La mano dura de Macri: Argentina recrudece las medidas contra los movimientos sociales

En la mañana del 14 de diciembre, un vasto dispositivo de seguridad en torno al Congreso de la Nación anunciaba la intención del Gobierno de Mauricio Macri de responder con contundencia a las movilizaciones convocadas a las 14 horas, cuando estaba prevista la votación de la ley de reforma previsional, que supondría una reducción de las pensiones de los argentinos. Las muchas organizaciones sociales y sindicatos que llamaron a las movilizaciones no se dejaron amedrentar: miles de personas salieron a las calles. Se esperaba una dura represión, pero la realidad superó el peor de los pronósticos. Una veintena de detenidos -incluidos periodistas y diputados-, decenas de heridos, balas de goma, gases lacrimógenos y un escenario de guerra que quedará en la retina de los argentinos.

Al otro lado de las vallas, en el interior del Congreso, la situación era tan tensa como en las calles. Tanto, que finalmente, hacia las 15:10 horas, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió anunció la suspensión de la sesión, argumentando que no se podía celebrar en un ambiente de violencia. La presión de las calles, ayer y también el miércoles, cuando una masiva manifestación promovida por organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), tomó las calles de la capital, y se saldó también con episodios represivos, si bien mucho menos brutales.

Durante toda la tarde de ayer, y pese a la suspensión de la sesión parlamentaria, efectivos de la Gendarmería -una fuerza de seguridad que responde a las órdenes del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich-, armados hasta los dientes, con máscaras de gas, que parecían salidos de las trincheras de la primera guerra mundial, seguían disparando balas de goma, aunque al otro lado prácticamente no quedaba nadie, apenas unas pocas personas que tiraban piedras.

“Desde 2001 no hay una represión de este tipo”, subrayaba uno de los periodistas del canal televisivo Crónica. En la memoria de todos está la brutal actuación policial de aquellos tiempos, concentrada en los días 19 y 20 de diciembre de 2001; por entonces, en medio del grito “Que se vayan todos”, 40 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad. Aunque por fortuna estos días no ha sucedido nada comparable, persiste el temor a una escalada.

Hacia el final de la tarde, comenzaron los rumores de que el Gobierno macrista aprobaría la reforma previsional por Decreto Nacional de Urgencia (DNU). Aparentemente, tras un tira y afloja dentro de Cambiemos, la coalición oficialista, el presidente Mauricio Macri respondió posponer la votación de la reforma previsional al próximo lunes.

Ciudad militarizada

Llovía sobre mojado. La ciudad llevaba militarizada desde el lunes, con la disculpa de la Semana Global de Acciones contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), en repudio de las negociaciones de la Cumbre que albergó Buenos Aires entre el 11 y el 13 de diciembre. La manifestación del martes en rechazo a los tratados de libre comercio que trata de impulsar la OMC se saldó con cargas policiales y dos detenidos.

Las semanas precedentes ya habían saltado las alarmas, cuando las autoridades argentinas negaron la entrada al país a los activistas que llegaban al país para formar parte de la Cumbre de los Pueblos que, en paralelo a las reuniones de la OMC, reunió en Buenos Aires a cientos de activistas y académicos. Numerosas organizaciones recibieron una comunicación del Jefe de Relaciones Exteriores de la OMC, Bernard Kuiten, informándoles de que, “por razones sin especificar”, las autoridades argentinas habían decidido negarles la acreditación. El noruego Petter Slaatrem Titland, activista de Attac, y Sally Burch, una periodista británica y residente en Ecuador, fueron deportados; el activista noruego pudo finalmente entrar al país, tras la presión por parte de las embajadas y de las organizaciones.

La sensación en Argentina es la de que hubiera estallado una olla a presión. “Las movilizaciones en las calles en Buenos Aires han sido parte de la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos; hoy, el gobierno quiere destruir esa forma de participación. Se quiere reducir la democracia a lo mínimo, para que los ciudadanos sean consumidores y pagadores de impuestos obedientes, pero no personas que viven la política como un proceso activo de participación e interpelación al Estado”, argumenta la economista feminista Natalia Quiroga.

Los hechos se suceden, además, con gran celeridad. Los argentinos no habían terminado de asimilar la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado el 17 de octubre -80 días después de su desaparición durante una protesta de la comunidad mapuche en Chubut, a la que la policía hizo frente con gran violencia-, cuando el 25 de noviembre murió a causa de una herida de bala, disparada por la espalda de las fuerzas de la Prefectura Naval en Bariloche, el joven mapuche Rafael Nahuel.

“Lo que le sucedió a Santiago es una forma de amedrentar, para impedir que se apoye la lucha mapuche. Esto se relaciona con el avance de las fronteras extractivas -el agronegocio, la mina, el fracking-, en el marco de una economía globalizada que recluye a América Latina al papel de explotar y exportar sus recursos naturales”, sostiene la activista Graciela Rodríguez, participante de la Red de Género y Comercio, y enfatiza la voluntad del gobierno de debilitar la protesta social infundiendo miedo. Por el momento, la población no parece amedrentarse; pero sí han convertido las marchas, que hasta hace poco se vivían en Argentina en un ambiente familiar y festivo, en un evento peligroso al que niños o mayores ya no pueden sumarse.