Esta gente vive en el agua, no tiene país, pasaporte, ni tierra firme adonde ir

En Phum Kandal, un pequeño pueblo situado en el interior de Camboya, las calles son líquidas y las casas se balancean sobre troncos de bambú con el fluir de las aguas. Los coches se mueven con remos y los niños se han acostumbrado a jugar con aparatosos chalecos naranjas que son su seguro de vida si caen al asfalto acuático.

Phum Kandal es uno de los cientos de pueblos flotantes que se apiñan en las orillas del Tonle Sap, el lago más grande del Sudeste Asiático que, alimentado por el caudoloso Mekong, domina el centro de Camboya. La mayor parte de sus 2000 habitantes, sin embargo, no viven ahí por elección propia: son personas de etnia vietnamita que perdieron todos sus derechos, incluso el de poseer una casa en tierra firme, cuando fueron deportados en los años 70 por el régimen de los Jemeres Rojos.

Uno de sus vecinos, Sreng Talong, aún recuerda con una sonrisa cuando fue enviado a Vietnam a finales de 1975, tan sólo unos meses después de que los Jemeres Rojos tomaran el poder. “Vi a tanta gente morir durante el régimen de Pol Pot – el líder del movimiento - que estaba realmente feliz de ser deportado”, dice el anciano de 62 años.

El destierro salvó la vida de Sreng Talong. Los Jemeres Rojos fueron artifices, entre 1975 y 1979, de uno de los mayores genocidios del siglo XX en el que murieron, en menos de cuatro años unos dos millones de personas por las purgas, el hambre y las enfermedades.

En su sangrienta utopía, los Jemeres Rojos estaban especialmente obsesionados con la pureza racial y persiguieron a todas las minorías que no eran consideradas como verdaderos khmers - o camboyano, en el idioma local. Tras la deportación masiva de 1975, unos 20.000 camboyanos de origen vietnamita permanecieron en el país. Todos ellos murieron a manos de los comunistas, entre ellos nueve miembros de la familia de Sreng Talong.

Perdieron su nacionalidad

Años después, su salvación se convertiría en su pesadilla. Sreng Talong, como la mayoría de los deportados, perdió cualquier prueba que demostrara su origen camboyano. Cuando volvió en 1981 al mismo lugar en el que él, sus padres y sus abuelos habían nacido, fue considerado un inmigrante ilegal y perdió todos sus derechos.

La ley camboyana no permite a los extranjeros comprar tierra, por lo que el agua, cuyo régimen de propiedad no está regulado, se convirtió en su única posibilidad. Según las estimaciones de la ONG Minority Rights Organization, aproximadamente 630.000 camboyanos de origen vietnamita viven hoy en pueblos flotantes y están sometidos a toda clase de abusos por parte de las autoridades y de la población local.

“[Sin la ciudadanía], no pueden tener documentos de identidad, mandar a sus hijos a la escuela, abrir una cuenta de banco o encontrar un trabajo decente”, asegura Ang Chanrith, director de la ONG que trabaja con las comunidades apátridas en el país asiático. “Si pudiera vivir en tierra, si tuviera derechos, viviría mejor”, se queja Sreng Talong bajo la foto de su mujer vestida con el áo dài, o traje tradicional vietnamita. “Lo único que quiero es la ciudadanía. Esta también es mi tierra”.

En Camboya, el principio de ius sanguinis –o la nacionalidad según la procedencia de los progenitores– rige la ciudadanía en el país. Según este principio, sólo aquellas personas cuyos padres ya poseen la nacionalidad camboyana pueden adquirir la condición de ciudadano.

Sin embargo, tradicionalmente se había concedido también a aquellas personas con al menos uno de sus progenitores nacido en Camboya, aunque no tuviera la nacionalidad. En 1996 se endureció la ley y desde entonces se pide que ambos padres hayan nacido en el país y que puedan demostrar además que su residencia es legal. Algo imposible para la mayor parte de los vietnamitas que fueron deportados por los Jemeres Rojos.

