Objetivo PDVSA: la privatización petrolera masiva que prepara Guaidó en Venezuela

A estas alturas, a nadie se le escapa que una de las claves de todo lo que está sucediendo en Venezuela es el petróleo. La petrolera estatal PDVSA, la gallina de los huevos de oro del país, ha sido la fuente de la riqueza con que el Gobierno de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después financiaron sus programas sociales, al tiempo que su declive, impulsado por nefastas decisiones de gestión, está en el origen de la catastrófica situación actual a la que se enfrenta el país, acelerada por el desplome del precio de los hidrocarburos. Por eso, la gran batalla política de estos días se libra en torno al control del crudo venezolano.

Al mismo tiempo que EEUU ha decidido incrementar las sanciones contra PDVSA en un intento de darle la puntilla al tambaleante ejecutivo de Maduro, el líder de la oposición y presidente interino Juan Guaidó prepara una intensa reforma del sector petrolífero de Venezuela, que tiene intención de hacer efectiva cuando, como espera, consiga sacar al chavismo del poder. Entre otras cosas, las medidas incluirían una nueva ley de hidrocarburos que flexibilice el sector, una agencia estatal destinada a crear ofertas de licitación en proyectos energéticos, y una nueva regulación anticorrupción enfocada específicamente a PDVSA, según informa la consultora S&P Global en una nota para sus clientes.

Aún más específico ha sido el enviado de Guaidó en EEUU, Carlos Vecchio, en una entrevista con la agencia Bloomberg. "Queremos ir a una economía abierta, queremos aumentar la producción petrolífera", señaló Vecchio. "La mayoría de la producción petrolera que queremos incrementar será con el sector privado", añadió. El propósito de esta reforma legal será eliminar las disposiciones que ahora mismo establecen que PDVSA tiene que poseer el 51% de cualquier proyecto de explotación conjunto, una medida que puede tener sentido desde el punto de vista de la soberanía estatal, pero que en el marco del caos venezolano ha lastrado enormemente la inversión extranjera.

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"Uno de los problemas que ha habido es que el gobierno obligó a entregar las divisas que estaba generando PDVSA al Banco Central de Venezuela a un tipo de cambio muy favorable para el régimen. Eso le impidió quedarse una parte de los beneficios y reinvertirlo en sus actividades, por lo que se incrementó su dependencia de las empresas extranjeras", indica Emilio González, profesor de economía internacional en la Universidad de Comillas–ICADE. "También se le obligó a aprobar un fondo de transferencia de rentas a la sociedad venezolana, que no eran sino subvenciones para comprar el apoyo a Maduro, y a transferir parte de la producción a países con los que el régimen de Chávez y Maduro tenía una relación especial: Bolivia, Ecuador, Nicaragua en cierto modo, y un trato especial a Cuba, a quienes se enviaba petróleo a precios irrisorios o como donación".

"Esto ha llevado a una descapitalización completa de PDVSA, que ahora necesita adquirir tecnologías, teniendo en cuenta además que el petróleo de Venezuela procede de arenas bituminosas que requieren tecnologías especiales. De modo que la recuperación pasa por una recapitalización o un acceso a la tecnología que solo es posible si se abre al capital extranjero", comenta González. "Por otro lado, esto además dificultará que en el futuro posibles gobiernos puedan utilizar PDVSA con fines políticos, como ha ocurrido con Chávez y Maduro", afirma.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, un 17,6% del total. A pesar de ello, hoy ni siquiera puede cumplir con su cuota ante la OPEP de 1,97 millones de barriles diarios. El país alcanzó su máxima producción petrolera en 1998, justo antes de la victoria electoral de Hugo Chávez, con un pico de 3,5 millones de barriles diarios. Desde entonces, el declive ha sido constante. Ahora mismo, Venezuela está produciendo apenas 1,3 millones de barriles al día —el mínimo desde hace 69 años— y se espera que, de no ponerse en marcha medidas de gran impacto, caiga por debajo del millón de barriles en 2019.

Historia de un desastre anunciado

Uno de los motivos principales es la hemorragia constante de personal cualificado y la falta de reinversión en actualizaciones tecnológicas y mantenimiento. Entre 2002 y 2003, muchos empleados de PDVSA llevaron a cabo una serie de huelgas que el Gobierno de Chávez consideró de índole política, y que se saldaron con el despido de 19.000 trabajadores experimentados y su sustitución por leales al chavismo. Los técnicos petrolíferos despedidos se dirigieron a otras latitudes, como Houston o el Golfo de México, pero esta fuga mermó enormemente las capacidades del país de extraer el crudo venezolano, de carácter pesado. Para paliar esta carencia, Venezuela invitó a empresas petroleras internacionales a participar en el proceso. ExxonMobil, BP, Chevron, Total, ConocoPhillips y Repsol realizaron grandes inversiones en tecnología e infraestructuras de extracción, las mismas que no estaba realizando el estado venezolano.

