La red narcopolicial que pone en jaque a Argentina

Los escándalos por narcocorrupción han sacudido Argentina en los últimos años. El país, que hasta los 90 supo mantenerse al margen del mapa narco regional, se ha convertido en el tercer exportador de cocaína del planeta. La preocupación en torno al tema es tal que el Ministerio de Seguridad creó la Subsecretaría de lucha contra el narcotráfico y el actual presidente, Mauricio Macri, ubicó el tema en el centro de su discurso durante su campaña a finales de 2015. En los últimos dos años, varias denuncias y operativos dejaron en evidencia la existencia de un mecanismo de narcocorrupción en las fuerzas de seguridad. En la actualidad, se celebra el juicio contra una supuesta red de agentes que colaboraba con narcos en la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los procedimientos contra la narcocorrupción policial más importantes de la historia del país. El Confidencial asistió a una de sus sesiones.

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Cuando “el Enano” Cabral, ex alto cargo del departamento antidrogas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, esposado y flanqueado por dos agentes armados, me vio a la salida del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín, 20 kilómetros al noroeste de la capital, sonrió, se acercó con la anuencia de sus carceleros y saludó a esta reportera con un beso en la mejilla. Ya nos conocíamos. Dos años atrás lo había entrevistado en una finca a media hora en coche de donde hoy está siendo juzgado, junto a otros siete policías, por integrar una supuesta red de agentes que protegía a narcotraficantes en la "villa" -así se llama a las favelas en Argentina- La Cárcova, en la Provincia de Buenos Aires.

En aquel momento, estaba prófugo y había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre: si él caía, caían todos. Iba a denunciar por narco-corrupción ante los medios y ante la justicia a la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires, la fuerza de seguridad más importante del país, con más de 100.000 efectivos responsables de la seguridad del 40% de los argentinos. La aparente pataleta tenía un propósito más elevado: Gabriel Cabral estaba convencido de que sus compañeros iban a matarlo para silenciarlo. Tenía la esperanza de que, si hacía pública su acusación, tal vez podría ver crecer a su hija. Apuntó alto, a la cabeza de Pablo Bressi, el entonces Jefe de Policía, antes número 1 de la División Antidrogas de la Fuerza.

Las apariciones mediáticas del “Enano” llevaron la narco-corrupción de las fuerzas de seguridad al centro del debate social y político y fueron el pistoletazo de salida de una carrera de obstáculos que Bressi estaba condenado a perder. En abril de 2017, un año después de las denuncias, el 'número uno' de la policía se vio forzado a renunciar. Para entonces, Cabral había sido capturado y llevaba ocho meses en prisión. Estas semanas, en el que es uno de los juicios contra la narco-corrupción policial más importantes de la historia argentina, se decide su futuro.

Sentado en una silla de estructura metálica y respaldo de cuero, en una de las esquinas de la sala, Cabral conversa con dos de sus cuatro abogados antes del inicio de una de las últimas sesiones del debate oral, que se prolonga desde diciembre pasado. Está más delgado, 55 kilos de hueso y ojeras. Junto a él, en siete asientos idénticos pegados a la pared, el resto de la supuesta banda de narcopolicías: el Comisario Mayor José Luis Santiso, Daniel Alberto Gil, José Roberto Cano, Mario Maruri, Ezequiel Francisco Mautouchet y Carlos César Aguirre. La mayoría está en la treintena y sus cortes de pelo imitan a los de futbolistas de primera división. Visten de civil, con vaqueros, forros polares de colores y zapatillas deportivas. En las cárceles argentinas no hay recursos para uniformar a los presos.

Antes de la llegada de los jueces, algunos hablan entre ellos y con sus abogados. El ambiente es distendido, por momentos se ríen. No están esposados, y así seguirán hasta que finalice la sesión y los cuatro agentes de la Dirección de Traslados del Servicio Penitenciario Federal que los vigilan los escolten hasta el furgón que los llevará de vuelta al Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz II, donde permanecen detenidos. Están acusados de colaborar con una banda de narcotraficantes liderada por Ceferino Benítez, dueño y señor de La Cárcova, donde unas 12.000 almas cohabitan con la basura que se desprende del Ceamse, el mayor vertedero de la capital porteña y de la Provincia de Buenos Aires.

