Camboya ante los jemeres: 70 millones por cada anciano juzgado por genocidio

Cuando en noviembre de 2011 los líderes del Jemer Rojo Nuon Chea y Khieu Samphan se sentaron por primera vez en el banquillo de los acusados, Camboya había esperado casi cuatro décadas para juzgar a los responsables de uno de los regímenes más cruentos del siglo XX. Hoy, los dos octogenarios vuelven a ocupar el mismo banquillo, para iniciar un nuevo caso en el que están acusados de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio por la muerte de al menos 1,7 millones de personas entre 1975 y 1979. Sin embargo, la edad avanzada de los acusados y las dificultades económicas por las que ha pasado el Tribunal Internacional de Camboya, creado ad hoc para juzgar las atrocidades de los Jemeres Rojos, han puesto en entredicho la utilidad de este nuevo juicio, sobre todo cuando los mismos acusados ya fueron condenados a cadena perpetua en otro caso que se resolvió el pasado 7 de agosto.

El Tribunal Internacional de Camboya ha sido una de las cortes internacionales más controvertidas. Su creación fue un camino lleno de baches por las desavenencias entre el Gobierno camboyano y Naciones Unidas y sus puertas no abrieron hasta el año 2006, más de 30 años después de la llegada de los jemeres rojos al poder. La falta de entendimiento entre ambas instancias tampoco ayudó a hacer frente al que ha sido considerado como el proceso legal más complejo desde los juicios de Nuremberg, que condenaron los crímenes nazis. Tras la inauguración del tribunal, pasaron tres años hasta que se celebraron las primeras audiencias públicas, con un acusado en el banquillo que ni siquiera formaba parte de la cúpula de los Jemeres Rojos.

La sentencia de Duch, el director del principal centro de torturas del régimen, no llegaría hasta 2010, mientras que los principales responsables se marchitaban en la cárcel que se había dispuesto para ellos. Dos de ellos, el matrimonio Ieng Thirith, declarada demente, e Ieng Sary, fallecido en 2013, ni siquiera llegaron a escuchar su condena.

70 millones de dólares por acusado… que también paga España

Con todas estas complicaciones, el dinero desembolsado en los procesos ha estado en constante tela de juicio en Camboya, un país en el que una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza. El Tribunal ha gastado más de 200 millones de dólares entre 2006 y 2013, con un presupuesto medio de 25 millones de dólares anuales financiados principalmente por Japón, Australia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Camboya. España también ha sido un donante regular y ha aportado algo más de un millón de dólares hasta finales de 2013, según las cuentas públicas del tribunal. “Comparado con otras Cortes Internacionales de Justicia […], hemos sido muy cuidadosos con el gasto en este tribunal”, aseguró a la prensa Sok An, viceprimer ministro de Camboya, tras escuchar el veredicto el pasado 7 de agosto. “Veinticinco millones al año es un buen gasto”, aseguró tras atribuir un coste medio a las otras cortes de 100 millones de dólares anuales.

Se han pronunciado sólo dos sentencias, una de ellas aún no firme, que han condenado a tres personas. Casi 70 millones por acusado. Dos casos más están en la fase de investigación, pero el Gobierno camboyano se ha opuesto a que sean oficialmente abiertos

El ministro camboyano obvió, sin embargo, que las otras cortes han sido más eficaces, al menos en el número de sentencias obtenidas. Así, el Tribunal para la Antigua Yugoslavia ha procesado a 161 personas, y ha cerrado 141 casos, aunque su presupuesto ha llegado a alcanzar los 300 millones de dólares anuales. El de Ruanda, ha cerrado 49 casos y tiene 3 más en proceso. En Camboya, sin embargo, se han pronunciado sólo dos sentencias, una de ellas aún no firme, que han condenado a tres personas. Casi 70 millones de dólares por acusado, una de las medias más altas. Dos casos más están en la fase de investigación, pero el Gobierno camboyano se ha opuesto a que sean oficialmente abiertos. Sólo la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tiene un balance similar, con sólo dos condenas en diez años, aunque el tribunal permanente tiene la dificultad añadida de tener que lidiar con las extradiciones de los acusados.

Miembros del Gobierno que fueron jemeres

Una de las exigencias del Gobierno de Camboya en las negociaciones sobre el tribunal fue que el proceso se desarrollara en el país asiático, en una corte híbrida incluida dentro de su sistema jurídico pero con asistencia internacional. Para la comunidad internacional tenía una ventaja fundamental: su coste sería más barato al no tener que desplazar a los acusados a Europa. Para el Ejecutivo camboyano tenía otra: poder controlar de cerca los procesos y evitar así que varios miembros de su Ejecutivo, que también ocuparon cargos durante el régimen de los jemeres rojos, se vieran salpicados por las investigaciones. Estas interferencias han alargado aún más los procesos y varios jueces han dimitido por la presión de las autoridades camboyanas. El personal camboyano ha estado además en varias ocasiones sin cobrar durante meses, lo que ha paralizado la actividad en varias ocasiones.

“Es un completo despilfarro”

Además, que el tribunal estuviera localizado en Camboya tenía dos objetivos adicionales: ayudar en la reconciliación en Camboya y poner las bases de un sistema jurídico independiente en el país asiático. “Es un completo despilfarro de dinero, porque el tribunal ha intentado ambos objetivos y ha fallado en ambos”, asegura Ou Virak, uno de los principales activistas de Camboya. Pero el tribunal también tiene numerosos defensores, que aseguran que es una pieza esencial en el proceso de memoria histórica y de reconciliación.

La sentencia de Duch, el director del principal centro de torturas del régimen, no llegaría hasta 2010, mientras que los principales responsables se marchitaban en la cárcel que se había dispuesto para ellos

“No creo que la mayoría de los camboyanos se plantee la utilidad del tribunal en términos monetarios. Están muy contentos de que finalmente alguien sea responsable”, asegura Heather Ryan, consultora jurídica de la Open Society Justice Initiative. “Las sentencias proporcionan cierto alivio a las víctimas, aunque en algunos casos ha habido también mucha frustración por lo lento que van los procesos”, asegura Yuon Sarath, un psicólogo de la ONG Transcultural Psychosocial Organisation que ofrece apoyo a las víctimas.

Según un estudio de la Universidad de Berkeley publicado en 2010, ambas opiniones se mezclan en la población camboyana. Así, mientras que un 83% de los camboyanos prefiere que se gaste el dinero en problemas de su vida cotidiana, como la construcción de carreteras o escuelas, un porcentaje similar (81%) considera que los juicios ayudarán en la reconciliación del país.

En el caso que se abre hoy, uno de los principales objetivos será acelerar el proceso y que, al contrario que sus predecesores, no llegue a los dos años. “Es probable que este segundo caso (contra los líderes) sea más rápido que el primero”, asegura Heather Ryan. “Pero para ello tendrían que ser extremadamente eficientes”, algo que según la jurista es complicado con acusados que superan los ochenta años de edad. Si no consiguen terminar las audiencias en ese tiempo, el tribunal podría verse sin acusados en el banquillo y con otra abultada factura de 60 millones de dólares adicionales.