LA DEUDA TOTAL ASCIENDE A 80 MILLONES DE EUROS

Portugal ‘persigue’ a 300.000 conductores españoles con peajes impagados

El país vecino reclama los pasajes no pagados, que suman más de 80 millones. Una empresa privada y un gabinete de abogados ejercen de intermediarios

Foto: Portugal ‘persigue’ a 300.000 conductores españoles con peajes impagados

“Muy Sr. nuestro: mi cliente ha detectado el paso de su vehículo por los peajes electrónicos de la red de autopistas portuguesas, sin abonar el correspondiente servicio. Le requiero para que en un plazo máximo de ocho días proceda al pago. Transcurrido el mismo sin noticias, entenderé que no es ésa su intención y sin más dilación procederé a interponer la oportuna reclamación judicial”. Más de 300.000 españoles recibirán esta carta en las próximas semanas.

Portugal ha dicho ‘basta’ y apremia el importe de los pasajes saltados desde 2009, cuantías que frecuentemente están por debajo de los 100 euros (con 25 euros de gastos administrativos), aunque hay excepciones mucho más elevadas, como la de una empresa de A Coruña que debe 500.000 euros. La deuda total de los conductores españoles en carreteras portuguesas referida exclusivamente a peajes no pagados podría superar los 80 millones de euros. Y eso que, al menos de momento, el requerimiento no incluye todas las vías de pago del país.

Las cifras las pone sobre la mesa Onubrokers (ONBK), el bufete de abogados con sede en Huelva que notifica la correspondencia. La misiva la firma concretamente su director, Óscar Juan Hernández, quien adelanta que los afectados podrían ser “muchos más”, pues se trata de un proceso por fases que terminará reclamando “todas las autopistas portuguesas” y que por ahora afecta principalmente a la A-3 (Oporto-Valença, que conecta Galicia con el Norte de Portugal), donde se concentra el mayor número de infractores; y a la A-6 (Marateca-Caia, que une Badajoz con Lisboa), la segunda en cuanto a número de damnificados. También están ya incluidas la A-5 (Lisboa-Cascais), la A-7 (Póvoa de Varzim-Vila Pouca de Aguiar), la A-15 (Caldas da Rainha-Santarém) y la A-28 (Oporto-Caminha).

Peaje a la entrada de Lisboa. (Reuters)
Peaje a la entrada de Lisboa. (Reuters)

Los gallegos (cerca de 40.000, con 11 millones de euros aproximados de deuda) y los extremeños son, por este orden, los que más impagos al volante afrontan en Portugal, un dato lógico teniendo en cuenta la ubicación de ambas comunidades autónomas colindantes con la República Portuguesa. También es elevado el número de madrileños involucrados aunque, en realidad, “los hay de todas las comunidades”, estima Hernández.

Un procedimiento recaudatorio polémico

“Muy Sr. nuestro: habida cuenta que han resultado infructuosos todos los intentos anteriores para que proceda al pago involuntario de la deuda, le comunico que ya he recibido instrucciones expresas para proceder a demandarle en los tribunales de justicia. Como intento final para evitar dicha acción, le requiero una última vez para que, en un plazo máximo e improrrogable de tres días, proceda al pago”. Esta segunda carta vuelve a estar firmado por ONBK. Pero, ¿por qué un despacho español es el que gestiona estas notificaciones?

El país vecino solicita el importe de los pasajes no pagados desde 2009, que suman más de 80 millones de euros. Una empresa privada y un gabinete de abogados ejercen de intermediarios entre las concesionarias y los conductores, lo que ha levantado la polémica.

Brisa y Ascendi son las dos concesionarias de las autopistas lusas a quienes en última instancia deben dinero los conductores españoles. Ambas han recurrido a los servicios de Gesphone, una empresa privada con sede en Lisboa, entre cuyos servicios está el tratamiento de deudas. Su director, Carlos Medeiros, se limita a indicar que no están “autorizados a comentar el ámbito, la naturaleza ni los detalles” de las tareas que llevan a cabo. Sí da un paso al frente Ascendi, quien confirma que la identificación y posterior notificación a los propietarios de los vehículos los está llevando a cabo “Gesphone, que naturalmente ha recurrido al apoyo de asesoría jurídica local”.

