¿Estás en la cárcel y eres inocente? Este grupo puede salvarte
Desde 1989, 1.730 personas han sido exoneradas en EEUU de condenas por crímenes que no cometieron. Los voluntarios del Proyecto Inocencia tratan de ayudar a otros en esa situación
"Este es Luis Vargas. En 1999 le acusaron de tres violaciones, le condenaron a 55 años de cárcel". Mike Semanchik, un joven abogado en la treintena con una sudadera en la que se lee 'XONR8' (exonera, en inglés), mira la pared llena de fotos ampliadas a tamaño póster y señala una de ellas. "Conseguimos que el juez revocara la sentencia después un análisis de ADN". Semanchik prosigue: "Este es Timothy Atkins. Condenado en 1987 por asesinato debido al testimonio de una testigo que después reconoció haber mentido. Conseguimos liberarlo en 2007". "A Kenneth Marsh lo condenaron en 1983 por la muerte de un bebé. Conseguimos un nuevo juicio para él porque la policía había ocultado pruebas que lo exculpaban, y el fiscal retiró los cargos".
Las cifras que Mike maneja ponen los pelos de punta. Personas que han estado 15, 17, 23 años en la cárcel por crímenes que no cometieron. O 36 años de cárcel, como Michael Hanline, el exonerado que más tiempo ha pasado preso en California. En la foto se le ve, en un soleado día de noviembre de 2014, frente a los micrófonos junto a Justin Brooks, fundador del Proyecto Inocencia de California, en el momento de verse por fin libre: un anciano barbudo de escaso pelo blanco. "Esa es su mujer. Llevaban tres años casados cuando lo condenaron. Se ha mantenido a su lado hasta el final", explica.
No es difícil percibir en Brooks cierto tono de orgullo, de satisfacción, cuando enseña estas fotos y habla de estos casos. "Representan los mejores momentos de mi carrera. Cuando al fin, después de años de trabajo, el juez concede la exoneración, y acompañas a alguien fuera del juzgado, cuando le llevas en coche a casa de su familia, te sientas con ellos a compartir una barbacoa... es el sentimiento más increíble que se puede tener. Estas personas recuperan su vida. No hay nada igual".
El Proyecto Inocencia de California se creó en 1999 y ocupa un ala del edificio de la Facultad de Derecho en San Diego. Consta de seis o siete despachos, y una oficina al final del pasillo, donde se acumulan las cajas de correos con cartas provenientes de todos los penales de este estado (con una de las mayores poblaciones carcelarias del país y con las sentencias más duras). "Recibimos entre 1.500 y 2.000 cartas al año. No todas son de presos que se declaran inocentes. También hay gente que pide ayuda con sus condenas, que consideran injustas, o excesivas, pero por desgracia a esos no los podemos ayudar", explica Semanchik, contratado desde 2008 tras pasar por el programa anual de prácticas.
En la habitación del fondo, un pequeño ejército de unos 30 voluntarios, la mayoría estudiantes universitarios y algunos de instituto, abren y examinan cada carta y cada caso. "Hay un porcentaje elevado de personas que se pueden descartar casi inmediatamente, nada más leer el resumen del caso. Está claro que son culpables, o su caso es absolutamente imposible de defender". Pero de entre esos miles, al menos 500 casos son susceptibles de ser investigados en mayor profundidad.
Los voluntarios envían un cuestionario al condenado, investigan el caso, y preparan un informe preliminar que ayudará a decidir si se puede dar el siguiente paso: una petición de 'habeas' al juez, una vista y, finalmente, un nuevo juicio. En esta segunda parte del proceso, los voluntarios pasan el caso a un becario de la 'clínica' (la llaman así porque consideran que sus estudiantes en prácticas son como los médicos residentes de una clínica). Cada uno de los 12 estudiantes de Derecho que cada año trabajan en el proyecto llevan unos siete u ocho casos, con la supervisión de uno de los cinco abogados contratados. De unos 100 casos que hay en marcha cada día, pocos, muy pocos, llegan al último paso. Y aún menos consiguen la exculpación. Uno o dos al año.
Un ejército de becarios y estudiantes
Los primeros Proyectos Inocencia nacieron a finales de los noventa en Nueva York, Arizona y Chicago, ciudad en la que se produjo, en 1989, la primera exoneración en EEUU tras un análisis de ADN. Hoy hay más de 100 ciudades de todo el mundo con 'clínicas' que trabajan de forma totalmente independiente; sesenta y pico en EEUU, y muchas otras en Europa, Latinoamérica o Asia. El concepto es el mismo en todos los casos: litigar para sacar de la cárcel a personas inocentes, injustamente condenadas; trabajar en ello con la ayuda de becarios, estudiantes de Derecho en prácticas; y presionar para el cambio o la creación de leyes que protejan la presunción de inocencia y eviten el espeluznante porcentaje de errores de todo tipo en el sistema judicial.
