MILLONES DE TRABAJADORES ESTATALES EN LA PICOTA

Arrestos "sin garantías" para funcionarios: la nueva receta anticorrupción de China

El Gobierno de Xi Jinping ha creado la llamada Comisión de Supervisión Nacional, un nuevo organismo destinado a luchar contra las actividades ilícitas de miembros del PCCh

Foto: El personal de seguridad instala una vaya alrededor del Gran Salón del Pueblo antes del Congreso Nacional Popular en Pekín, el pasado 2 de marzo de 2018. (Reuters)
El personal de seguridad instala una vaya alrededor del Gran Salón del Pueblo antes del Congreso Nacional Popular en Pekín, el pasado 2 de marzo de 2018. (Reuters)

Seguramente Yang Guilan no se considere un tipo con suerte. Yang, un contratista oriundo de Guangzhou, en el sur de China, fue detenido después de aceptar sobornos por valor de 574.000 yuanes (unos 73.000 euros) mientras trabajaba de manera temporal para el gobierno local. Ahora Yang se ha convertido también en uno de los ejemplos usados por los medios oficiales chinos para justificar la creación de un nuevo órgano anticorrupción, destinado a investigar casos como el suyo. “Al no ser un miembro del Partido [Comunista de China], Yang no era supervisado ni por la agencia de inspección disciplinaria del Partido ni por la agencia de supervisión de la administración”, explicaba la agencia de noticias estatal Xinhua.

Ante esta situación, la sesión parlamentaria anual del país, que finalizó el pasado martes, ha aprobado la creación de una nueva ‘superagencia’ destinada a investigar casos de corrupción entre todos los empleados de instituciones públicas. A la práctica, la medida supone que millones de trabajadores del Estado puedan acabar sufriendo en sus carnes las temidas prácticas de detención e interrogación que hasta ahora sólo eran aplicables a los miembros del Partido Comunista de China (PCCh).

Cualquier empleado público, como periodistas de los medios estatales, o doctores de hospitales públicos, quedan sujetos a esta nueva ley, que no da detalles sobre cómo se supervisa a los investigadores durante posibles detenciones”, explica a El Confidencial Patrick Poon, analista de Amnistía Internacional.

La nueva normativa establece un sistema de detención informal, conocido como ‘liuzhi’, que puede ser usado por la recientemente creada Comisión de Supervisión Nacional para retener a sospechosos de casos de corrupción durante períodos de hasta seis meses. Amnistía Internacional y otras organizaciones pro-derechos humanos temen que la nueva ley permita a los investigadores practicar todo tipo de abusos sobre los detenidos. “No se permite ni a la familia ni a abogados reunirse con los sospechosos, lo cual les deja en una posición muy vulnerable”, subraya Poon.

El edificio que aloja la Comisión de Supervisión Nacional en Pekín, el pasado febrero de 2018. (Reuters)
El edificio que aloja la Comisión de Supervisión Nacional en Pekín, el pasado febrero de 2018. (Reuters)

Palizas y fatiga mental

Desde su llegada al poder, a finales de 2012, el presidente chino, Xi Jinping, ha advertido que la corrupción supone una de las mayores amenazas para la estabilidad del gobierno comunista, y ha puesto en marcha una dura campaña para capturar a oficiales corruptos en todos los niveles de la administración. El órgano encargado de luchar contra la corrupción en el seno del PCCh, la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria, es conocido por haber obtenido hasta ahora confesiones a través de un método de detención informal, el ‘shuanggui’, que le permitía mantener bajo arresto a los miembros del PCCh durante meses sin garantías legales, antes de que su caso fuera transferido al sistema judicial del país.

Un informe de la ONG Human Rights Watch describía en 2016 cómo los sospechosos de corrupción eran retenidos a menudo “en hostales y centros de formación” del PCCh, permanecían vigilados de manera permanente y eran “aislados del mundo exterior, sin contacto con familia ni abogados”. Los acusados describían en el informe ser sujetos a todo tipo de torturas, incluidas palizas o privación del sueño durante largos períodos de tiempo, con el fin de que la voluntad de los sospechosos “se acabe desmoronando” y se puedan obtener confesiones “en entre tres y cinco días”.

“Es un detalle revelador que la normativa del PCCh establezca que los centros de ‘shuanggui’ deben ser diseñados para prevenir que los reclusos puedan suicidarse”, resaltaba el informe. Según cifras oficiales, recogidas por Reuters, entre 2013 y finales de 2017 más de 1,3 millones de personas con el carné del PCCh fueron disciplinados.

