Subida de sueldo del 2% a los funcionarios: un equilibrio complicado para el Gobierno

Los salarios de los trabajadores públicos vuelven al centro del debate político. La propuesta del Gobierno de elevar al 2% las pagas de los funcionarios en 2022 se ha encontrado con el rechazo de unos sindicatos que denuncian que este movimiento supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los empleados de la Administración.

La polémica se enmarca en la situación de inflación desbocada que se está registrando en España, y que se plasmó recientemente en un repunte del IPC interanual en septiembre al 4%, la tasa más elevada en 13 años, ante el brusco encarecimiento de los precios de la energía. Ante el aumento del coste de la vida derivado de esta situación, los representantes de los trabajadores reclaman un incremento salarial, cuando menos, equivalente.

El reclamo de los funcionarios viene sustentado en el hecho irrefutable de que sus nóminas acumulan una notoria pérdida de poder adquisitivo desde 2010 -del 10%, según los cálculos del sindicato CSIF-, aderezado con llamamientos a compensar justamente el esfuerzo de los trabajadores públicos durante la pandemia.

Existe temor a que una fuerte subida salarial contribuya a enquistar la inflación

Pero si uno y otro argumento pueden considerarse, con sus matices, plausibles desde el punto de vista social no puede obviarse que la subida de los salarios públicos es, ante todo, un problema de índole económica. Y en ese ámbito las razones para abordar una subida más contundente parecen menos potentes.

En primer lugar porque, como recuerda Marcel Jansen, investigador de Fedea y profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, las peticiones de los sindicatos se apoyan en un alza de los precios excepcional y, según la mayor parte de los análisis, transitorio, con una enorme discrepancia entre el dato de inflación general y el subyacente. “Trasladar una subida temporal del IPC a los salarios corre el riesgo de generar efectos de segunda ronda, provocando que la inflación resulte más duradera”, lo que sería un problema para un país como España.

Precisamente, este riesgo presidió el mensaje que recientemente lanzó el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cuando reclamó prudencia en las políticas salariales para evitar que un repunte coyuntural de la inflación se acabe enquistando.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno propone subir el salario de los empleados públicos un 2% para 2022

Agencias

“Subir al 2% puede ser un problema o la solución al problema en función de cuál sea la persistencia de la actual subida de precios. Si la inflación se mantiene por encima del 3% muchos meses, esa subida puede ayudar a contenerla. Pero si hay un error de cálculo y la inflación retorna de golpe a niveles prepandemia, una subida del 2% puede alimentarla”, observa al respecto Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide.

El problema no es solo el impacto directo que tendría una subida de este calado sobre la amplia nómina de trabajadores públicos en España, sino el posible efecto arrastre que esto podría desencadenar en los salarios de las empresas privadas.

Al riesgo de azuzar una espiral inflacionista se añade, con no menor relevancia, el problema que representan este tipo de medidas para las arcas públicas y que se calcula que podría representar un incremento de la factura salarial cercano a los 3.000 millones de euros.

La delicada situación de las cuentas públicas puede agravarse con el incremento de los gastos

Como recuerda Jansen, actualmente el Gobierno no se encuentra limitado por las reglas fiscales europeas, que están suspendidas. Pero es presumible que estas, aunque puedan flexibilizarse, se restablezcan en los próximos años y ahí España se encontrará con el difícil desafío de cerrar un roto fiscal muy abultado, que podría requerir importantes sacrificios al conjunto de la población. “El Gobierno tiene que elegir. No puede actuar como si no existieran restricciones presupuestarias”, indica, recordando que en los últimos meses se han comprometido notables incrementos del gasto en muy diversas partidas.

Con una economía en recuperación -que pierde fuerzas por momentos, según los últimos datos-, unas cuentas públicas deterioradas y con el riesgo de una inflación persistente como una de las amenazas más evidentes para el país, una subida salarial a los funcionarios (que por su situación laboral han salido indemnes en términos de capacidad adquisitiva de la reciente crisis) no parece que deba situarse como la principal prioridad del Ejecutivo.

Esto no es óbice para que desde el Gobierno se pueda plantear con los sindicatos un camino a medio plazo de recuperación del poder adquisitivo perdido en la pasada década. Pero esto no puede suponer en ningún caso una carga que haga comprometer la estabilidad económica del país.