la decisión complica el calendario de la 'premier

Nuevo varapalo a May: el Supremo británico obliga a votar el Brexit en el Parlamento

El TS ratifica la sentencia del Tribunal Superior, que dictamina que el Gobierno no puede activar el artículo 50 sin contar con Westminster. Pero no deberá consultar a los Parlamentos regionales

Foto: La primera ministra británica, Theresa May, durante una reunión del gabinete regional en Runcorn, Cheshire. (Reuters)
La primera ministra británica, Theresa May, durante una reunión del gabinete regional en Runcorn, Cheshire. (Reuters)

El Tribunal Supremo de Londres ha dictado sentencia hoy en el proceso legal más importante de la historia reciente del Reino Unido, y lo ha hecho en contra del Gobierno de Theresa May. La máxima autoridad judicial de un país que no cuenta con Constitución como tal ha dictaminado que la primera ministra debe contar con la aprobación de Westminster antes de iniciar las negociaciones del Brexit.

Nuevo varapalo a May: el Supremo británico obliga a votar el Brexit en el Parlamento

"El Tribunal Supremo, por una mayoría de 8 a 3, rechaza la apelación del Secretario de Estado", dice el fallo de la Corte (que se puede consultar íntegro aquí). "En un fallo conjunto de la mayoría, el Tribunal Supremo sostiene que se requiere un Acto del Parlamento para autorizar a los ministros a dar Noticia de la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea", indica.

El presidente de la Corte, Lord Neuberger, ha subrayado que el fallo no es sobre la salida, sino sobre el derecho gubernamental a poner en marcha el artículo 50 y la consulta a los Parlamentos regionales. Señala que el Gobierno generalmente tiene poderes prerrogativos para modificar tratados, pero no si eso afectará a los derechos de las personas. Neuberger ha dicho que la salida de la UE provocará un cambio fundamental, eliminando la legislación europea como fuente de derecho en el Reino Unido y afectando de esa manera a los derechos individuales. Por lo tanto, debe ser llevado al Parlamento.

Los 11 magistrados del Supremo ratifican así la sentencia del Tribunal Superior, que el pasado mes de noviembre dio la razón a un grupo de ciudadanos anónimos —encabezados por Gina Miller y Deir dos Santos— que recurrieron a la Justicia exigiendo que se cumpliera la soberanía parlamentaria. El Ejecutivo de May apeló entonces la decisión. Pero la 'premier' que se mudó a Downing Street sin la autoridad que otorga una victoria electoral ha sufrido otra humillante derrota. Ahora está por tanto obligada a aprobar por vía rápida la legislación necesaria para solicitar de manera oficial el artículo 50 del Tratado de Lisboa. La líder 'tory' insistía en que cumplirá su autoimpuesto calendario para iniciar los trámites a finales de marzo, pero la meta resulta ahora más difícil.

¿Qué ocurrirá ahora? Para empezar, se celebrará un debate parlamentario donde la oposición laborista ya ha adelantado que no bloqueará el Brexit, pero sí exigirá que los parlamentarios puedan influir en las negociaciones previstas para los dos próximos años.

“May podría haber acatado la sentencia del Tribunal Superior y haber empezado en noviembre a preparar la legislación pertinente”, pero tras esta nueva derrota “será criticada por querer hacer todo por la vía rápida”, asegura Vincenzo Scarpetta, analista político del reputado 'think tank' Open Europe. “Su intención es preparar un proyecto de ley de tan solo unas líneas, pero la oposición laborista va a presentar una serie de enmiendas para garantizar más control de Westminster”, matiza a El Confidencial.

En cualquier caso, el experto no cree que vaya a retrasarse el calendario, ya que a finales del año pasado hubo una votación parlamentaria al respecto. En efecto, en diciembre, tras un largo debate, se aprobó una moción —no vinculante, eso sí— presentada por la oposición laborista, que exigía a May publicar su estrategia sobre el Brexit antes de empezar formalmente el divorcio.

El Big Ben visto a través de una bandera de la UE durante una manifestación en Londres contra el Brexit (Reuters)
El Big Ben visto a través de una bandera de la UE durante una manifestación en Londres contra el Brexit (Reuters)

Evitar a toda costa el Brexit duro

El Ejecutivo supo jugar bien sus cartas, presentando a última hora una enmienda en la que se comprometía a explicar sus planes a cambio de que los diputados no intentaran revocar el resultado del histórico plebiscito de junio y permitiera comenzar con los trámites a finales de marzo de este año.

Eso sí, entonces no se sabían la intenciones de May de sacar al país también del mercado único, y ahora un grupo formado por diputados de diferentes partidos —entre ellos, 43 laboristas rebeldes y un puñado de 'tories' europeístas— quieren aprovechar el debate en la Cámara de los Comunes y los Lores para evitar a toda costa el llamado Brexit duro. El reto es especialmente difícil, si se tiene en cuenta la mayoría de la que goza el Partido Conservador.

El escenario, en todo caso, no ha sido el peor posible para May. El Supremo ha dictaminado que el Gobierno no tendrá que consultar también a los parlamentos de Edimburgo, Cardiff y Belftast, lo que, según Scarpetta, es lo que realmente habría complicado las cosas. “Una rebelión de la Cámara de los Comunes parece inverosímil, pero si se toca el tema de la devolución de poderes, entonces sí entraríamos en un escenario complejo”, matiza.

Mientras que los gobiernos descentralizados de Escocia, Gales e Irlanda del Norte no estuvieron presentes en el juicio celebrado en el Tribunal Superior, sí han estado representados en el proceso del Tribunal Supremo para garantizar que se cumpla la llamada Convención de Sewel, la misma que da marco legal a la relación entre el Ejecutivo central y los gobiernos de las distintas regiones que forman Reino Unido. En la Ley de Escocia de 2016, por ejemplo, la Convención Sewel señala que Westminster no puede legislar sobre asuntos descentralizados sin la aprobación del Parlamento de Edimburgo.

Sin embargo, el Tribunal ha determinado que "las relaciones con la UE y otros asuntos exteriores son competencia reservada del Gobierno y el Parlamento británicos, no a las instituciones adscritas. La salida de la UE alterará la competencia de estas instituciones, y elimina las responsabilidades a cumplir con la legislación de la UE".

A la salida de la Corte, el fiscal general, Jeremy Wright, responsable de presentar la apelación, ha asegurado que el Gobierno está "decepcionado". Sin embargo, "tenemos la buena fortuna de vivir en un país donde todo el mundo tiene que obedecer la ley. Así que por supuesto el Gobierno cumplirá con ello", ha declarado.

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