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La verdadera dimensión de los 'dividendos black': el agujero que nadie quiere ver
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La verdadera dimensión de los 'dividendos black': el agujero que nadie quiere ver

El fraude fiscal en los dividendos denota una serie de carencias en la actuación de las administraciones públicas que ha permitido que proliferen este tipo de prácticas evasivas

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En el llamado ‘Libro amarillo’ del proyecto de Presupuestos recientemente presentado por el Gobierno español para el próximo año, se dedica un apartado a resaltar los logros obtenidos en la lucha contra el fraude, cifrando los ingresos obtenidos en este campo, solo en 2021, en 17.274 millones de euros. Si estas cifras pueden parecer dignas de celebración, el éxito queda en entredicho si se tiene en cuenta que solo las prácticas financieras asociadas a lo que se denomina lavado de cupón podrían haber causado un perjuicio a las arcas públicas españolas superior a los 18.000 millones de euros a lo largo de las últimas dos décadas, según estimaciones conservadoras extraídas de un estudio publicado este mismo jueves por un consorcio de medios europeos del que forma parte El Confidencial.

Es una realidad tristemente asumida como inevitable que la delincuencia va con frecuencia un paso por delante de los procedimientos precisamente establecidos para refrenarla. Y la información revelada este jueves refleja, en gran medida, esa capacidad para perfeccionar las técnicas de saqueo que suele aparecer cuando son tan jugosos los intereses en juego. Esto puede apreciarse claramente en la evolución del procedimiento del lavado de común a una fórmula más compleja de ingeniería financiera, conocida como ‘cum/ex’, que permitía a los implicados engañar a las haciendas nacionales para cobrar un dinero que no les correspondía.

Este caso representa, por lo tanto, la constatación de que los fraudes fiscales avanzan a tal velocidad que, probablemente, sea ilusorio plantear su completa erradicación. Pero, al mismo tiempo, se desprende una desalentadora sensación de descuido en la Administración (en las distintas administraciones) que, sin duda, habría contribuido a facilitar la sensación de impunidad con que este tipo de prácticas han sido ejecutadas en el ámbito financiero internacional desde hace varios lustros. No puede ignorarse que la práctica del lavado de cupón en el cobro de dividendos es una técnica ampliamente conocida en el mundillo financiero desde hace muchos años y a la que, tal y como se evidencia en este estudio, no se ha logrado poner coto.

Foto: Imagen: Irene de Pablo.
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Se puede aceptar que ciertas prácticas ilícitas se lleven a cabo por mor de la astucia de sus ejecutores, pero resulta mucho más difícil entender que, incluso una vez conocida la existencia de tramas como estas, no se haya puesto un mayor empeño en dificultarlas. Si la perspectiva de apetitosas ganancias actúa como incentivo de un lado, cunde la sensación de que del otro no se pone el mismo celo en la salvaguarda de unos fondos que son patrimonio de todos y, por eso mismo, de nadie, según un pensamiento que parece imperar en ciertas esferas.

Requerimientos desatendidos, negación del daño (pese a las múltiples veces en que España ha sido citado por los investigados como uno de los mercados clave del entramado), registros incompletos y una secular falta de medios para atender este tipo de asuntos son algunas de las faltas que se pueden achacar a la Administración española en este caso.

Y lo peor es que no se trata de un asunto tan específico como aparentemente puede parecer, sino que denota carencias similares a las que han permitido que desde hace años España sea considerado entre los países de Europa occidental con mayores tasas de economía sumergida.

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Puestos en el contexto de los Presupuestos estatales y prorrateados a lo largo de dos décadas, los algo más de 18.000 millones de euros a los que ascendería el agujero generado por la práctica del lavado de cupón podrían parecer un problema asumible. Al fin y al cabo, representan apenas un tercio del déficit que España prevé generar el próximo año y, al coste actual de la deuda, su financiación apenas supondría un coste.

Pero si este tipo de pensamientos resulta inadecuado para un país con una situación fiscal tan endeble como España (y especialmente ante la perspectiva de un posible cambio de rumbo de los bancos centrales), deviene totalmente rechazable si se visualiza esta cantidad como solo una muestra de un problema mayor y que por momentos da la sensación que nadie quiere ver.

En el llamado ‘Libro amarillo’ del proyecto de Presupuestos recientemente presentado por el Gobierno español para el próximo año, se dedica un apartado a resaltar los logros obtenidos en la lucha contra el fraude, cifrando los ingresos obtenidos en este campo, solo en 2021, en 17.274 millones de euros. Si estas cifras pueden parecer dignas de celebración, el éxito queda en entredicho si se tiene en cuenta que solo las prácticas financieras asociadas a lo que se denomina lavado de cupón podrían haber causado un perjuicio a las arcas públicas españolas superior a los 18.000 millones de euros a lo largo de las últimas dos décadas, según estimaciones conservadoras extraídas de un estudio publicado este mismo jueves por un consorcio de medios europeos del que forma parte El Confidencial.

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