No obstante, en 2007, con la explosión de los precios del petróleo, Chávez intentó modificar los acuerdos firmados con estas compañías para incrementar todavía más los beneficios. La mayoría lo aceptó a regañadientes, pero no así ExxonMobil ni ConocoPhillips, cuyos activos fueron expropiados. Ambas empresas llevaron el caso ante un panel de arbitraje del Banco Mundial, que falló a su favor, pero sin demasiados efectos prácticos.

"El Gobierno de Chávez no supo apreciar el nivel de inversión de capital que se requiere para seguir desarrollando el petróleo del país. Eso se debió no poco a la inexperiencia entre sus leales que ahora dirigían PDVSA, pero podría haber dado igual en cualquier caso", escribe el ingeniero petrolífero Robert Rapier en la revista Forbes, en uno de los artículos que mejor explica este fenómeno. "Cuando los precios del petróleo estaban altos, Chávez recibió miles de millones de dólares que podían ser extraídos para financiar los programas sociales del país, y eso es exactamente lo que hizo. Pero fracasó a la hora de reinvertir adecuadamente en esta industria, que requiere capitales intensivos", indica Rapier.

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El petróleo cubre la mitad del presupuesto nacional y supone más del 90% de las exportaciones de Venezuela. Sin embargo, la caída de la producción tan solo entre 2014 y principios del año pasado le supuso al país unas pérdidas de más de 62 millones de dólares diarios, lo que da una idea de la tragedia que este declive ha supuesto para las arcas del país.

La situación, además, se ha agravado desde el nombramiento en noviembre de 2017 del general de la Guardia Nacional Bolivariana Manuel Quevedo como administrador de PDVSA, quien a su vez ha designado a sus leales para los cargos principales, lo que ha supuesto la entrada masiva de los militares en el sector petrolífero. La decisión, lejos de tener un carácter práctico, parece motivada por razones ideológicas: "Quiero una PDVSA socialista. Una PDVSA ética, soberana y productiva. Tenemos que romper este modelo de petrolera rentista", declaró Maduro a principios del año pasado.

El valor de la empresa petrolífera pública no deja de desplomarse: se espera que caiga a los 20.900 millones de dólares en 2019, un cuarto de los 89.000 millones en los que se tasaba PDVSA en 2008, según sus propias cuentas. Durante la gestión de Quevedo, además, la producción ha caído un 20% adicional.

Comprar lealtades

"Esto fue un intento de ganarse a los militares a favor de un gobierno de Maduro muy discutido y en el que incluso ha habido rumores de un posible golpe de estado. Era una forma de tratar de desactivar esa situación", comenta González. "Los militares no son precisamente los mejores para llevar a cabo una gestión de este tipo, que se tiene que hacer con criterios empresariales. Saben de temas militares pero no de dirigir una entidad comercial de este tipo, así que lo mejor es devolverlo a manos privadas para que cada uno haga lo que mejor sabe hacer", dice.

"Con el traspaso lo que se intentó fue imponer un sistema de régimen militar para evitar la corrupción. Pero no funciona", asegura este experto. "Al final, la gente trabaja por un salario digno, pero con una situación de hiperinflación como la que vive Venezuela, que afecta también a esos militares, es muy difícil tener un salario digno. Como existe además un doble sistema de divisas y no divisas, la tentación de desviar dinero para otros fines son muy grandes, y así está ocurriendo", comenta.

Según un extenso reportaje de la agencia Reuters publicado a finales de diciembre, los soldados encargados de custodiar las instalaciones y orquestar las transferencias de crudo a menudo piden sobornos a los clientes para firmar los papeles necesarios. Además, el malestar entre la plantilla se ha disparado después de que varios incidentes —debidos, según los trabajadores, al mal mantenimiento de las instalaciones— se hayan saldado con empleados detenidos por los servicios de inteligencia bolivarianos y acusados de sabotaje intencionado.

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Pero los problemas son evidentes incluso para Quevedo, quien está tratando de abrir PDVSA a inversiones limitadas de algunas compañías extranjeras, siempre respetando el límite del 51% de propiedad para la empresa pública. Algo que va en contra de lo que los Gobierno de Chávez y Maduro han impulsado hasta ahora, tratando de conseguir la nacionalización de toda la industria petrolera de Venezuela, pero también de los planes de Guaidó, que busca un proceso mucho más en línea con los procesos de libre mercado de otros países. Según documentos obtenidos por Reuters, las compañías implicadas "han logrado acuerdos por seis años para operar algunos yacimientos petroleros en beneficio de PDVSA a cambio de impulsar la producción, financiar las inversiones y aportar equipación".

