“Hemos estado divididos durante años, y el país no ha ganado nada con este error histórico. La Unidad Democrática no está aquí para maltratar a nadie”, declaró ayer Jesús 'Chúo' Torrealba, secretario general de la MUD, poco después de conocerse la victoria de la oposición. Torrealba prometió “restablecer los derechos de aquellos que han sido injustamente perseguidos, encarcelados, bloqueados de la política o exiliados”.
Una de sus prioridades será, pues, poner en marcha una prometida Ley de Amnistía que permita sacar de la cárcel a algunos opositores, como Leopoldo López, condenado en septiembre a una pena de 14 años de cárcel por “promover la violencia” durante las protestas de 2014. Según la oposición, existen más de 70 personas encarceladas por cargos políticos. Los 99 diputados obtenidos ayer, en teoría, les capacitan para promover medidas de este tipo sin demasiado esfuerzo.
Todavía quedan 22 escaños por asignar, y la plataforma opositora da por hecho que conseguirá al menos una mayoría parlamentaria de tres quintos, lo que les permitiría afrontar medidas de un calado todavía mayor, como destituir a miembros de la Comisión Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Justicia, o vetar ministros. Y si alcanzan los dos tercios, podrían incluso comenzar a desmantelar las instituciones hasta ahora dominadas por el chavismo, como el sistema judicial.
Torrealba, sin embargo, ha asegurado que la MUD no desmantelará por el momento los programas de ayudas sociales establecidos en los primeros años de Hugo Chávez, que han aliviado la precaria situación de millones de venezolanos. Durante la campaña electoral, el presidente Nicolás Maduro aseguró repetidamente que eso sería lo que sucedería si la oposición llega al poder.
Otro de los temas candentes sería la revocación de la inmunidad ‘de facto’ de la que ahora gozan varios importantes miembros del aparato chavista, como los siete individuos sometidos a sanciones estadounidenses, la mayoría militares o miembros de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, o los dos primos de la mujer de Maduro arrestados en Haití bajo cargos de narcotráfico. Torrealba ya ha indicado que el nuevo Gobierno abrirá una investigación sobre este y otros casos de corrupción.
En todo caso, la principal preocupación del nuevo Ejecutivo será hacer frente a la desastrosa situación económica del país, que se enfrenta a un serio problema de desabastecimiento, así como a una inflación que el FMI estima que será finalmente del 159,1%. La caída del PIB alcanzará entre el 6 y el 10%.
La mayor enemiga de la oposición, sin embargo, podría ser ella misma: la Mesa de Unidad Democrática es una coalición en la que convergen varios grupos cuyos intereses no necesariamente coinciden. Eliminado el enemigo común, queda la duda de si serán capaces de ponerse de acuerdo para gobernar.
Algo de lo que el chavismo podría aprovecharse, puesto que la Asamblea en funciones todavía seguirá activa hasta el 15 de diciembre, y el propio Maduro posee poderes especiales hasta el último día del año. Algunos analistas temen que, en este plazo, el Parlamento chavista trate de promulgar una Ley Habilitante que permita al actual presidente seguir gobernando por decreto durante un plazo de hasta un año. La estabilidad política todavía está lejos de llegar a Venezuela.