A finales de 2016, la cúpula comunista prometió abolir estas prácticas, y la normativa sobre el nuevo método de detención, el ‘liuzhi’, pretende mejorar las condiciones de estos arrestos, y evitar que se den nuevos casos de torturas. Pero los expertos creen que, sin acceso a asesoramiento legal, los sospechosos pueden verse sujetos a todo tipo de excesos de nuevo.

“Medidas similares desde los años noventa no han conseguido detener los abusos en el sistema ‘shuanggui’”, advertía Human Rights Watch. El gobierno ya ha dejado claro que los investigadores de la nueva Comisión de Supervisión Nacional no estarán sujetos a la Ley de Procedimientos Penales, que garantiza el acceso a abogados durante una investigación, según recogía el South China Morning Post.

“Estos casos dependen en gran parte de la confesión del sospechoso […] y si permanece en silencio siguiendo los consejos de un abogado, serían muy difíciles de resolver”, explicaba al rotativo Jiang Mingan, experto en legislación anticorrupción de la Universidad de Pekín el pasado octubre. Se desconoce el número exacto de personas que se verán afectados por la reforma legal, pero sin duda involucrará a decenas de millones de empleados públicos. Sólo en la ciudad de Pekín, el total de funcionarios bajo supervisión se ha incrementado de 210.000 a 997.000 debido al cambio legislativo. Sólo las grandes empresas estatales chinas, supervisadas ahora por la Comisión de Supervisión Nacional, cuentan con unos 40 millones de trabajadores (sólo una cuarta parte de sus empleados son miembros del PCCh, según ‘South China Morning Post’).

El ministro de Supervisión y Jefe de la Oficina Nacional de la Prevención de la Corrupción, Yang Xiaodu, en una rueda de prensa durante el 19º Congreso del PCCH, el pasado octubre de 2017. (Reuters)
El ministro de Supervisión y Jefe de la Oficina Nacional de la Prevención de la Corrupción, Yang Xiaodu, en una rueda de prensa durante el 19º Congreso del PCCH, el pasado octubre de 2017. (Reuters)

Batalla contra la corrupción

La creación de la nueva Comisión de Supervisión Nacional, encargada de monitorizar el sector público, indica también que la administración china no tiene intención de disminuir la presión contra la corrupción. “El gobierno está lanzando un mensaje claro: tiene el poder, los recursos y, potencialmente, la habilidad para perseguir a un número de personas mucho mayor”, indica Dan Hough, director del Centro para el Estudio de la Corrupción de la Universidad de Sussex. Por otra parte, Jiangnan Zhu, experta en política china de la Universidad de Hong Kong, afirma que el nuevo órgano servirá para “solidificar el control del PCCh sobre los órganos estatales”.

Sin embargo, muchos dudan del resultado final de la campaña anticorrupción. “Creo que, a día de hoy, los gobernantes se ven forzados a ocultar mejor la corrupción, no se ven casos tan flagrantes como hace cinco años. A corto plazo, puede que se hayan reducido este tipo de casos, pero es difícil saber si se tratará de un cambio permanente”, explica Wedeman por teléfono.

La percepción entre ciudadanos y expertos acerca del control de la corrupción en China no ha variado notablemente entre 2012 y 2017, según las encuestas que el Banco Mundial realiza anualmente en países en vías de desarrollo. “La estrategia sigue consistiendo en ir detrás de las ‘manzanas podridas’, sin preguntarse por qué el sistema sigue produciendo ‘manzanas podridas’, que inevitablemente llevaría a cuestionar el rol del PCCh en el sistema [político chino]”, comenta Hough.

De momento, los líderes comunistas rechazan sin fisuras métodos considerados tradicionalmente efectivos en las democracias occidentales para combatir los abusos en el poder, como la creación de órganos de supervisión independientes, o una mayor separación de poderes en el sistema político. “El PCCh no sólo fortalecerá la supervisión sobre si mismo, sino que también supervisará el aparato gubernamental” afirmaba durante la sesión parlamentaria anual Wang Qishan, mano derecha de Xi y antiguo responsable de la batalla contra la corrupción, según recogía Xinhua.

Por el contrario, expertos como Wedeman recuerdan que el miedo a los castigos oficiales en el país nunca ha conseguido frenar que se cometan nuevas ilegalidades en la administración. “Las penas contra la corrupción en China son mucho más duras que en Occidente: puedes ser sentenciado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, y el proceso de investigación es mucho más duro. Esto ha sido así durante décadas y, sin embargo, han seguido apareciendo nuevos casos de corrupción”, resalta el analista.

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