La red de agentes habría asegurado la venta libre de droga a la gente de Ceferino y eliminado a la competencia. En el argot, esto se conoce como “liberar la zona”. El descubrimiento de la narco-banda policial fue casual, las escuchas telefónicas en el móvil de Ceferino fruto de la investigación que pesaba sobre él señalaron directamente a los policías. La denuncia de un vecino del barrio y el testimonio de un arrepentido -se cree que un narco apodado ´mate cocido´- fortalecieron la acusación. Aunque el contenido de las cintas no puede trascender aún por el Secreto de Sumario, la rotundidad de la prueba llevó a la jueza de instrucción Alicia Vence a ordenar la detención de los acusados y al fiscal federal Jorge Sica a pedir la elevación a juicio.

Durante décadas, existió un dudoso código moral en la policía argentina. Se podía recaudar 'dinero negro' del juego e incluso de la prostitución, pero el narcotráfico era un campo de minas sobre el que los agentes no estaban dispuestos a poner un pie. A partir de los 90, con el florecimiento de las bandas de narcotraficantes, cuyos líderes en algunos casos eran ex combatientes peruanos de Sendero Luminoso, esta tradición no escrita empezó a quebrarse: el dinero del narcotráfico empezaba a ser demasiado como para mirar hacia otro lado, y aún sería más.

Los casos de sobornos vinculados con estas bandas se hicieron moneda corriente y hoy la narco-corrupción está anquilosada en las fuerzas de seguridad del país. A cambio de una cuota mensual que para comisarías o departamentos suele oscilar entre los 100.000 y 150.000 pesos al mes -entre 24.000 y 36.000 euros-, los agentes dispuestos a venderse despliegan su poderío en favor del narco que haya sabido acogerse al plan, es decir, casi todos. Entre sus tareas, mirar hacia otro lado para permitir la venta de droga en un territorio determinado, eliminar a la competencia, falsificar u ocultar pruebas, implementar investigaciones cuestionables o evitar las pertinentes, liberar a detenidos, pagar información con droga o recolectar el dinero del narco de turno para trazar su ruta 'oficial' en estricto orden jerárquico.

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Iván Ruiz. Buenos Aires

Cuando en diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación y María Eugenia Vidal el gobierno de la Provincia de Buenos Aires -el segundo cargo más importante del país- bajo la promesa de luchar contra el narcotráfico, el ascenso de Pablo Bressi a la jefatura de la Fuerza provincial sorprendió a muchos. Hasta entonces, había sido 'número uno' de la División Antidrogas de la Policía Bonaerense -como también se conoce a la Policía de la Provincia de Buenos Aires- y sobre él pesaban sospechas de corrupción. No obstante, desde entonces, Asuntos Internos ha expulsado a cerca de 9.000 agentes de la Bonaerense, desde comisarios generales a policías locales, por narco-corrupción y otros delitos.

Delante de los acusados, sus respectivos abogados -once en total y hoy no han venido todos-, se amontonan blindados por una fila de escritorios y mesas auxiliares empapelados con los cuerpos de la causa. Damián Odetti, abogado especializado en anticorrupción y principal representante de Cabral, asegura que quiere redimirse, que “el Enano” -quien no es denominado así por su defensor- ya no tiene miedo. Quiere seguir hablando aún a riesgo de su propia vida. Se le acusa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y de ayudar en la entrega de dinero del narco Ceferino Benítez a un agente antidroga. Hasta ahora, Cabral siempre lo negó. Habrá que ver si sigue haciéndolo. Como él, hay otro imputado que está contra las cuerdas, el acusado número nueve, Víctor Gutiérrez, un civil que se hizo pasar por policía durante años con el consentimiento de algunos de sus ´colegas´. Se le acusa de formar parte de la organización narcocriminal con la que se vincula a la red de agentes, de extorsionar a narcos y de ser intermediario del dinero entre Ceferino y sus falsos compañeros.

