Industria 'subvenciona' con 450 millones de euros en electricidad a plantas de Alcoa, Arcelor y Asturiana

La decisión del Ministerio de Industria de aplazar la eliminación de la tarifa eléctrica a las grandes multinacionales industriales, la denominada G4, no será gratis para las eléctricas. Alcoa, Arcelor Mittal y Asturiana de Zinc, los tres gigantes que suman los cinco complejos que actualmente se benefician de la G-4, ahorran hasta 450 millones de euros al año al tener regulada la energía que consumen, según cálculos efectuados por el sector. “Pagan un precio final de aproximadamente 30 euros el megavatio hora, lo cual supone una subvención de 450 millones de euros al año frente a precios de mercado que pagan en otros países europeos”, aseguraron fuentes del sector eléctrico.

Los cinco puntos industriales acogidos a la G.4, tres en Asturias y dos en Galicia, tienen en total una potencia facturada de 1.123.071 kilovatios y realizan un consumo total al año de 9.894.870 megavatios hora. Por poner un ejemplo de su ingente consumo de energía, sólo el gasto de los tres complejos asturianos supone el 50% del consumo del Principado. En total, estas cifras les suponen –a 3,10 céntimos de euro el kilovatio hora- un coste total de 306,5 millones de euros, según recoge la propia orden ministerial aprobada por el Ministerio de Industria. Una vez se liberalice realmente el mercado, las eléctricas han estimado la subida del precio en un 25%, mientras que las grandes industrias temen que el alza pueda, cuando menos, duplicar ese porcentaje.

Alcoa consume 6,2 teravatios (un billón de vatios) al año en sus tres puntos de suministro; Arcelor Mittal 1,3 teravatios y Asturiana de Zinc 2 teravatios. Entretanto dura la prórroga, la orden ministerial recoge para estas plantas una subida de la tarifa del 4,7%, frente a un alza media para los hogares del 5,6%, que en realidad será de entre el 7% y el 8% para la mayoría de las familias.

Este será el único reducto que el 1 de julio quedará de la tarifa eléctrica de alta tensión, ya que el resto de clientes -72.838 entre pymes y otros grandes clientes industriales como cementeras, acerías o químicas- se integrarán en el mercado libre siguiendo el proceso de liberalización que promueve Bruselas. Según datos manejados por el sector, sólo 20.000 han suscrito por ahora contratos con alguna de las 12 comercializadoras activas, lo que abre la vía a “penalizaciones importantes”, recuerdan estas fuentes.

Penalizaciones del 50%

“En los próximos días se publicará la normativa que regula el tratamiento transitorio. En el caso del gas, los clientes que no tenían un contrato en el mercado fueron facturados durante dos meses con la tarifa de baja presión, lo que supuso elevar los costes en un 50%”, aseveran. El presidente de la patronal UNESA, Pedro Rivero, aseguró durante la presentación de su informe sobre el año eléctrico que los clientes industriales esperarán “hasta el último minuto” si es preciso para negociar sus contratos.

Agrupados en Fortia, la central de compras creada por los grandes clientes de electricidad, negocian desde hace meses con las eléctricas las condiciones más ventajosas posibles para firmar contratos bilaterales de suministro, argumentando su importancia como sector básico para la economía. No en vano las empresas agrupadas suponen un consumo de 23.000 megavatios al año, el 10% del total de electricidad en España, al tiempo que mantienen 47.000 empleos.

“En principio –asegura una fuente de las eléctricas-, esta situación no debería afectar negativamente a los clientes. En la actualidad, la subida tarifaria aprobada el pasado año para este tramo de consumo ha vuelto atractivas las condiciones de mercado, donde las compañías tienen margen para realizar ofertas competitivas, al contrario de lo que sucede en el segmento doméstico, donde es prácticamente imposible ofrecer precios pro debajo de la tarifa, que no recoge los costes del sistema”.

Los puntos de suministro acogidos a la tarifa G.4 no están englobados en Fortia, donde se incluyen sólo los consumos “interrumpibles”, que ya de por sí obtienen ventajas en el precio al tener la flexibildad de poder detener el consumo en los momentos de mayor demanda. Un escenario que supone una “subvención encubierta” para las eléctricas pero que, en su orden ministerial, Industria avala y prorroga previa comunicación por un plazo de un año, siempre que estuvieran suscritos antes del 31 de octubre.