85 pacientes. Según 'The Wall Street Journal', la agencia del Gobierno pagaría un 110% de los precios recogidos en el Medicare.

Siete de cada diez, a favor de la sanidad pública

Casi la mitad de los casos de coronavirus confirmados, unos 413 en 15 estados del país, se concentran en el estado de Washington. Y 14 de los 19 muertos registrados también se han dado allí. El área de Seattle ha cerrado durante dos semanas las escuelas a las que acuden cerca de 22.000 alumnos y el sistema ferroviario, Amtrak, ha intensificado los protocolos de limpieza y facilitado la cancelación de billetes.

Un nuevo análisis alerta de que en este estado del noroeste los casos reales pueden rondar los 600, debido a la falta de equipos para hacer las pruebas y a que muchos afectados pueden no haber solicitado atención médica. "El fracaso a la hora de desarrollar y distribuir 'kits' de análisis que funcionen para las agencias públicas sanitarias nos ha costado un valioso tiempo", declaró la senadora de Washington, la demócrata Patty Murray. Los ciudadanos "creen que han sido expuestos, que están enfermos, y quieren hacerse la prueba, pero no tienen adónde acudir".

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Los agujeros del sistema sanitario de Estados Unidos, cuyos ciudadanos pagan, de media y proporcionalmente a su PIB, el doble que en España, se han hecho visibles en el debate político de los últimos años. Cada vez más norteamericanos están preocupados por el coste de las medicinas y los tratamientos. Según un sondeo de 'Financial Times' y la Fundación Peterson, más de un tercio de los ciudadanos estiman que el gasto médico es la mayor amenaza para la economía.

La reivindicación del ala izquierda demócrata de crear un sistema de salud pública universal, el "Medicare para todos", ha prendido en las campañas de diferentes candidatos. Siete de cada diez personas se muestran favorables a implementar, en diferentes medidas, un modelo público de sanidad más robusto que el actual.