Santander, Popular y los dos lados de la manta de las resoluciones bancarias

La Justicia europea ha venido este jueves al abrigo de Santander. Durante los casi cinco años que han transcurrido desde que el banco que dirige Ana Botín se hizo con el negocio de Popular por un euro, ha tenido que lidiar con un elevado riesgo jurídico (en su momento, cifrado en cerca de 3.500 millones de euros) y que en el momento actual comprendía más de 16.000 demandas en curso.

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, sin duda alguna, una buena noticia para Santander, que ve decaer su responsabilidad sobre las actuaciones más controvertidas de los gestores de Popular antes de su resolución y, más concretamente, sobre las presuntas incorrecciones del folleto que dio amparo a la ampliación de capital que el banco ejecutó en 2016.

Pero más allá de esto, también representa un precedente con consecuencias inevitables para el futuro de las resoluciones bancarias en Europa. No en vano, la de Popular fue la primera intervención de ese tipo que se realizó conforme al nuevo marco europeo, con el que se pretendía poner coto a los rescates bancarios financiados con el dinero de los contribuyentes. Desde entonces, sin embargo, no ha vuelto a ser empleado, mientras que gobiernos como el italiano han preferido cargar al erario público los costes del rescate de las entidades en problemas, antes que trasladar esa carga a sus accionistas y bonistas.

Los potenciales compradores de bancos en problemas tienen ahora un marco más seguro

El alto tribunal de Luxemburgo basa su decisión en el principio de “garantizar la estabilidad del sistema bancario y financiero y evitar un riesgo sistémico” y parece claro que, con su fallo, establece un marco de seguridad que hará más atractivo para las entidades con capacidad hacerse cargo del negocio de los bancos en dificultades.

Puede entenderse que, para las administraciones que quieran abordar un rescate financiero a través del marco de resolución europeo, uno de los escenarios más complejos sería el de encontrarse sin otro banco dispuesto a mantener en marcha un negocio en el que pueden estar depositados los ahorros de cientos de miles de ciudadanos. “Esto debe considerarse una buena noticia, porque facilita que se utilicen este tipo de estrategias de resolución, que en ocasiones son inevitables”, considera Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, quien deja en el aire la pregunta de qué habría pasado con Popular si Santander no hubiese asumido su negocio tras la intervención de la JUR (Junta Única de Resolución).

Opinión

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Esto, sin embargo, no quita que, por otro lado, la decisión del TJUE puede dejar en los antiguos accionistas de Popular una clara sensación de indefensión ante lo que muchos de ellos consideran un fraude. Puede entenderse, como apunta Nuria Álvarez, analista de Renta 4, que “quizás haya que buscar otros responsables y no al que compra el banco en dificultades”. Pero con la entidad jurídica responsable de los posibles actos delictivos liquidada, se antoja difícil que sean los responsables de los actos presuntamente delictivos los que se encarguen de resarcir a los damnificados.

Todo esto, al margen del caso concreto del Popular, arroja un halo de inseguridad más extenso sobre cualquier entidad sobre la que recaiga la sospecha de debilidad, ya que los inversores que no descubrieran cualquier posible fraude antes de una eventual resolución podrían encontrarse igualmente sin opciones de recuperar su dinero. Es obvio que el riesgo de pérdida es inherente a cualquier operación bursátil, pero los inversores podrían sentir hasta ahora una protección en caso de que esas pérdidas derivaran de una información engañosa que con esta sentencia se ve seriamente mermada.

Los inversores ven limitada su protección ante posibles casos de fraude

Este escenario, llevado al extremo, tiene la capacidad de agudizar las dificultades de los bancos que, por unas u otras razones, se vean envueltos en situaciones que pongan en cuestión su viabilidad, desencadenando un proceso de desconfianza que se retroalimente (como el que, en cierta medida, condujo al colapso de Popular). Si los inversores están menos dispuestos a apostar su dinero en las entidades aparentemente más débiles, la capacidad de estas para subsistir podría verse comprometida, azuzando una mayor sensación de inestabilidad en el sector.

Se trata, en cualquier caso, del recurrente dilema de la manta corta, en el que la protección de una parte deja al descubierto la otra. En un entorno en el que reguladores y supervisores se han manifestado con frecuencia a favor de que prevalezca un número más reducido de entidades, más sólidas, puede tener mejor encaje enfocar esa protección en la parte más fuerte del sistema.

En lo referente a la resolución de Popular, solo queda la duda de si de haber resultado más obvia esta protección jurídica habría tenido sentido traspasar el negocio por el precio simbólico de un euro a Santander, en el que parecían recogerse los riesgos legales que había de afrontar el banco. Se trata, en cualquier caso, de un planteamiento 'a posteriori' que resulta de escasa utilidad y que no altera los méritos (o deméritos) de una intervención que, con toda sus polémicas, permitió que un banco al borde del colapso siguiera en pie sin necesidad de recurrir al dinero de los contribuyentes.