González, sin embargo, cree que una privatización más amplia como la que propugna Guaidó será más positiva: "Es una forma mejor de defender la continuidad futura de PDVSA. Y tiene todo el sentido del mundo, porque el Gobierno de Venezuela puede beneficiarse de esta situación a través de los impuestos que genere su actividad, y tendrá más recursos a su disposición, al tiempo que PDSA es una empresa moderna que puede producir y exportar más y de forma más eficiente de lo que lo está haciendo debido a las cargas de naturaleza política que arrastra", comenta.

Para complicar aún más las cosas, la imposición de nuevas sanciones estadounidenses a finales de enero prohíben a las refinerías de EEUU que sigan importando petróleo de Venezuela, ahora mismo alrededor de 600.000 barriles al día. No obstante, para no perjudicar a la industria nacional, estas refinerías podrán seguir trabajando normalmente durante unos meses, pero los pagos serán retenidos en EEUU, privando así al régimen de Maduro de la que ya es prácticamente su única fuente solvente de divisas. "El impacto de las nuevas sanciones promete ser feroz. Venezuela depende en alrededor de un 98% de las ventas petroleras para los ingresos gubernamentales, así que privar al régimen de las ventas actuales y de la habilidad de extraer más crudo amenaza la capacidad de Maduro de utilizar el petrolero para asegurarse la lealtad del ejército y sus acólitos y de ganarse el apoyo popular financiando programas sociales", señala un artículo de la publicación Foreign Policy.

"Matarlos de hambre"

Esa pausa, además, indica que las autoridades estadounidenses creen que no será necesario que las refinerías estadounidenses lleguen a detener su actividad, porque su apuesta es lograr que Maduro se vaya antes de que se llegue a ese punto. Como dejó claro el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, las sanciones serán levantadas si Guaidó u otro líder "elegido democráticamente" llega al poder en Venezuela. Algo de lo que también se beneficiarán las compañías estadounidenses. "No queremos que a los negocios estadounidenses les pille de sorpresa", afirmó John Bolton hace dos semanas en una entrevista con Fox News. "Habrá una gran diferencia para Estados Unidos económicamente si podemos hacer que las empresas petroleras estadounidenses inviertan y generen capacidades petroleras en Venezuela. Será bueno para el pueblo americano y será bueno para el pueblo venezolano", aseguró.

Pero esto ha llevado a muchos a concluir que EEUU está apoyando un cambio de régimen en Venezuela para asegurarse el acceso a las reservas petrolíferas del país. "Las nuevas sanciones de Trump contra Venezuela no son otra cosa que un sabotaje económico diseñado para forzar un cambio de régimen matando de hambre a la misma gente a la que aseguramos estar ayudando", aseguró a finales de enero la senadora demócrata Ilham Omar. Y esta voz está lejos de ser la única, incluso en Estados Unidos, que ve las cosas de esta forma.

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Sea como sea, la Administración Trump está decidido a ir a por todas, y para ello ha optado por golpear donde más duele: bloqueando los fondos de Citgo, la filial estadounidense de PDVSA, por valor de 7.000 millones de dólares. Esta semana, la Asamblea Nacional venezolana, dominada por la oposición, decretó el nombramiento de una nueva junta directiva, desplazando al presidente Asdrúbal Chávez (primo del fallecido líder chavista), que tiene la entrada prohibida a EEUU. Esto ha abierto un nuevo frente legal: al día siguiente, el Tribunal Supremo, controlado por el Gobierno de Maduro, congeló las cuentas de los recién nombrados y les prohibió salir del país para someterles a una investigación. No obstante, González cree que la maniobra opositora tiene muchas posibilidades de prosperar. "El Gobierno de Maduro no va a poder hacer nada, porque los activos están en el exterior y no tiene control ninguno sobre ellos", indica.

Carlos Vecchio ha insistido en que un futuro Gobierno poschavista hará honor a todas las deudas "legales", pero se reserva el derecho de cancelar todos los acuerdos internacionales que no hayan sido sancionados por la Asamblea Nacional. Y esto puede afectar directamente a Citgo, puesto que casi la mitad de sus acciones son propiedad de la empresa rusa Rosneft, adquiridas a precio de saldo como compensación por otras deudas. Pero si algo no quiere EEUU es ver a Rusia integrada en el sistema energético de su país, y según algunas fuentes va a presionar fuertemente a la Asamblea Nacional en ese sentido.

La "toma" de Citgo, en todo caso, "supone más presión todavía para forzar a Maduro a permitir que entre la ayuda humanitaria", dice González. "De todos modos, ellos no estaban usando las divisas para paliar la carestía. La situación es tan desastrosa, por ejemplo, en el sector de la agricultura, que Venezuela necesita importar el 65 % de alimentos que consume, y el 100% de los medicamentos", comenta este experto, que concluye: "Esto puede ser, no sé si el golpe final, pero sí uno de los últimos clavos en el ataúd de Chávez y Maduro".