De vez en cuando, sus miembros se ven envueltos en grandes historias que ocupan titulares y espacio televisivo. Pero más allá de los casos que triunfan, más allá de las conferencias de prensa exultantes, de las lágrimas de los que consiguen justicia al fin, hay cientos de casos que se pierden. Cientos de días sin cámaras ni micrófonos. Cientos de personas que esperan en sus celdas sin perder la esperanza de que un día su caso pueda ser ese del que hablan todos los medios.
Son historias increíbles de superación y desesperación, material perfecto de reportajes, perfiles, 'biopics', documentales como 'Paradise Lost' o 'Making a Muderer' (el último gran éxito de Netlix) y hasta 'podcasts' como 'Serial'. En todos ellos aparece de manera más o menos tangencial algún miembro del Proyecto Inocencia. Voluntarios, becarios y abogados, que son como detectives 'retroactivos', no en busca de quién lo hizo, sino de quién no lo hizo y cómo probarlo. Kilómetros de coche, decenas de miles de documentos a repasar exhaustivamente, personas a las que localizar, pruebas que pedir, entrevistas que realizar, vistas a las que acudir. El caso más 'rápido' puede llevar dos años. Lo normal son varios más. "Es un trabajo totalmente detectivesco. Pero hay muchas horas de tarea tediosa y repetitiva, cientos de páginas de transcripciones que leer. No hay música emocionante de fondo", reconoce Brooks riendo.
En EEUU ha habido, desde 1989, 1.730 personas exoneradas de crímenes que no cometieron, según el Registro Nacional de Exonerados. Las cifras que maneja el Proyecto Inocencia en California indican que son solo la punta del iceberg, los casos tan obvios, tan claros y tan sangrantes que llegan hasta el final, cuyos fiscales aceptan el error, cuyos jueces ven clara la injusticia. La inmensa mayoría se pierden.
Brooks no piensa que el sistema judicial de EEUU sea especialmente proclive a las injusticias o la corrupción, pero sin duda hay mucho que mejorar. "Europa tiene sistemas algo mejores. En EEUU hay una plaga que es la desproporcionada tendencia a negociar acuerdos extrajudiciales ('plea bargains', aquellas ocasiones en que el acusado acepta parte de culpa a cambio de condenas en teoría más leves). Apenas un 5% de los casos llega a juicio. Hay tantos detenidos, tantas personas en el sistema penal, que no se puede llevar a juicio a todas. Tenemos dos millones de presos". Los acuerdos extrajudiciales suponen que los casos no se investigan a fondo y fomentan confesiones falsas para aquellos acusados que se ven sin el dinero o la capacidad de defender su inocencia y optan por el 'mal menor' de una condena reducida a cambio de no arriesgarse a un juicio completo. "Está claro que si eres pobre o perteneces a una minoría, tienes muchas más probabilidades de que te condenen injustamente", reconoce Brooks.
Incluso entre los que llegan a juicio, la lista de errores es larga. Testigos directos no fiables, confidentes que obtienen reducciones en sus propias condenas a cambio de declarar en contra del acusado, negligencia, extralimitaciones por parte de la policía y, sí, también casos de acusados que han sido víctimas de engaños y trampas, y de evidencia falsa 'plantada' por la policía. Se calcula que en una tercera parte de los casos de condenas injustas, detectives y fiscales son víctimas de una 'visión túnel' que les lleva a saltarse las reglas con el convencimiento de estar sacando de la calle a un peligroso criminal (como retrata 'Making a Murderer'). Por los medios que sea. "Es muy deprimente. Yo no sé si Steven Avery (el protagonista del documental) es o no culpable, pero lo que es evidente es que la policía no actuó bien", comenta Brooks.
