Tobilleras eléctricas, expulsión de imanes radicales... Las duras medidas de Hollande

Se podría decir que, en estos momentos críticos, Francia está con el presidente Hollande, que ha conseguido conectar con el sentir mayoritario de la ciudadanía. Los atentados yihadistas no han dividido a los franceses, pero sí al principal partido de la derecha. Mientras Hollande pide desde la noche de la matanza una "unión sagrada", el expresidente Nicolas Sarkozy optó en un primer momento por atizar a sus principales escuderos contra el Gobierno, sin dar la cara, sin exponerse a un público que ha aparcado de momento las querellas políticas. La jugada le ha salido mal: los electores franceses de derechas, los militantes del partido sarkozista, Los Republicanos, han obligado a sus líderes a cambiar de actitud y a respetar los esfuerzos del Gobierno en su lucha contra el terrorismo.

La Asamblea fue escenario el martes de un bochornoso espectáculo en el que algunos diputados de la derecha abuchearon al Gobierno y montaron una bronca vergonzosa. Ayer, sin embargo, en la habitual sesión de preguntas al Gobierno, los representantes de las bancadas de la derecha rebajaron su tono e incluso alabaron, en ciertos casos, la labor del ministro del Interior y del primer ministro, Manuel Valls. "El martes nos hemos pasado", reconocían algunos diputados de Los Republicanos bajo anonimato. La reprimenda vino de sus propios representados, que en todas las circunscripciones no llegaban a entender que sus diputados utilizaran la baja politiquería en un momento tan grave.

Los principales rivales internos de Sarkozy, como Alain Juppé, que le disputa la candidatura a la Presidencia, se pusieron desde el principio al lado del Gobierno, dejando de lado sus diferencias. Ayer mismo, Hollande tuvo otro espaldazo importante desde el punto de vista de la comunicación. En su reunión ante miles de alcaldes franceses, el responsable de los mismos, François Baroin, otro de los barones del centro derecha, hizo un discurso ejemplar, una declaración de Estado, que tanto Hollande como Valls agradecieron asintiendo constantemente, como pudo verse cuando la cámara de televisión les enfocaba en directo.

Parte de la rabieta de la derecha -y del Frente Nacional- se explica porque Hollande les ha dejado sin argumentos propios. Algunas de las medidas que el Gobierno defiende ahora eran tabú para los socialistas antes de la noche del 13. Entre las propuestas que el Ejecutivo envía para aprobarse en la Asamblea, está la extensión a tres meses del estado de emergencia, que entrará en aplicación el 26 de noviembre, una vez pasados los 12 días que se aplican desde la fecha de los atentados. Ello implica el registro de domicilios sin autorización del juez, pero no solo en domicilios privados, sino también en automóviles y en lugares públicos. Hay que recordar que un policía francés no puede abrir el maletero de un coche sospechoso sin el pemiso de un magistrado.

Quedan exentos de esta medida las oficinas de los parlamentarios, abogados, jueces y periodistas. Pero subrayemos también que la legislación sobre el estado de urgencia implica la posibilidad de implantar la censura de prensa y de registrar sus locales. Hollande prefiere no hacerlo.

Férreo control a los sospechosos de radicalismo

La extensión del estado de emergencia, votada este jueves en la Asamblea, ha sido aprobada sin problemas, con la oposición tan solo de tres diputados socialistas y tres ecologistas. Algo por lo que había abogado durante la mañana el Primer Ministro Manuel Valls: “El estado de emergencia debe ser prolongado en todo el territorio, en la metrópoli como en ultramar. Otras libertades han sido o pueden ser temporalmente limitadas. ¡Estamos en guerra!”, ha dicho.

Las medidas son de un calado importante: la propuesta incluye la ampliación de la figura de la “asignación de residencia” o confinamiento, que implica el control de los movimientos de sospechosos de radicalismo, incluso mediante el uso de una tobillera eléctrica, una medida propuesta por Sarkozy, hasta ahora sin éxito. Las restricciones se aplicarían a "toda persona cuyo comportamiento haga pensar, por razones serias, que constituye una amenaza para la seguridad pública". A estos sospechosos se les podrá retirar el pasaporte y serán obligados a presentarse en comisaría tres veces al día.

“Extendemos la posibilidad de utilizarlo, no solo en el caso de actividades peligrosas demostradas, sino también de amenazas basadas en evidencias serias”, ha dicho Valls, como “su comportamiento o sus compañías, propósitos o proyecto”. La asignación de residencia ha sido aplicada a al menos 118 personas en estos días tras los atentados.

Además, la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI) ha determinado que desde ahora los agentes podrán ir armados aún estando fuera de servicio. Se extienden asimismo las competencias de la policía, que en caso de sospechosos de terrorismo podrá incomunicar a los detenidos sin necesidad de una orden judicial. Valls, además, propone acelerar “la expulsión de imanes radicales”. Y una novedad de última hora es la posibiliad de disolver asociaciones o grupos que "participen, faciliten o inciten a la realización de actos que puedan atentar gravemente contra el orden público".

Marine Le Pen, comedida en comparación con sus declaraciones tras los atentados de enero, considera que el Gobierno ha respondido a los atentados "con comunicación y no con medidas verdaderamente políticas". Ya que Hollande le robó ideas como la retirada de la nacionalidad a los binacionales, la jefa del Frente Nacional tuvo que subir las apuestas. Marine Le Pen se mostró partidaria de enviar a sus países de origen a los terroristas extranjeros, "incluso si allí son condenados a muerte". "Me importa un bledo", dijo.

Silenciosas hasta ahora, las organzaciones más beligerantes en defensa de los derechos humanos intentaron ayer justificar su existencia. Para la presidenta de la Liga de Derechos Humanos, Françoise Dumont, las medidas del Gobierno suponen "una huida hacia adelante". Otro que no podía quedarse mudo es el portavoz del Partido de Izquierda, Jean-Louis Melenchon, que ya desde el lunes denunciaba "la asombrosa contribución de Hollande al imaginario de la seguridad". Compitiendo con los anteriores, Serge Slama, profesor de Derecho Público en la Universidad de Nanterre y reputado izquierdista, declaró a la agencia France Presse que "Hollande ha sacado el kalashnikov jurídico para escapar a un proceso por debilidad".

Los perros guardianes, como se dice en Francia, sensibles a medidas "liberticidas" pueden seguir rebuscando las frases más floridas para mantener sus respectivos chiringuitos, pero tienen en contra al 84% de los franceses que, en un sondeo llevado a cabo el martes, se mostraban dispuestos a aceptar una cierta limitación de sus libertades para garantizar una mayor seguridad.