Las generaciones futuras probablemente tampoco lo tendrán más sencillo. El registro de nacimiento en Camboya no es gratuito y muchos no pueden permitirse pagar el trámite, por lo que miles de niños permanecen en el limbo jurídico.

Esperanza en la justicia internacional

Con apenas dos meses de vida, la pequeña Yim My es uno de esos niños. “No podemos pagarlo. Ganamos lo justo para comer. Nada más”, asegura su abuelo, Ngoc Ann, sentado en el mismo porche en el que su nuera dio a luz a Yim My. “Tampoco podíamos pagar la clínica”, continúa.

Como la mayor parte de los habitantes de Phum Kandal, Ngoc Ann sobrevive de la pesca en el Tonle Sap, donde la cantidad de peces ha menguado tanto durante los últimos años que el gobierno ha prohibido las capturas durante la mitad del año.

Tai Tong, el más anciano del pueblo a sus 69 años, fue uno de los primeros en darse cuenta de que aquellos abogados que un día aparecieron con una pila de documentos entre los canales del pueblo podía ser una oportunidad para recuperar la nacionalidad.

Los letrados buscaban casos de víctimas de los Jemeres Rojos para presentar una demanda por genocidio ante el Tribunal Internacional que desde el año 2006 juzga los crímenes cometidos por el régimen comunista. “Yo presenté la demanda porque quiero que se admita que nosotros también sufrimos”, asegura Tai Tong, aunque también espera ser reconocido como un antiguo ciudadano que perdió sus papeles.

En junio de 2011, 43 de estos casos, incluido el de Tai Tong, fueron aceptados y, por primera vez en un tribunal internacional, se les permitió a las víctimas pedir reparaciones por los daños sufridos. “Su petición de reparación se enmarca en la pérdida de identidad que resultó de los crímenes cometidos por políticas genocidas dirigidas a eliminar un grupo étnico”, asegura la abogada Lyma Nguyen que representa al grupo en el tribunal.

“Sin embargo, el tribunal no puede conceder la ciudadanía a individuos, porque eso es una competencia del gobierno. Pero la declaración de daño puede sin duda ayudar a que el asunto se mueva”, asegura la abogada.

El pasado mes de julio se abrió el juicio que determinará si hubo genocidio contra los vietnamitas, entre otras minorías del país, y que tiene como acusados a los dos principales líderes del régimen aún vivos, Nuon Chea y Khieu Samphan. Ambos fueron ya condenados a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad el pasado mes de agosto.

Recelo contra los vietnamitas

La petición llega sin embargo en un momento sensible. El tradicional recelo contra los yuon, un término peyorativo utilizado en Camboya para referirse a los vietnamitas, ha crecido durante los últimos años, especialmente después de que el partido político de la oposición, el CNRP liderado por Sam Rainsy, utilizara el odio contra esta comunidad como propaganda electoral en la campaña de 2013.

“Estamos muy preocupados por la situación porque la tensión está creciendo. Tememos que los ataques se incrementen”, asegura Ang Chanrith de Minority Rights Organization.

En el Ministerio del Interior insisten en que los procedimientos seguirán su curso normal aunque el Tribunal Internacional los reconozca como antiguos residentes deportados.

“Tienen que respetar la ley y eso significa que necesitan una prueba de su origen para pedir la ciudadanía”, afirma un oficial que no quiere ser identificado. Mientras tanto, el gobierno ha iniciado un censo de la población extranjera, que ha supuesto la deportación de más de 1000 vietnamitas desde el pasado mes de agosto, según el diario local Cambodia Daily.

El tiempo también corre en su contra. Nuon Chea y Khieu Samphan, los dos acusados por el genocidio de los vietnamitas, son dos ancianos con una frágil salud. Si murieran antes de que el tribunal pronuncie su veredicto, los esfuerzos realizados por las víctimas serían en vano porque no sería posible obtener una reparación. Y serían condenados a permanecer de nuevo en su limbo de calles líquidas y casas flotantes.