Las ‘mordidas’ se comen el 10% de los ingresos de las empresas mexicanas

Las empresas mexicanas destinan hasta el 10% de sus ingresos anuales a las ‘mordidas’ para agilizar los engorrosos trámites que exigen las instituciones, cambiar decisiones administrativas u obtener favores de jueces y policías. El 85% de las peticiones de sobornos proviene de personas relacionadas con el Gobierno y el 45% de los involucrados son policías, según varios informes. Se trata de una práctica tan extendida que se ha recurrido a campañas publicitarias para pedir a los ciudadanos que no las paguen aunque, a juzgar por los datos, no han cosechado mucho éxito.

 

Los mexicanos tienen asumido que es mejor pagar cierta cantidad a un policía de tráfico que perder tiempo y dinero abonando una multa por saltarse un semáforo en rojo; las empresas también se han impregnado de esta cultura que ve normal el pago del soborno para lograr algún beneficio o evitar perjuicios.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2009 de la organización Transparencia Internacional, México ocupó ese año el puesto 89 entre 180 naciones. La corrupción es, tras la ineficacia burocrática gubernamental, el principal factor que inhibe los negocios en el país, en opinión de 12.000 directivos internacionales encuestados por el Foro Económico Mundial (WEF). Y eso que México ha firmado tres convenciones internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Naciones Unidas (ONU) para combatir la corrupción.

El monto de los sobornos representa entre el 7 y el 9% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone más de un billón de pesos (64.944 millones de euros) que salen de las empresas hacia funcionarios gubernamentales, señala un informe del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Las más afectadas son las microempresas y las pymes, con menos fuerza para negarse al chantaje y más vulnerables ante presiones y amenazas de hacerlas desaparecer aburriéndolas en trámites interminables para obtener permisos que en derecho les corresponden o negándoselos de forma arbitraria. Entre un 70 y un 75% de las compañías mexicanas ha recibido exigencias de ‘mordidas’ para obtener un permiso o realizar un trámite y entre un 10 y 25% paga.

Un diagnóstico de la CEESP elaborado a petición del Gobierno indica que hace tres años las empresas mexicanas gastaban unos 120.000 millones de pesos al año (más de 7.000 millones de euros) en sobornos a las autoridades, siendo las más corruptas la Policía Federal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Administración General de Aduanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad y el Ministerio de Energía. Las solicitudes de pagos extraoficiales crecen desde 2003 y en 2007 subieron un 14% con respecto al año anterior.

La preocupación por un problema que también afecta a las empresas extranjeras implantadas en el país llevó a la organización estadounidense Trace International a analizar 151 incidentes denunciados desde julio de 2007 hasta el pasado enero. Según los datos presentados recientemente, el 85% de los sobornos provienen de personas relacionadas del Gobierno y el 45% de sus beneficiarios son policías. Aunque los funcionarios municipales o estatales son los más proclives a esta práctica, tampoco escapan a ella los federales y en este apartado destacan los jueces o miembros del Poder Judicial (4%) y los militares en un 2%.

Dinero en efectivo, regalos y servicios sexuales

El estudio reveló que más de la mitad de los encuestados sufren de forma recurrente las peticiones de ‘mordidas’ y que en un 80% de esos casos pagaron hasta 20 veces en un año, mientras que uno de cada siete cedió en más de cien ocasiones en el mismo periodo. Mayoritariamente se exige dinero en efectivo, aunque las prácticas corruptas también pasan por exigir más participación en la empresa, servicios sexuales y regalos diversos.

Uno de cada tres pagó para evitar daños personales o a sus intereses comerciales, el 15% para que no se retrasase un servicio demandado y el 6% a cambio de servicios ya brindados, según Trace International.

Para los expertos, eliminar las múltiples normas innecesarias que impone el Gobierno a los negocios contribuiría a combatir el cohecho. Desde Consultores Internacionales apuntaron a El Confidencial que México arrastra “mucha tramitología” para crear una empresa, por lo que los emprendedores deben afrontar “carreras contra el tiempo”. A veces el dinero les da alas para no desesperar en el intento.

Las compañías se han propuesto acabar con esta sangría económica y unas 130 ya han respaldado la iniciativa del Foro Económico Mundial de crear una Alianza contra la Corrupción, por la que se comprometen a negarse al soborno en sus trámites ante los distintos gobiernos e instituciones.

Hurtos de los empleados

Pero el cohecho no es la única lacra que soportan los negocios mexicanos, que pierden hasta el 36% de sus beneficios por hurtos de sus empleados, desvío de clientes y espionaje industrial. El aumento de las pérdidas por robo, extorsión, fraude y abuso de confianza han elevado este año un 84% la demanda de seguridad empresarial, según un estudio de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial; y eso que únicamente uno de cada diez ilícitos organizacionales es detectado por las empresas, que sólo reportan el uno por ciento de ellos, denuncian el 0.10% y obtienen sentencia en tan sólo el 0.01% de los casos.

Esta firma señala que las pérdidas empresariales causadas por la delincuencia organizada oscilan entre el cinco y el seis por ciento de las ventas brutas del ámbito nacional, mientras que las compañías pierden hasta el 10% de sus ganancias por el llamado “robo hormiga”, que incluye la desviación de clientes y el espionaje industrial. La capital y los Estados de Chihuahua y Sinaloa -los dos con gran presencia de los cárteles de droga- son los que registran mayor índice de secuestro, narcotráfico y asaltos contra negocios o sus propietarios.

 

La mordida es tan mexicana como Emiliano Zapata, dicen en este país; los ciudadanos la pagan para evitar que se lleven su vehículo al depósito, para presentar una denuncia o que no quede olvidada en un cajón, por obtener un certificado o un carné e incluso para no ser molestados cuando visitan a un pariente preso. Aquí se hace más cierto el dicho de que no hay nada que el dinero no pueda solucionar.