Un bombero español como modelo del activismo: la protesta resurge en el mundo

Todo comenzó con el veto migratorio impuesto por la Administración Trump para prohibir la entrada en EEUU de ciudadanos de siete países musulmanes. La medida preparó el terreno para que en 2017 líderes de todo el mundo llevasen hasta sus últimas consecuencias la política del odio contra grupos de población y minorías, como evidencia la limpieza étnica contra los rohingya en Myanmar. “Es posible que se hiciera especialmente visible en 2017, pero la tendencia de líderes y políticos a demonizar a grupos enteros de personas basándose en su identidad resonaba por todo el planeta. (…) La trágica transformación de la demonización en violencia masiva es bien conocida”, advierte Amnistía Internacional en su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo'.

En un mundo en crisis y atenazado por el miedo, líderes como Donald Trump, Nicolás Maduro, Xi Jinping, Vladimir Putin o Rodrigo Duterte “hicieron retroceder a situaciones propias de hace decenios garantías de protección que ha costado mucho conseguir”. Mientras, la inacción ante los crímenes de guerra en Irak, Siria, Sudán del Sur o Yemen evidenció la falta de liderazgo en materia de derechos humanos. En Europa, la demonización marcó las elecciones de Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, en las que ciertos candidatos utilizaron las inquietudes sociales y económicas para culpabilizar a inmigrantes y minorías religiosas. Sin embargo, no todo son malas noticias.

Las políticas regresivas “han provocado un resurgimiento de los movimientos de protesta. En vez de ceder al miedo, la ciudadanía toma partido. Estamos ante una nueva era del activismo social”, afirma Arancha Vicario, presidenta de Amnistía Internacional en España. Las nuevas amenazas dieron un impulso al espíritu de protesta, como muestran los casos de Polonia (los ataques a la independencia del poder judicial desataron manifestaciones masivas), India (tras la oleada de ataques a musulmanes e intocables surgió el movimiento “No en mi nombre”), EEUU (la Marcha de las Mujeres, con ramificaciones en varios países, se convirtió en una de las mayores protestas de la historia) o Zimbabue (decenas de miles de personas se manifestaron en noviembre exigiendo elecciones justas en 2018). Sobran los ejemplos.

Por otra parte, el precio a pagar por el activismo sigue aumentando. “En Turquía, el despiadado ataque contra la sociedad civil tras el fallido golpe de Estado continuó a un ritmo vertiginoso; en China se desató una represión sin precedentes contra personas y organizaciones críticas con el Gobierno, so pretexto de la 'seguridad nacional'. Como consecuencia de grandes y generalizadas protestas, en Rusia se detuvo a centenares de manifestantes pacíficos, simples viandantes y periodistas”, señala el informe.

Un bombero español como paradigma

“Lo mío fue un aviso. Todo el que trabaja alrededor de estos envíos de armamento sabe ahora lo que se juega”. Desde el día en que se negó a dirigir un retén de seguridad durante el embarque de un cargamento de armas con destino a Arabia Saudí, la vida no ha sido fácil para Ignacio Robles. Aquel 13 de marzo de 2017 el número de contenedores y la caligrafía árabe en un barco atracado en el Puerto de Bilbao llamaron la atención del cabo de bomberos. Cuando supo que en los contenedores había “bombas y proyectiles de mortero” comunicó a su superior y al encargado del puerto que no lideraría aquel retén.

Robles alegó objeción de conciencia, al entender que aquellas 720 toneladas de armas podían ser utilizadas en Yemen, el país más pobre del mundo árabe con la peor crisis humanitaria de la actualidad y donde Arabia Saudí lidera desde 2015 una intervención militar e impone un bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria. “Yo sé lo que pasa en Yemen y sé lo que está haciendo Arabia Saudí. Se han enviado 12.000 toneladas de bombas a la peor catástrofe humanitaria del mundo. Cada diez minutos muere allí un menor de cinco años... yo tengo dos hijos pequeños, por eso el dato me impacta”, explica Robles.

Su acción provocó un retraso de 14 minutos en el embarque y un expediente disciplinario por falta muy grave que podría costarle entre dos y cuatro años de empleo y sueldo. Al expediente, abierto por la Diputación de Vizcaya, se han añadido en los últimos meses nuevas acusaciones, como poner en peligro a la población. “Mi principal función como bombero es proteger la vida de las personas. Me ha costado mucho dinero en abogados, muchas noches sin dormir, he perdido siete kilos... Ha sido muy duro porque es algo muy injusto”, afirma. Pese a todo, es optimista; confía en que, tras el trabajo que han realizado en la instrucción del expediente, la Diputación de Vizcaya lo deje sin efecto. “Tuve el apoyo de mi familia, que fue fundamental, casi 170.000 personas firmaron en una web (change.org) e incluso recibí algunas ofertas de trabajo”, explica.

Su cercanía a algunas de las mayores fábricas de armamento de España ha convertido al puerto de Bilbao en el principal punto de salida de armas para la exportación. Las exportaciones de armas españolas superaron los 3.924 millones de euros en 2015 y los 4.362 millones en 2016, periodo en el que se vendieron proyectiles de mortero, equipos y aviones a Arabia Saudí por 650 millones, según el informe Armas Bajo Control.