Son precisamente los intermediarios entre las concesionarias y los conductores quienes han levantado las polémicas más agudas. Saltarse un peaje en Portugal constituye una infracción tributaria. La sanción aproximada es de diez veces el importe máximo de dicho peaje, con la posibilidad añadida de que las unidades de Brigada de Tránsito de la Guardia Nacional Republicana inmovilicen el vehículo hasta que se abone la deuda. La cuestión estriba en quién y cómo puede pedir y cobrar dicha cuantía una vez que el conductor abandona tierras portuguesas.

“Prácticamente la totalidad de estas reclamaciones son irregulares, primero, porque no se ajustan al procedimiento, al ser enviadas por correo ordinario cuando debieran estar certificadas y con acuse de recibo; y segundo, porque una empresa privada de gestión de cobros y un despacho de abogados no tienen competencias para exigir la deuda”, explica el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, que considera que “la potestad sancionadora ante una infracción administrativa es el Estado”. La respuesta de Onubrokers, en boca de su director, es que no están “reclamando multas sino simplemente las tasas del peaje impagadas, que es como si vas a un hotel y te vas sin pagar. Es una reclamación civil”.

El segundo punto de polémica es la obtención de datos privados, como es la comisión de una infracción. “Se trata de un registro público que tiene Tráfico que, pagando la correspondiente tasa, se transfiere libremente”, explica el director de Onubrokers. Pero Arnaldo duda de que efectivamente las concesionarias lusas estén abonando los ocho euros que supone cada informe de titularidad de un vehículo en Tráfico: “Se trata de un registro de acceso público pero no público, es decir, que junto a la tasa correspondiente hay que acreditar un interés legítimo para acceder. La directiva comunitaria que entró en vigor a principios de año para la persecución transfronteriza de infracciones de tráfico permite el intercambio de información sólo en ocho tipos de infracciones, las más graves, entre las que no está previsto el peaje. Y es una directiva reservada a autoridades nacionales”. En este sentido, AEA considera que desde la Administración española se podría estar vulnerando la protección de datos, facilitándoselos a las empresas portuguesas.

Tranvía en el centro de Lisboa. (Reuters)
Tranvía en el centro de Lisboa. (Reuters)

Métodos fraudulentos

Gran parte de los conductores aduce desconocimiento, falta de información o excesiva complejidad del método de pago de las autopistas portuguesas. El cabreo con el sistema de pago es generalizado y alcanza sus cotas máximas en los foros en la red. Lo cierto es que Portugal, a diferencia de otros países europeos, no cuenta con un sistema único de autopistas, sino que hay varias concesionarias con diferentes mecanismos de cobro. Por un lado, los puntos con garitas tanto manuales como automáticas. Y por otro, pórticos exclusivamente automáticos que exigen un dispositivo electrónico para que, a medida que se transita, se vaya descontando el importe. Para algunos tramos, los conductores extranjeros deben registrar su matrícula, lo que a veces no exime de tener que pararse a realizar el pago manual.

En definitiva, un sistema que las concesionarias defienden como “idéntico” al español, pero que ha generado no pocas confusiones. Desde el propio bufete de ONBK admiten que “el fallo quizá sea de información o de comunicación”. Esta complejidad provoca que muchos de los deudores no sean siquiera conscientes o no hayan actuado de mala fe. De hecho y según ONBK, “un porcentaje muy alto” de notificaciones desemboca en el pago. Una actuación que desaconseja la asociación sin ánimo de lucro AEA: “Cuidado con las cartas porque además pueden ser deudas prescritas. El primer consejo es no entrar en ninguna página de internet”, corrobora su director, ante la necesidad de entrar en una web (de Gesphone) para pagar la deuda

Toda precaución es en todo caso aconsejable, pues ya se ha detectado un sistema falso de mensajes de telefonía móvil. Lo advierte la concesionaria Brisa en un comunicado: “Son de origen anónimo y mencionan referencias Multibanco para realizar el pago. Se trata de mensajes fraudulentos y que pueden comprometer la privacidad y seguridad de los clientes”. Lo que no hay tercer aviso. Onubrokers asegura que ya ha interpuesto un centenar de demandas judiciales, más otras 600 que caerán a lo largo de este mes de septiembre.

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