Solbes entierra el superávit y permite a las CCAA un déficit del 1% del PIB

El superávit presupuestario es ya historia. Ayer le dio el tiro de gracia Pedro Solbes, el vicepresidente económico, quien anunció que las comunidades autónomas tienen la correspondiente autorización del Gobierno para incurrir en un déficit -diferencia entre ingresos y gastos- equivalente al 1% del PIB. O lo que es lo mismo: unos 11.000 millones de euros. Y todo ello sin la necesidad de presentar planes de saneamiento financiero.

La autorización del Gobierno se produce en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite a las administraciones públicas situarse en ‘números rojos’ cuando el Producto Interior Bruto (PIB) crece por debajo del 2%. Y eso es lo que va a ocurrir tanto en 2008 como en 2009. Aunque la revisión de cuadro macroeconómico formalmente se va a producir en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto, Solbes admitió ayer que las previsiones elaboradas hace apenas mes y medio -con ocasión de la presentación del ‘techo de gasto’- son papel mojado, lo que achacó a una “coyuntura excepcional”.

Tan excepcional que en apenas doce meses España se habrá llevado por delante -en el caso del Estado- un superávit de 13.294 millones de euros. Al déficit de la Administración central hay que añadir el que generen tantos los organismos autónomos, como los ayuntamientos y los gobiernos regionales, lo que a priori convierte en pequeño el nuevo objetivo de déficit, que probablemente será incluso superior a ese 1% al final de este ejercicio. Hay que tener en cuenta que en tan sólo medio año las necesidades de financiación del Estado (el déficit público) representan ya el 0,4% del PIB, porcentaje equivalente a 4.683 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que esas cuatro décimas de déficit cosechadas en tan solo seis meses, representan exactamente el doble que lo que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En concreto, se impone el límite del 0,20% del Producto Interior Bruto para el Estado; del 0,75% para el conjunto de las comunidades autónomas y del 0,05 % para las entidades locales. Objetivos a todas luces fácilmente superables teniendo en cuenta que el año pasado -con una economía que creció cerca del 4%-, tanto las regiones como los ayuntamientos incurrieron en déficit. Las cuentas de la Seguridad Social no se tienen en cuenta para calcular la estabilidad presupuestaria.