La 'caja negra' de la policía

Los mitos de la existencia de la ´caja negra´ de la policía y de que el dinero recaudado a través de sobornos para permitir el narcotráfico y otros delitos ´sube´, se confirmaron el 1 de abril de 2016. Tras recibir una llamada de alguien que se identificó como un agente anónimo y que aseguró que el primero de cada mes ingresaba en la sede de la Jefatura Departamental de la ciudad de La Plata el dinero de la recaudación ilegal de la zona, Asuntos Internos allanó el edificio. Encontró 36 sobres con más de 150.000 pesos en total -6.000 euros- procedentes de la mayoría de las comisarías de La Plata. Fueron encontrados en la oficina del secretario de Darío Camerini, el Jefe Departamental, que fue apartado de su cargo y detenido tras el operativo, junto con siete comisarios.

Los sobres estaban rotulados con las comisarías de origen y en algunos casos con los nombres de los agentes que presumiblemente los remitían. En varios, se explicitaba el delito por el que fueron obtenidos, entre ellos el narcotráfico. Uno de los envoltorios, el que más dinero tenía -30.000 pesos, 1.200 euros-, era para alguien identificado con la letra ´G´. En aquel momento, el superintendente de la región era Fernando Grasso. Nunca pudo demostrarse que fuera el destinatario. Según los cálculos de los investigadores, la recaudación ilegal de la departamental, una fracción de la famosa 'caja negra', podría rozar los 5 millones de pesos al mes, más de 200.000 euros.

Para Guillermo Berra, auditor general de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, “es un caso emblemático porque pudimos demostrar que el mito es verdad, que los sobres con plata existen, que son producto de una recaudación y que se maneja en un sistema de cebolla, donde la plata va subiendo”. En enero de 2017, los comisarios fueron excarcelados. Todos excepto uno, Federico Jurado, que fue hallado muerto unos días antes en su celda en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. La autopsia determinó que falleció por un “síndrome asfíctico”. A pesar de las dudas de la defensa, el Ministerio de Justicia de la provincia confirmó que “las causas de la muerte serían naturales”.

El poder del combo narco-policía

El poder del combo narco-policía es tal que ni siquiera la Gobernadora Vidal, una de las políticas con más poder de Argentina -su nombre resuena con fuerza en las quinielas de las próximas elecciones presidenciales- pudo librarse de las amenazas después de la primera auditoría de control realizada por Asuntos Internos a dependencias narcos de la policía de la provincia, en Octubre de 2016. En la actualidad, Vidal reside en una base aérea militar junto con sus hijos.

En abril de 2017, Pablo Bressi presentó una carta de renuncia en la que alegaba motivos familiares. Los titulares de los medios no dudaron en afirmar que la Gobernadora le obligó a renunciar. Era un secreto a voces. Su lugar lo ocupó su 'número dos', Fabián Perroni. Las investigaciones sobre Bressi no han prosperado hasta la fecha y los casos de narcocorrupción siguen a la orden del día.

Rolando Graña, periodista de investigación de América TV que lleva años denunciando la narcocorrupción, explicó el mecanismo por el que, asegura, las fuerzas de seguridad regulan el narcotráfico en el país desde hace décadas: “La policía en Argentina es el ente regulador del delito, no el ente represor. Los policías dejan pasar el delito que les conviene porque reciben dinero y cuando ese delito pasa a ser algo que los molesta, ahí los meten presos. En Argentina no hay grandes capos narcos como el Chapo Guzmán. La propia policía nunca deja que ninguna banda crezca demasiado, hasta el punto que le dispute el poder. Los narcos argentinos tienen dos opciones, o con el dinero que ganaron se retiran, o crecen demasiado, van presos o los matan”.

Tras el final de la sesión, uno a uno, los policías abrazan a sus abogados y se despiden de ellos hasta el próximo día fijado para la vista oral. Los funcionarios de prisiones los esposan y custodian, uno a uno, hasta el furgón policial. En fila, despacio, van subiendo a la parte trasera. Justo antes de que desaparezca detrás de la puerta lateral del vehículo, mi mirada vuelve a cruzarse con la de Cabral. Ante la inminencia de la vuelta a la cárcel “el Enano” no está para saludos. En unos días, todo habrá terminado y Gabriel y sus compañeros tendrán que esperar algunas semanas para saber los días que tendrán que seguir tachando en los muros de sus celdas. En el caso de Cabral, probablemente sean años. Resignado, probablemente el único miedo que le quede al “Enano” sea que sus días terminen entre las cuatros paredes de su celda gris.