El sistema de 'gulags' de Corea del Norte es todavía peor de lo que se pensaba

El pasado junio, la liberación del estudiante estadounidense Otto Warmbier, condenado a 15 años de trabajos forzados en Corea del Norte, fue recibida positivamente por sus familiares y por la comunidad diplomática de EEUU. Pero esta alegría se transformó rápidamente en estupor al constatar el lamentable estado de salud de Warmbier: prácticamente ciego y sordo, sacudido por convulsiones y con graves daños cerebrales. El joven murió siete días después de su puesta en libertad.

La autopsia determinó que no había sido torturado, por lo que su muerte ponía de manifiesto una terrible realidad: las horripilantes condiciones de los campos de prisioneros norcoreanos, en los que la mortalidad está disparada. Una situación que recoge el nuevo informe del Comité por los Derechos Humanos en Corea del Norte (HRNK, por sus siglas en inglés), que revela la existencia de una nueva red de colonias penales laborales hasta ahora desconocida. El informe, titulado “El Gulag paralelo”, incluye imágenes de satélite que señalan su localización.

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Daniel Iriarte

En Corea del Norte existen dos tipos de instalaciones de este tipo: el Kwan-Li-So, un campo de internamiento de larga duración, o bien a el Kyo-Hwa-So, o campo de reeducación. ¿En qué cambian las condiciones de ambos? En la práctica, muy pocas: en ambos tipos de recinto se obliga a los internos a hacer trabajos forzosos y las condiciones de mantenimiento son terribles, solo que los primeros están gestionados por el Departamento de Seguridad del Estado y los otros por el Ministerio de Seguridad Popular. No obstante, mientras el régimen norcoreano admite la existencia de los primeros, niega la de los segundos, a pesar de las abrumadoras evidencias al respecto.

Algunas diferencias importantes son que, mientras los campos de larga duración acogen solamente a prisioneros juzgados según las leyes norcoreanas, los otros se rigen por un sistema secreto y alegal, en el que cualquiera puede ser sometido a arbitrariedades. En estos últimos, además, se encarcela también a hasta tres generaciones de familiares del “infractor”, por definición un prisionero político, mientras que los Kwan-Li-So acogen también a presos comunes. En los Kyo-Hwa-So se producen además desapariciones forzosas, según denuncia el informe. De hecho, tal y como señala uno de los autores del documento, David Hawk, “llamarlos ‘campos de reeducación’ es un término terriblemente inapropiado”.

Credenciales impecables de los autores

Ciertamente, Hawk sabe de lo que habla: fue director ejecutivo de Amnistía Internacional en EEUU y oficial de derechos humanos de la ONU en Camboya, así como investigador sobre Ruanda. Como especialista en Corea del Norte, ha escrito numerosos informes sobre estas cuestiones, además de ejercer como profesor universitario de relaciones internacionales. La otra coautora, Amanda Mortwedt Oh, es la responsable del proyecto de satélites del HRNK.

Según documentan ambos, a partir del testimonio de cientos de antiguos prisioneros huidos a Corea del Sur y otras fuentes, las condiciones de estos campos incluyen la escasez de alimentos –que en ocasiones conduce a la inanición-, los trabajos forzados brutales y las pobres condiciones médicas que llevan a la propagación de enfermedades. Lo más inquietante es la lista de crímenes “políticos” por los que uno puede ser enviado allí: la participación en reuniones no autorizadas, las críticas al estado –o incluso la expresión de insatisfacción en privado-, la posesión de dibujos, materiales escritos, publicaciones, música, películas o videos “decadentes”, y las “actividades hostiles, tontas o supersticiosas”.

También se incluyen la desobediencia a las instrucciones de las agencias del estado, la difusión de rumores “que puedan llevar a la desconfianza hacia el estado o sus agencias” y, de forma bizarra, “la incorrecta selección de atletas ganadores para competiciones importantes”, un aviso para los responsables deportivos. El informe incluye una traducción del nuevo Código Penal norcoreano, vigente desde 2012.

El número de internos en estos campos se desconoce, pero la ONU lo estimó en 2014 en al menos 70.000 personas. Naciones Unidas ha determinado que lo que allí sucede pueden ser considerado crímenes contra la humanidad. El Ministerio de Exteriores norcoreano, naturalmente, lo niega todo.