'Maldita policía': el hueso duro que nadie quiere roer en la campaña electoral argentina

A los electores argentinos les preocupa la inseguridad ciudadana. Robos y asaltos, pero también por la creciente presencia del narcotráfico en el país, especialmente en la ciudad de Rosario. En el debate televisado del pasado domingo, que colocó frente a frente al candidato oficialista, Daniel Scioli (Frente para la Victoria, FpV) y al conservador Mauricio Macri (alianza Cambiemos), esta cuestión ocupó, como se esperaba, un lugar central. Sin embargo, más allá de un brevísimo comentario de Macri, ninguno de los dos candidatos a ser el próximo presidente de la Argentina se atrevió a nombrar la raíz del problema: la corrupción generalizada de las fuerzas policiales, que llevó a la Policía Bonaerense a ganarse el apelativo de la 'Maldita Policía'.

Amnistía Internacional denunció en un informe de 2015 “la persistencia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrada por agentes estatales” en comisarías y centros de detención. Torturas que, en algunos casos, han terminado en muerte y desaparición forzada. Es lo que le ocurrió a Luciano Arruga, un joven que a los 16 años fue torturado en comisaría y que, unas semanas después, fue desaparecido. La justicia consideró probados los hechos en un histórico fallo, el pasado mes de mayo, en el que el tribunal condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión por torturas a Arruga. Corría el año 2008, y desde entonces su familia se ha mostrado convencida de que Luciano recibió ese castigo macabro y criminal por negarse a robar para la policía, una práctica que, según varias denuncia, es frecuente en barios pobres y periféricos de las grandes ciudades.

El caso de Luciano evidenció la existencia de una lacra en el seno de las fuerzas policiales que resulta muy incómoda para los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales. Es, tal vez, la punta del iceberg, la arista más extrema de una red de corrupción generalizada que han evidenciado muchas investigaciones; todas ellas apuntan a la existencia de una caja B en cada comisaría, en la que se recaudan los porcentajes de las ganancias de las actividades criminales en las “zonas liberadas”, es decir, aquellas en las que la policía deja de intervenir para permitir ciertos delitos.

Así sucede con los prostíbulos: aunque la ley los prohíbe, todo el mundo sabe dónde están y, muchas veces, que allí son explotadas mujeres traficadas desde las zonas más pobres del país o desde estados vecinos. Susana Trimarco, la madre de la desaparecida Marita Verón, pasó años recorriendo prostíbulos y evidenció la resistencia de policías, gobernadores y jueces a que avanzase su investigación. La realidad, que casi todos saben pero nadie quiere enunciar, es que los dueños de los prostíbulos pagan sobornos a los agentes de la policía, que les deja funcionar libremente mientras castiga a las prostitutas que hacen calle, a pesar de que lo que prohíbe la ley argentina es el proxenetismo y no la prostitución.

Cuando el estado ejerce de mafia

Para el sociólogo Matías Dewey, no se trata de corrupción, un término que remite a la moralidad de los actores sociales, sino del modo mismo en que la construcción de poder estatal y gubernamental en Argentina está íntimamente ligada a la expansión de mercados que operan fuera de la ley, se trate del narcotráfico, la trata de mujeres para su explotación en prostíbulos y el mercado de autopartes procedente de vehículos robados, o bien negocios más tolerados socialmente, como la venta ambulante y las cuevas a las que los argentinos acuden a comprar dólares.

“La zona liberada ha sido y es una técnica ilegal de ampliación del poder estatal”, afirma Dewey, autor del ensayo 'El orden clandestino' (Katz, 2015). El sociólogo argentino sostiene que, con la connivencia de amplios sectores de la polícia, se ha consolidado un orden clandestino que permite “comparar a ciertos sectores del Estado argentino con la mafia siciliana o la rusa”, entendiendo por mafia “una empresa económica dedicada a la venta de una mercancía muy valiosa: la protección privada”. La tesis de Dewey es que la mafia no es un grupo ajeno al Estado, sino que es el propio Estado el que adopta características mafiosas y termina vendiendo protección a dos clientes con intereses opuestos: ciudadanos y delincuentes.

La investigación de Dewey se centra en el caso de La Salada, una enorme feria informal de indumentaria a la que acuden comerciantes de todo el país, que se celebra dos veces por semana al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hay quien la llama “el shopping de los pobres”: allí se vende ropa a un precio asequible para las clases populares, y fabricada en talleres informales, en gran medida, operados por inmigrantes. La Salada genera empleo y alienta el consumo, mientras el Estado, lejos de estar ausente, está bien presente: cobra religiosamente una especie de impuesto que se paga en todas las ferias ilegales del país. Los agentes policiales recaudan mensualmente nada menos que 772.000 dólares al mes, que fluyen en diversas direcciones, según las estimaciones de Dewey.

Difíciles son de corroborar esos cálculos, pero lo que sí pudo confirmar esta reportera es que los comerciantes que despliegan sus mantas en el porteño barrio de Once pagan hasta 5.000 pesos al mes (el precio del alquiler de un apartamento) para que la policía les permita vender allí, y ni aún así evitan ser objeto de periódicas incautaciones. Pero de esto no se habla, y menos en campaña electoral...