Víctimas confundidas
Cada vez más investigaciones demuestran, por ejemplo, la escasa fiabilidad de las identificaciones de testigos directos. Incluso cuando estos testigos son las propias víctimas. De los 280 condenados por violaciones que fueron exonerados en las últimas décadas en todo EEUU, más de las tres cuartas partes incluían una identificación equivocada. "Si un policía que está investigando el caso te enseña seis fotos y tú, de entrada, no estás seguro de que ninguna de las caras que ves sea la del culpable, es probable que te insista, que señale a una en concreto, la que él cree que es. Y tú de manera subconsciente te dejas guiar. La siguiente vez que tienes que reconocerlo, en el juicio, en tu memoria ya has sustituido la cara del culpable por la de la foto que 'reconociste'. Y hay muy poco que hacer ante un jurado cuando un testigo mira al acusado y afirma con total convicción que esa es la persona a la que vio cometer el crimen", se lamenta Semanchik. En algunos estados se han cambiado los métodos de reconocimiento ocular: se exige enseñar las fotos de los sospechosos una a una, por ejemplo, y no todas de golpe, y se obliga a que el policía encargado de hacerlo no tenga ningún conocimiento del caso para no influir en el testigo.
Las cosas están mejorando, concede Brooks. Cada vez más jurisdicciones estadounidenses ponen en marcha departamentos especiales ('conviction integrity units', los llaman) para revisar casos. El condado de Los Ángeles, por ejemplo, creó una de estas unidades el año pasado. Unas 15 fiscalías en todo el país, como Dallas, Brooklyn, Manhattan o Washington DC, las tienen. "Ahora hay fiscales dispuestos a reconocer un error, algo impensable hace unos años. Saben que el precio político de ponerse en contra de nosotros es alto. Al mismo tiempo, cada vez que estos casos salen a la luz, conseguimos que los ciudadanos que ejercen de jurado sean conscientes de estos errores y sean un poco más escépticos".
Cabe añadir que el precio no es solo político. Aunque no hay una ley federal al respecto, cada estado establece normas sobre cómo proceder con la compensación económica a los excarcelados. California la estableció en 100 dólares por día de prisión. Los dos últimos excarcelados del estado, Kash Delano Register y Bruce Lisker, recibirán 24 millones de dólares por décadas pasadas en la cárcel injustamente.
De origen puertorriqueño y licenciado en Philadelphia y Washingon DC, el joven Brooks llevaba seis meses dando clases de Derecho en Michigan cuando leyó en el periódico el caso de una joven condenada a muerte en Illinois a través de un acuerdo extrajudicial. "¡Era de locos! ¿Cómo es posible que un acuerdo la lleve a la máxima pena que existe? Su abogado no tenía ni idea, le falló totalmente. De hecho, después de este caso se metió a cura". Brooks pidió a un grupo de alumnos que le ayudaran a investigar el caso de esta mujer, la puertorriqueña Marilyn Mulero. "Me entrevisté con ella. No hablaba inglés, y apenas español. Me dijo que su abogado la había recomendado el acuerdo pero ella era inocente". Tras unos años, consiguieron sacarla del corredor de la muerte.
Brooks descubrió lo mucho que se podía hacer con un grupo de estudiantes y se mudó a San Diego a poner en marcha el Proyecto Inocencia de California. Mantiene contacto con la mayoría de 'sus' excarcelados, a quienes siempre acompaña a la salida de la cárcel, en sus primeros titubeantes pasos en el mundo libre. A algunos los ha alojado temporalmente en su propia casa. Son como ahijados. Sin embargo, Mulero sigue en prisión. "No he conseguido que revoquen su confesión".
Asegura que no hay noche que no se acuerde de ella. Acaba de enviar una solicitud a la ONU. Ha hablado con el gobernador de Illinois en dos ocasiones. "Pero insisten en que fue su decisión confesar, que nadie la coaccionó. Empecé su caso cuando aún tenía 20 años y ya tengo 50. Pero lo voy a ganar. La voy a sacar de la cárcel. La voy a sacar, y la voy a poner en un avión rumbo a Puerto Rico", dice decidido. Luego se ríe. "Tienes que pensar así en este trabajo. Es la única manera de soportarlo".
"Este es Luis Vargas. En 1999 le acusaron de tres violaciones, le condenaron a 55 años de cárcel". Mike Semanchik, un joven abogado en la treintena con una sudadera en la que se lee 'XONR8' (exonera, en inglés), mira la pared llena de fotos ampliadas a tamaño póster y señala una de ellas. "Conseguimos que el juez revocara la sentencia después un análisis de ADN". Semanchik prosigue: "Este es Timothy Atkins. Condenado en 1987 por asesinato debido al testimonio de una testigo que después reconoció haber mentido. Conseguimos liberarlo en 2007". "A Kenneth Marsh lo condenaron en 1983 por la muerte de un bebé. Conseguimos un nuevo juicio para él porque la policía había ocultado pruebas que lo exculpaban, y el fiscal retiró los cargos".
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