Los usuarios exigen a la DGT poder reclamar sus multas de manera gratuita

Estás sentado tranquilamente en el sofá de casa y, de repente, suena el telefonillo. Cuando lo descuelgas, te llevas una desagradable sorpresa: es una multa. Tras comprobarla, consideras que es injusta y decides reclamarla, momento en el que compruebas con estupor que no te va a salir gratis. Y es que para que la Dirección General de Tráfico (DGT) atienda tu reclamación, tendrás que pagar, pues no te queda otra que llamar a un 902.

Es por esa razón por la que Facua ha reclamado a la DGT que elimine la línea de teléfono 902 destinada a la atención de reclamaciones de multas de tráfico debido al elevado coste que supone para los usuarios. En un comunicado, la asociación ha señalado como "inadmisible" que una administración pública cuente con este tipo de líneas para la atención ciudadana, ya que es de alto coste lo que provoca que los usuarios paguen elevadas tarifas en sus facturas.

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La DGT, en su página web, dependiente del Ministerio del Interior, ofrece al usuario únicamente la línea 902 508 686 como 'Centro de tratamientos de Denuncias Automatizadas'. Facua ha recordado que las líneas 901 y 902 suponen un encarecimiento injustificado de la factura de los ciudadanos y ha insistido en la necesidad de que las distintas administraciones cambien estos teléfonos por otros gratuitos como son los 900 u 800, o de prefijo geográfico.

Se trata de una reivindicación histórica de la asociación, que ya reclamó en el 2015 al Ministerio de Industria que eliminara los sobrecostes del 902 y los incluyera dentro de la tarifa plana. Para ello, Facua ha puesto en marcha a nivel nacional la campaña #Stop902, con el objetivo de movilizar a los ciudadanos contra este tipo de abusos en los teléfonos de atención al consumidor que son utilizadas tanto por empresas privadas como públicas.

La asociación ha presentado alrededor de un centenar de denuncias por irregularidades similares contra empresas y compañías de otros sectores como telecomunicaciones, aseguradoras, aerolíneas, grandes superficies comerciales, energéticas o Renfe que sustituyó sus 902 en julio de 2017 así como banca y servicios financieros. Por ley, todas están obligadas a ofrecer una atención telefónica que sea gratuita para el usuario.