El coste de las expropiaciones se dispara y amenaza con paralizar la inversión privada en infraestructuras

La utilización de la inversión en infraestructuras como antídoto contra la crisis es un viejo instrumento de política fiscal. Pero el alza de las expropiaciones amenaza, ahora, con arruinar esa estrategia anticíclica. La alarma ha surgido tras una reciente sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que, según fuentes consultadas, multiplica por doce veces el coste de las expropiaciones respecto de lo que se pagaba en 1990. “Esa sentencia, dicen fuentes de la patronal de las concesionarias de autopistas, hará que muchas inversiones privadas no se hagan por falta de rentabilidad”.

El mejor ejemplo ha sucedido recientemente en Madrid. El Ministerio de Fomento había licitado la construcción y explotación de una autopista radial (R-1) que debe circular por el corte de la Comunidad, pero las tres grandes, Abertis, Sacyr y Ferrovial, han decido no acudir a la oferta, lo que no ha dejado de sorprender en el sector. La razón tiene que ver con el aumento del coste las expropiaciones, que hace que ‘no salgan las cuentas”.

Según José Luis Feito, presidente de la patronal Aseta, que agrupa a las concesionarias de autopistas, túneles, puentes y vías de peajes, las empresas están dispuestas a afrontar el riego derivado del aumento de las materias primas o de los tipos de interés, pero, de ningún modo, pueden encarar un incremento tan “descabellado” en la valoración de las expropiaciones. La sentencia del Supremo -de la que fue ponente la magistrada Margarita Robles (ex secretaria de Estado de Interior con Juan Alberto Belloch)- ha levantado la voz de alarma, y aunque el Alto Tribunal no ha entrado todavía en el fondo de la cuestión, el fallo supone una serie amenaza para el fututo del sector, que tienen planteados varios recursos de casación para unificación de doctrina sobre el justiprecio a pagar en caso de una expropiación.

Si, finalmente, el Supremo acepta los criterios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que ampara la subida en vertical de las expropiaciones) las empresas concesionarias ya han dicho que pedirán las correspondientes indemnizaciones a la Administración en aras de “reestablecer el equilibrio económico de las concesiones”. Y es que los propietarios de los terrenos expropiados tendrían derecho a una nueva valoración mucho más elevada que debería ser pagada por las concesionarias.

Efectos letales sobre las infraestructuras

El problema es mayúsculo toda vez que se está hablando de miles de millones de euros, aunque esta cantidad es difícil de cuantificar. En cualquier caso, las consecuencias pueden ser letales desde el punto de vista de la inversión privada, uno de los puntales del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), planteado con un horizonte situado en el año 2020. Hasta ese ejercicio, el Estado tiene previsto invertir unos 250.000 millones de euros, cifra equivalente al 1,5% del PIB como media anual, lo que da idea de su intensidad. El PEIT, de hecho, nació con el objetivo de que el 20% de la inversión fuera de origen privado.

Entre los pilares del PEIT está, precisamente, el impulso a lo que se denomina Colaboración Pública-Privada, un fenómeno en expansión con el que se pretende compensar las restricciones presupuestarias que impone el cumplimiento de los planes de estabilidad. Y sin rentabilidad parece difícil que el sector privado apueste por las infraestructuras.

La política de inversiones es clave para ensanchar la oferta económica en unos momentos en los que la actividad se ralentiza a pasos agigantados. “Aumentar la oferta es más eficaz que la demanda, ya que no genera inflación”, asegura Feito. Ahora bien, en su opinión, que nadie crea que la obra pública (tanto pública como privada) tienen capacidad para sustituir a la obra residencial en cuanto a creación de puestos de trabajo. Construir casas crea más empleo que hacer carreteras o kilómetros de ferrocarril, pero, sin embargo, el ‘ladrillo’ apenas ensancha el potencial de crecimiento de la economía.

La inversión en infraestructuras ha sido, en cualquier caso, las señas de identidad de este país en los últimos tres lustros, como lo demuestra que la Formación Bruta de Capital Fijo alcanzara el 30,8% del Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado. Un porcentaje más propio de un país emergente que de una nación desarrollada. Para este año y el próximo, sin embargo, el Gobierno ha estimado sendos crecimientos del 1,5%, muy por debajo del 5,9% de incremento registrado en 2007, lo que refleja a las claras el ajuste económico.